La nueva ley gallega agilizará las expropiaciones de casas en ruinas a partir del miércoles

La Xunta solo necesitará meses para ejecutar tras el envío de dos notificaciones

A partir del día 22 la Xunta podrá expropiar inmuebles en ruinas cuando sus dueños no los rehabiliten
A partir del día 22 la Xunta podrá expropiar inmuebles en ruinas cuando sus dueños no los rehabiliten

santiago / la voz

A partir de este miércoles, la Xunta se encuentra en disposición de acelerar a través de los concellos los trámites para expropiar una propiedad que esté en ruinas y cuyos dueños se nieguen a repararla. No hay ningún interés por aumentar el patrimonio autonómico ni afán recaudatorio, garantizan desde el Gobierno gallego, pero son circunstancias que se pueden producir a partir de esta semana, cuando entre en vigor la primera Lei de Rehabilitación de Galicia.

La medida suena dura, y lo es, pero el director del Instituto Galego da Vivenda e Solo estaría encantado de que pase el tiempo y que la Xunta no tenga que ejecutar ninguna expropiación. «No tenemos intención de empezar a abrir expedientes a partir del día 23, simplemente queremos dejar constancia de que los propietarios tienen unos derechos y unas obligaciones, y conservar bien sus inmuebles es una de ellas», comenta Heriberto García Porto. El directivo autonómico confirma que habrá excepciones para los que no puedan acometer los arreglos por falta de recursos, pero sí se perseguirá a los que puedan y «persistan en el incumplimiento».

El proceso, que ya estaba recogido parcialmente en la legislación, será ahora mucho más sencillo. La Xunta, con la colaboración de los concellos, enviará una primera notificación informando de que la propiedad está en mal estado y que tiene que cumplir las normas de ornato y seguridad. Si continúa el incumplimiento habrá una segunda notificación, y si nadie reacciona, la Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda puede algunas opciones intermedias, como asumir los costes de la reforma y trasladarlos al propietario con posterioridad. «Simplificamos el procedimiento, que ahora puede durar meses, según la diligencia», cuando hasta ahora se eternizaban varios años, «pero lo hacemos con todas las garantías».

Alternativas intermedias

El papel de los concellos será decisivo en la agilidad de la aplicación, ya que los que deben declarar los incumplimientos son las instancias municipales, con competencias en urbanismo. La Xunta va a tener más alternativas todavía si el inmueble en cuestión está en una de las zonas denominadas como Rexurbe, ámbitos urbanos especialmente degradados. En estos espacios la primera opción que buscará la Xunta será un convenio con los particulares para poder estudiar la mejor fórmula para rehabilitar, y habrá fondos disponibles para asumir los intereses de los préstamos que permitan abordar las reformas.

Entre la primera notificación y la expropiación final, que será el último recurso, también habrá palos económicos, pero estos se activarán a partir de enero del 2020. La ley que ahora se pone en marcha prevé la creación de un canon para los edificios abandonados que se incrementará un 10 % cada año que la ruina siga deteriorándose sin intención de mejora. Y en lo que se refiere a la medida final, la de las expropiaciones, se prevé una minoración del valor del suelo. Se respeta el valor de la edificación ?bajo por tratarse de una ruina? y se calcula sobre la mitad del valor catastral.

La Fegamp, realista

«Es pronto para notarlo, pero va a ocurrir», comenta convencido Alfredo García, en la recta final de su mandato al frente de la Federación Galega de Municipios e Provincias. No se refiere tanto a las expropiaciones como a la reacción que van a tener miles de propietarios que hasta ahora se escudaron en supuestos problemas de herencias y otras disculpas para no asumir sus responsabilidades. «Las noticias de la puesta en marcha de la Lei ya han generado cierta alarma, y la gente ya está reflexionando», afirma el candidato socialista a repetir como alcalde en O Barco. La ve como una norma «positiva», sobre todo por las posibilidades que abre para recuperar núcleos o viviendas que tendrán más facilidades para que aflore un rendimiento económico. Pero también le ve sus grietas. No entiende que los concellos tengan que gestionar los expedientes, con el desgaste que eso supone con los vecinos, «y que después vaya a ser la Xunta la que cobre».

García es más escéptico sobre los tiempos que maneja el Gobierno para la tramitación de un expediente teniendo en cuenta las experiencias actuales, pero cree que lo importante es que los propietarios entiendan que no se puede dejar que una casa se convierta en una ruina. «Si no la quieren, o la arreglan o la venden, pero por lo que vale de verdad y no por lo que ellos creen que vale». La sobrevaloración, dice, es una de las razones para el inmovilismo de los edificios.

Más licencias directas siempre que se respeten los elementos protegidos

La primera Lei de Rehabilitación de Galicia significará también la eliminación de miles de trámites y permisos a partir del día 22. Sin llegar a abrir la mano sin control, la Dirección Xeral de Patrimonio dejará de revisar unos 3.500 casos cada año, calcula la Xunta, ya que se van a multiplicar las concesiones de licencias directas por parte de los concellos. La Administración autonómica ya no tendrá que dar el visto bueno a cambios en las cubiertas, actuaciones en las carpinterías exteriores, fachadas o incluso en el interior de las edificaciones siempre que no afecten a valores protegidos.

Esta norma también se aplicará a las viviendas situadas en los Caminos de Santiago. En el caso de que se quiera iniciar una rehabilitación en estos ámbitos también se concederá la licencia directa salvo que el proyecto pueda modificar elementos protegidos, criterio que también regirá para los núcleos rurales o urbanos con algún tipo de protección cultural.

La Lei se ha pensado para atajar la lacra de las pintadas, y establece una serie de sanciones que pueden llegar a los 150.000 euros cuando se causen destrozos irreparables en edificios históricos. En los cascos antiguos se flexibilizan los formatos de construcción, y a partir del miércoles será posible que un único portal dé acceso a una propiedad formada por tres viviendas, de forma que se rehabiliten como anexos inmuebles de pequeño tamaño que como una única unidad no tendrían rentabilidad. También se podrán unir locales de negocio en las plantas bajas.

Habrá ayudas para rehabilitar y exenciones si hay problemas económicos o personales

Cualquier ejecución o sanción para los propietarios de inmuebles en ruinas señalados por la Administración autonómico o local tendrá sus excepciones. Las minoraciones que se puedan establecer en el derecho a la propiedad tendrá una exención del 100 % en la aplicación de los nuevos cánones en el caso de que se acredite que el dueño no tiene recursos propios suficientes para abordar las reformas.

En todo caso, la Xunta recuerda que la creación de las áreas Rexurbe ?en las que se pondrá la lupa de aumentos? irá acompañada de unos fondos específicos que tendrán como objetivo mejorar estas áreas especialmente degradadas desde el punto de vista urbanístico, social, económico y ambiental. Y fuera de estas áreas, siguen vigentes múltiples líneas a las que se pueden acoger los gallegos, bien con ayudas directas a particulares o a través de los concellos. Se trata de subvenciones que respaldan una parte de las inversiones en rehabilitación o que garantizan las mejores condiciones bancarias para asumir un préstamo con este objetivo.

Uno de cada tres euros, parados

Buena parte de las ayudas trascienden a la rehabilitación en zonas históricas o catalogadas, pero aún así siguen siendo grandes desconocidas para los gallegos. En los últimos tres años la Xunta dio un giro a su política de vivienda y decidió no ampliar más la huella urbana hasta que se recuperen espacios degradados más céntricos, de ahí que hayan proliferado planes específicos que no siempre encuentran clientela. En el 2017 se quedaron sin adjudicar tres de cada diez euros que había disponibles para subvenciones, y el año pasado también hubo que redirigir fondos para otras partidas por falta de solicitudes. Las que no fallan son las que gestionan los instaladores, ya sean de ventanas, ascensores o cambio de cubiertas y fachadas. Las mismas empresas hacen el papeleo y lo habitual es que las partidas se agoten en cuestión de horas.

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