Fomento relanza el plan de concesiones sin peaje que incluía la autovía de O Porriño

El ministerio aún no ha decidido si este proyecto irá por esta vía o por la presupuestaria. De momento, está en trámite medioambiental

La autovía de O Porriño es una de las más peligrosas de España
La autovía de O Porriño es una de las más peligrosas de España

redacción / la voz

Tras las dudas iniciales y algunas reformas para lograr una sostenibilidad económica que no estaba clara, el Ministerio de Fomento está decidido a recuperar el sistema concesional sin peaje para construir nuevos tramos de autovías en distintos puntos del país, que incluiría la conservación integral de los viales a cargo de la concesionaria durante diez años. Este modelo concesional recibió el nombre genérico de Plan Extraordinario de Carreteras por parte del último Gobierno de Mariano Rajoy, y en él estaba incluido el tramo para continuar con la A-52 desde O Porriño hasta Vigo y evitar así el sinuoso trazado de la A-55, una de las autovías con más siniestralidad de España. Esta variante, que incluía un gran túnel de acceso a Vigo, estaba presupuestada en 337 millones de euros, aunque el proyecto, que pretende absorber un tráfico de 36.000 vehículos al día, aún está en fase de evaluación medioambiental.

Fomento dio ayer el primer paso para recuperar este plan de concesiones libre de peaje -que rebautiza como Plan de Inversión en Carreteras (PIC)-, al aprobar el estudio de viabilidad de la A-7 entre Crevillente y Murcia, uno de los proyectos que estaba contenido en el plan del anterior Ejecutivo. La concesión a la empresa que redacte los proyectos y ejecute la obra se prolongará durante diez años, tiempo durante el que se encargará también de la conservación integral del vial. Fomento compensará mensualmente a la adjudicataria con el sistema del pago por disponibilidad, una vez puesta en servicio la autovía, según una serie de indicadores que incluyen la demanda, la seguridad vial o el estado de la infraestructura.

Sin embargo, fuentes del ministerio aseguran que por el momento solo se incluirán los proyectos que están «maduros» y en condiciones de ser licitados, y la prolongación de la autovía Rías Baixas (A-52) hasta Vigo, concebida como una alternativa a la A-55, «aún está pasando el trámite ambiental», explican. «Será el próximo Gobierno el que decida si se incluye en el PIC».

En el plan de viabilidad, realizado por la ingeniería pública Ineco, se da por hecho que este modelo de concesión se aplicará a más proyectos de autovías, pues se asegura que el tramo de la A-7 está contenido «dentro de un importante plan de actuaciones similares en otros corredores, a desarrollar también a través del sistema concesional». Los técnicos que elaboraron este estudio destacan las ventajas de este sistema frente a la vía presupuestaria clásica o las concesiones mediante peaje directo a los usuarios, sobre todo en lo que respecta a la reducción de plazos de obra y de sobrecostes. En las concesiones de las autovías de primera generación -que se contrataron a partir del 2009 para reformar sus trazados y asumir la conservación- quedó demostrado que no se producen las amplias desviaciones en los plazos que se dan en las obras financiadas vía Presupuestos. En algunas incluso se acortaron sobre lo previsto inicialmente, según se constata en el estudio y puede comprobarse en el gráfico adjunto. También se acotan los sobrecostes, pues las empresas no compiten con las bajas -actualmente en el entorno del 35 %- y no intentan recuperar después el dinero perdido mediante modificaciones de proyecto.

Los actuales responsables de Fomento introdujeron una serie de cambios en el modelo de financiación del anterior Gobierno para mejorar la viabilidad económica de las concesiones. En primer lugar, se decidió que las expropiaciones corrieran a cargo de la Administración para evitar riesgos excesivos a las empresas. Por la nueva ley de contratos, se vieron obligados a incluir un indicador de demanda que incrementaba el coste de la financiación y comprometía los estudios de viabilidad económica. También se han limitado las concesiones a diez años, mientras que el anterior plan planteaba 30.

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