El PP aprueba, sin votos en contra, la ley para disponer de inmediato de parte del superávit
GALICIA
La oposición se abstiene al advertir que los 48 millones que se movilizan para atender las prioridades sociales son insuficientes
08 may 2019 . Actualizado a las 10:48 h.La petición de apoyo político que lanzó el PP para poder reorientar hacia el gasto social el presupuesto sobrante del año pasado, un superávit de 125 millones de euros, obtuvo una respuesta desigual por parte de los grupos de la oposición. Criticaron que, a las puertas de las elecciones municipales, se eligiera un procedimiento legislativo acelerado para movilizar de inmediato los primeros 48 millones. También denunciaron que esos recursos son «insuficientes» para atender las prioridades en el área de las políticas sociales, aunque, al final, no votaron en contra de los planes del Gobierno y se inclinaron por la abstención.
El conselleiro de Facenda, Valeriano Martínez, fue el encargado de subir a la tribuna del Parlamento para dar cuenta del andamiaje normativo que le permitirá a la Xunta movilizar una inversión adicional de 130 millones de euros en dos años, de los cuáles 125 millones proceden del superávit del 2018 y los 5 millones restantes del ahorro en el pago de intereses de la deuda. «Necesitamos axilidade para utilizar ese superávit», manifestó el conselleiro, y «sortear os atrancos» que a su juicio está poniendo el Gobierno central para atender nuevas prioridades en la educación, la sanidad o los servicios sociales.
La reprogramación de los fondos del superávit se harán en dos pasos. Por un lado, está la ley aprobada este martes por el Parlamento, mediante el procedimiento acelerado de lectura única, que permitirá disponer de los primeros 48 millones de euros, de los cuáles 22,6 millones se destinarán a mejorar los centros educativos y otros 16,1 a reforzar el gasto sanitario en el área de la atención primarias. Y por otro lado, se liberará una cantidad similar el próximo año, que probablemente se incluya ya en el proyecto presupuestario que se remitirá a la Cámara en otoño, y la cifra restante, 34 millones de euros más, engrosarán las cuentas de las Axencia Galega de Infraestruturas para poder responder, entre otras cosas, al compromiso esbozado por Feijoo la semana pasada para ampliar el gasto en promoción de vivienda protegida.
La disposición de estos recursos adicionales también permitirán, en palabras del conselleiro, rebajar «en dúas décimas» el nivel de deuda pública y ejecutar los acuerdos en materia de sanidad alcanzados por con los sindicatos y las organizaciones profesionales, lo que permitirá autorizar la «contratación progresiva de máis de 200 novas prazas de persoal de enfermería», abundó Valeriano Martínez, cifra que se elevará a 300 plazas teniendo en cuenta todo el tipo de personal. De igual modo, la Xunta tendrá margen para licitar el nuevo contrato del servicio de ambulancias, con un suplemento para sufragar «vehículos e servizos adicionais», así como para garantizar el abono del incremento salarial recogido en el nuevo convenio del sector.
Todos los grupos de la oposición censuraron que el Gobierno gallego acudiera al procedimiento exprés de la lectura única para tramitar esta ley. «É unha estratexia diante das eleccións municipais», denunció Noa Presa (BNG). «Unha operación de publicidade e propaganda», añadió Manuel Lago (En Marea) desde su escaño, al negarse a acudir a la tribuna. Fernández Leiceaga (PSdeG) puso el acento en que la vía elegida impide a la oposición «exercer o noso papel» de control.
No obstante, los votos de la bancada izquierda fueron insuficiente para impedir que la tramitación la norma siguiera su curso, así que la oposición reorientó su discurso a remarcar que esta el proyecto ley era una auténtica «rectificación» de las políticas de recortes aplicadas desde la Xunta en los últimos 10 años, a la vez que dejaron claro que los 48 millones movilizados eran insuficientes para las prioridades sociales que hay sobre la mesa, razón por la cual solo el PSOE planteó movilizar 60 millones más.
