La Fiscalía apremia a 63 concellos en riesgo a implantar planes antiincendios

Recuerda que pueden ser investigados penalmente si no adoptan medidas preventivas


redacción / la voz

Sesenta y tres concellos gallegos, todos ellos de las provincias de A Coruña (34) y Pontevedra (29) han recibido un oficio de la Fiscalía de Medio Ambiente en el que se les solicita información sobre sus planes locales de prevención de incendios. Todos ellos están incluidos en zonas con alta incidencia de fuegos y a todos ellos les advierte la Fiscalía General del Estado que hará un seguimiento de su actuación en esta materia y no descarta abrir una investigación si no cuentan con estas medidas de prevención y vuelve a producirse un incendio forestal. Además de los 63 concellos gallegos, entre los que figuran Vigo, A Coruña, Santiago, Pontevedra o Ferrol, han sido apercibidos otros 88 ayuntamientos de otras cuatro comunidades.

La Fiscalía había abierto un expediente el verano pasado y había solicitado a los municipios con alta incidencia de incendios información sobre sus planes de prevención. Solo el 25 % de ellos habían respondido a finales de enero, así que la Fiscalía decidió remitir una carta al Ministerio de Agricultura en la que alerta de la situación de 151 ayuntamientos de Galicia, Cataluña, Comunidad Valenciana, Murcia y Andalucía que no disponen de planes antiincendios o, al menos, no consta que los tengan. Esa misma información ha sido trasladada por el fiscal de Medio Ambiente, Antonio Vercher, a los ayuntamientos afectados y a la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP).

En ese escrito se recuerda a los concellos que la ley determina que los municipios con terrenos forestales deben redactar planes locales de prevención de incendios en los que se regulan las actividades que pueden provocar un incendio y se diseñan las infraestructuras necesarias para evitarlo o para atajarlo en caso de que se produzca. Es cada administración local, incide la Fiscalía, la responsable de elaborar su propio plan de prevención, que es obligatorio para todos los municipios con suelo forestal.

El fiscal de Medio Ambiente advierte, en declaraciones a Europa Press, que se hará un seguimiento de esta cuestión y destaca que en caso de que no existan esos planes puede abrirse una investigación penal para averiguar si la carencia de ese documento pudo ser determinante en el origen o la expansión del incendio. Desde la FEMP confirmaron que habían recibido el escrito de la Fiscalía hace unas semanas y que se lo remitieron a los alcaldes, aunque destacan que la federación no es un órgano supervisor en esta materia. 

585 incendios de enero a marzo

La cifra la ofreció ayer en el Parlamento el conselleiro de Medio Rural, José González: 585 incendios se han producido en Galicia en los tres primeros meses del año. Lo hizo en respuesta a una interpelación del diputado de En Marea Davide Rodríguez sobre las condiciones de los trabajadores del dispositivo contraincendios. Según argumentó González, este año la Xunta contratará a 436 brigadistas durante cinco meses (anteriormente eran tres meses) y a otros 548 después de «quitar» la «encomienda» a otras entidades e incluir el presupuesto en las cuentas. 

El Concello de Rianxo se personará como acusación por el incendio de marzo

El gran incendio que afectó a Rianxo el pasado mes calcinó más de mil hectáreas de terreno, de las que 16 son de titularidad municipal. Al verse directamente afectado por un fuego que, según las primeras investigaciones, pudo deberse a fallos en el funcionamiento de una torreta de alta tensión, la comisión de gobierno decidió que el Ayuntamiento se persone como acusación particular en las diligencias previas incoadas en el Juzgado de Instrucción de Padrón.

De esta forma, el alcalde de Rianxo, Adolfo Muíños, ha sido facultado para otorgar los correspondientes permisos en favor de letrados y procuradores para defender los intereses municipales.

El mandatario, Adolfo Muíños, expresó ayer la intención del Concello de que se depuren responsabilidades por un incendio que ocasionó importantes daños y que, al parecer, tuvo su origen en una torreta eléctrica situada a la altura del mirador de Bexo, en el municipio de Dodro.

El alcalde también comentó que el hecho de que la Administración local esté personada en la causa le permite acceder a toda la documentación que se presente durante el procedimiento de recopilación de datos, por lo que podrá estar informado de forma directa de los pasos que vayan dándose.

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