El Gobierno ve «compleja» la transferencia de la AP-9 tras dar una autopista al País Vasco
GALICIA
Mantiene que no hay un trato de favor a pesar del apoyo del PNV a Sánchez con sus últimos decretos
17 abr 2019 . Actualizado a las 19:04 h.«Estamos trabajando en ello». Así de escueta fue la respuesta de la ministra portavoz del Gobierno a la pregunta sobre cómo va el asunto de la transferencia de la AP-9 a Galicia, después de que el Ejecutivo de Sánchez oficializara este miércoles en el Consejo de Ministros lo que era un secreto a voces: la transferencia al Gobierno vasco de la AP-68. Se trata de la penúltima concesión que el PNV logró arrancarle a Sánchez en la prórroga de su mandato, cuando hace dos semanas le lanzó un órdago al jefe del Ejecutivo amenazando con no apoyar dos de los reales decretos que llevó a la Diputación Permanente. Finalmente el grupo vasco votó que sí, pero no hay nada gratis. A los pocos días trascendió que Vitoria asumiría más competencias en materia de centros penitenciarios y carreteras.
Con esta transferencia de la AP-68 el Ejecutivo vasco pasa a asumirá las competencias sobre todas las carreteras del País Vasco.
¿Porqué a Galicia se le resiste tanto conseguir la AP-9? La respuesta oficial es que se está trabajando «en ello», que existen avances, pero fuentes autorizados de la Moncloa insistían ayer que se tratan de dos casos muy distintos. Y que mientras para el País Vasco sí se daban las «condiciones» oportunas para que las dos partes del negociado salieran ganando, en el caso gallego hay un agujero económico del que nadie parece estar dispuesto a hacerse cargo. «Eso no significa que se desprecie a Galicia», insisten las mismas fuentes.
Además, argumentan otro tipo de razones legales que impedirían una transferencia inmediata de la principal arteria gallega a la Xunta. «El traspaso de la AP-9 deberia someterse a un régimen distinto y más complejo (que el vasco), por no disfrutar de título estatutario para tener la titularidad de una autopista de interés general. Solo es posible a través de una ampliación de competencias por fuera del Estatuto, mediante una ley orgánica de las previstas en el 150.2 de la Constitución», apuntan.
No obstante, el Gobierno central no tendría ningún tipo de problema en actualizar esta legislación, especialmente cuando en las últimas semanas ha despachado leyes de rango mayor, como reales decretos leyes, y cuando a mediados de diciembre del pasado año una amplísima mayoría en el Congreso (solo se desmarcó Ciudadanos) se pronunció a favor de la transferencia.
