Las víctimas del Alvia recurren al Defensor del Pueblo de la UE para que la Comisión fuerce otra investigación del accidente

Los afectados se reúnirán con la presidenta del ADIF, Isabel Pardo de Vera

Las víctimas del Alvia, concentradas frente al Congreso durante las comparecencias de los exministros José Blanco y Ana Pastor
Las víctimas del Alvia, concentradas frente al Congreso durante las comparecencias de los exministros José Blanco y Ana Pastor

redacción / la voz

La plataforma de víctimas del Alvia vuelve de nuevo la vista a la Unión Europea para lograr su intervención en ciertas demandas que aún no se han concretado en España, incluso después del cambio de Gobierno hace un año. Esta vez han presentado una reclamación ante el Defensor del Pueblo Europeo que va dirigida contra la Comisión Europea. Aunque admiten que hizo un buen trabajo a la hora de cuestionar por su falta de independencia la investigación oficial del accidente del Alvia en Santiago -a través del informe de la Agencia Ferroviaria Europea-, consideran que ha incurrido en «dejación de funciones» al vulnerar la directiva comunitaria de seguridad ferroviaria, que obliga a la Comisión a «velar por que los países miembros investiguen accidentes graves». En la reclamación dirigida a la defensora del pueblo europeo Emily O´Reilly, las víctimas reconocen que la Comisión Europea les ha tratado «mucho mejor que nuestro propio Estado», pero recuerdan que seis años después del accidente que provocó 80 muertos y 144 heridos la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios (CIAF) aún no ha reabierto el informe que fue cuestionado por Bruselas, el Ministerio de Fomento asegura que no puede obligarles a hacerlo ?sobre el papel son ahora un organismo independiente? y la Comisión Europea da el mismo argumento con respecto al Gobierno español. Es un asunto que recae dentro de su soberanía, aducen en Bruselas. El pleno de la CIAF decidió darse un tiempo para estudiar la reapertura de las pesquisas después de la petición formal de la cúpula de Fomento.

Las víctimas creen que el Ejecutivo sí tiene margen para actuar a través de la Ley del Sector Ferroviario y, además, la Comisión no ha aplicado la decisión del Parlamento Europeo para que se realice una investigación «exhaustiva e independiente» del descarrilamiento de Angrois. «Se nos priva de este derecho y la Comisión y el Estado español lo único que hacen es trasladarse la responsabilidad. Estamos indefensos», concluyen.

La plataforma insiste en que la Comisión asuma la investigación no judicial y pide tener acceso a los documentos del procedimiento de infracción abierto a España por incumplir las directivas de seguridad ferroviaria, que creen que no debe cerrarse hasta que se realice esta investigación. «Cerrar el expediente sin hacerlo sería una grave dejación de funciones por parte de la Comisión», alegan.

Por otra parte, representantes de la plataforma de afectados por el siniestro se reúnen mañana jueves en Madrid con la presidenta del ADIF, Isabel Pardo de Vera.

Bruselas alega que expedientó a España por descuidar la evaluación de riesgos en el ferrocarril

pablo gonzález
Ana Miranda y dos representantes de las víctimas del accidente del Alvia, cuando presentaron las denuncias ante las instituciones de la UE
Ana Miranda y dos representantes de las víctimas del accidente del Alvia, cuando presentaron las denuncias ante las instituciones de la UE

Responde al BNG que es preciso mejorar la supervisión de sucesos que entrañan un peligro

La Comisión Europea va afinando un poco más las razones por las que ha abierto un expediente de infracción a España respecto a la normativa comunitaria en materia ferroviaria. En una respuesta a la eurodiputada del BNG Ana Miranda, va un poco más allá de las deficiencias genéricas en seguridad ferroviaria que se mencionaron cuando desde la Comisión de Transporte se anunció la apertura del expediente. Así, aclara que se ha iniciado el procedimiento formal, en el que España tiene dos meses de plazo para responder, por la preocupación que produce en las instituciones europeas el hecho de que «las técnicas de identificación, seguimiento y supervisión de sucesos que representan un riesgo potencial para la seguridad son menos efectivos de lo esperado bajo la regulación comunitaria».

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