La Xunta empezará a invertir los 130 millones del superávit antes de julio

Hacienda dice que va a «estudiar con detalle» la operación del Gobierno gallego


santiago / la voz

El Ministerio de Hacienda se ha comprometido a pronunciarse sobre la operación diseñada por la Xunta que le permite saltarse el canal ordinario para disponer del superávit del 2018. Pero lo hará después de las elecciones y cuando tenga información de primera mano por parte del Gobierno gallego. «Estudiaremos el caso con detalle», refieren desde Madrid sin carga semántica y evitando cualquier atisbo de belicosidad.

La operación financiera y administrativa que ha diseñado la Xunta para disponer cuanto antes del dinero que recaudó por encima de las previsiones en el ejercicio pasado tiene, sin lugar a dudas, trasfondo político, pero el equipo de Facenda se ha cubierto las espaldas con informes de los letrados autonómicos, que no ven reparos a un movimiento que supone acceder a 130 millones de euros sin esperar al visto bueno del Gobierno, que no despejó esta posibilidad en sus últimas reuniones y que difícilmente lo hará en las próximas semanas, en funciones.

La jugada de la Xunta consiste en disponer de sus propios recursos para amortizar deuda de sociedades autonómicas, con lo que cumpliría uno de los requisitos de Hacienda, y el dinero que estaba previsto entregar a plazos desviarlo hacia inversiones en educación, sanidad y servicios sociales. De esta forma, Galicia evita la espera inevitable hasta que se conforme el nuevo Ejecutivo y también el control que este haría sobre el gasto de ese tipo de partidas, que limita los usos a operaciones «financieramente sostenibles». Esto es, que ese dinero no se puede utilizar en iniciativas que supongan un gasto consolidado en el tiempo, como puede ser una contratación.

En Facenda, el equipo del conselleiro Valeriano Martínez ya trabaja para acelerar los plazos de la vía legislativa de esta jugada, que debe fraguarse a través de la Lei de reforzo de actuacións prioritarias, como se le ha llamado formalmente a este puenteo al Gobierno en toda regla que se ha diseñado en San Caetano para a tender las «urxencias» de Galicia. En cuestión de cinco o seis semanas podría saldarse el trámite parlamentario, garantizado por la mayoría absoluta del PP, para disponer de un montante que se podría empezar a gastar a finales de junio.

48 millones al año

Según las cuentas de Facenda, la liberación de pagos periódicos en Xestur -la empresa autonómica de gestión de suelo- y la SPI -Sociedade Pública de Investimentos- permitirá disponer de 96 millones repartidos a partes iguales este año y el siguiente. Los otros 34 millones adicionales esperarán destino para otras inversiones en la propia SPI, completando así los 130 millones, de los que 125 son de superávit. Los cinco restantes provienen de ahorro de gastos financieros propiciados por la amortización anticipada.

La lupa de Hacienda se fijará con toda seguridad en estas cifras, porque, de hecho, en su balance de finales de marzo solo le ha reconocido un superávit a Galicia de 104 millones de euros, cuestión que la Xunta discute. Lo que no admite dudas para el presidente Feijoo es que «ante a inestabilidade estatal non se pode agardar máis», de ahí que las consellerías de Sanidade y Educación ya estén encajando las inversiones. Habrá, al menos, doscientos contratos para ampliar personal sanitario, y se asumirán obras en inmuebles que dependen de los departamentos de Educación y Política Social.

Canarias sopesa acudir a la Justicia y también busca vías alternativas

El Gobierno canario, que ha abierto su propia batalla con Hacienda para acceder al superávit del 2018, está preparando una respuesta tras el «desprecio» del Ejecutivo socialista, que no aportó una solución para poder gastar, en su caso, trescientos millones de euros. Pero el agravio es aún mayor, ya que el ministerio le ha computado como superávit 500 millones de euros más que el Estado le debe al archipiélago en concepto de un convenio de carreteras que resolvió la Justicia. Una decisión que ha causado indignación en las islas, porque supone bloquear unos recursos que no se pueden ejecutar para lo que fueron concebidos ni para otras inversiones sociales. Fuentes del Gobierno del presidente Fernando Clavijo (Coalición Canaria) confirmaron la intención de activar un alternativa cuando pase el 28A, y muy probablemente pleitearán por disponer de esos fondos porque consideran una injusticia que el dinero se lo queden los bancos cuando la deuda de la comunidad es baja.

La Xunta sortea al Gobierno con una operación para disponer del superávit

Juan Capeáns

Pagará deuda de entidades autonómicas y reforzará el gasto en sanidad y educación

La Xunta de Galicia ha diseñado una compleja y pionera operación de alto calado financiero y administrativo para disponer de forma urgente de 130 millones de superávit del 2018 (104 a juicio del Gobierno central), pero que materialmente no puede ejecutar por unos requisitos que hacen imposible desbloquearlos. Se trata de una artimaña excepcional que el presidente Feijoo definió como «alternativa legal» y que le permite al Ejecutivo gallego disponer de un dinero al que difícilmente va a acceder este año a poco que se complique la formación del Gobierno tras las elecciones. Además, Galicia también se libera de las restricciones que fija el Ministerio de Hacienda para hacer uso de estas partidas excedentarias, ya que la Xunta va a destinarlo a amortizar deuda de dos entidades autonómicas, Xestur y SPI. Al aligerar esas deudas, se permite reorientar los pagos periódicos que estaban destinados a este fin para dedicarlos a inversiones en servicios públicos sin ningún tipo de limitación estatal, que es reacia a que se fomenten las contrataciones con el superávit.

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