El Supremo pone contra las cuerdas a la valedora al confirmar que cometió desvío de poder

El PP calla mientras toda la oposición reclama su inmediata destitución por enchufar a la sobrina de Fraga


Santiago / La Voz

La batalla jurídica emprendida por la valedora do pobo, Milagros Otero, para defender la contratación como jefa de servicio de administración y personal de la institución que dirige a María Puy Fraga, sobrina de Manuel Fraga y hermana del actual portavoz parlamentario del PP, Pedro Puy, se ha estampado contra el Tribunal Supremo, que no ha admitido el recurso de casación que presentó la defensora de los gallegos. El Supremo ratifica la sentencia dictada el pasado verano por el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, por la que se anulaba la contratación por entender que Milagros Otero influyó en favor de la aspirante cometiendo «desviación de poder» al exagerar sus méritos y conculcar los principios de igualdad, mérito y capacidad.

El fallo del Supremo, con fecha del 28 de marzo, lo dio a conocer ayer el grupo del PSdeG-PSOE desatando una tormenta política en toda la oposición, que se lanzó a pedir a pedir la destitución de la valedora. «Xa non ten a confianza das tres quintas partes da Cámara», dijo la viceportavoz socialista, Patricia Vilán, aludiendo así a la mayoría política exigible para nombrar al inquilino de la oficina del Valedor do Pobo.

Vilán alertó del «dano irreparable» causado con este asunto a la institución y emplazó al PP y al presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijoo, a que hagan ahora lo que no quisieron hacer el verano pasado tras la sentencia del TSXG y destituyan a Milagros Otero. «Non lle vamos indicar á valedora nin ao presidente da Xunta a forma de cese, pero desexamos que sexa o máis pronto posible», subrayó la diputada socialista tras advertir que el PP «non pode utilizar as institucións como se foran a sala de estar da súa casa».

Silencio del PP

Tanto Milagros Otero como el Partido Popular, que en su día la promovió para el cargo, optaron ayer por guardar silencio en torno al fallo del Tribunal Supremo que pone a la valedora do pobo contra las cuerdas.

En cambio, toda la oposición coincidió en pedir la renuncia de la defensora de los gallegos. El portavoz de En Marea, Luís Villares, se refirió a este asunto tras participar en un acto en Ourense y dijo confiar en que Feijoo lleve ahora al Parlamento el relevo de Otero, pues, a su entender, «non pode haber nepotismo nin amiguismo» en las instituciones públicas. «Non pode ser ?añadió Villares? que a persoa encargada de facer valer os dereitos dos cidadáns ante as Administracións sexa a primeira que os vulnera».

Desde el BNG, la diputada Noa Presas también pidió la destitución inmediata de la alta comisionada del Parlamento para desterrar lo que considera «unha actitude nepotista e caciquil». Los nacionalistas avanzaron que ya han iniciado contactos con las demás fuerzas parlamentarias para trasladar «de forma conxunta», y a través de los canales legales adecuados, la petición de destitución de Milagros Otero, a la que insta a dimitir de manera inmediata para no causarle más daños al prestigio de la institución del Valedor do Pobo.

Una institución que empezó a caer en desgracia en el 2007

La institución del Valedor do Pobo está reflejada en el Estatuto de Autonomía de Galicia, aprobado en 1981, pero no se desarrolló hasta la llegada de Manuel Fraga a la presidencia de la Xunta, en 1990, que promovió para el puesto a Xosé Cora. Fue este exmagistrado del TSXG el encargado de echar a andar la oficina, actuando casi siempre con discreción y ganándose la simpatía de los ciudadanos, al hacer valer sus derechos ante las Administraciones autonómica, provincial y local.

Pese a que su sucesor, José Ramón Vázquez Sande, exhibió menos carisma para el cargo, se mantuvo en la misma tónica de combinar el palo y la zanahoria con el Gobierno gallego y no importunar demasiado con declaraciones u opiniones sobre los asuntos de la actualidad.

En el 2007 se rompió esa tendencia. Con el bipartito PSOE-BNG instalado en la Xunta, es promovido al puesto de valedor, de acuerdo con el PP, el también exmagistrado Benigno López. Y no tardó en asumir con sus declaraciones el protagonismo que no tuvieron sus predecesores.

El BNG no tardó en declararlo persona no grata por valoraciones que consideraba contrarias al uso normalizado de la lengua gallega. De hecho, Benigno López alertó contra la «peligrosa» introducción del gallego en la Justicia, pese a ser un principio recogido en el Plan Xeral de Normalización aprobado por consenso en el 2004, y abogó por la retirada de un libro que consideraba el gallego, al igual que el Estado de Autonomía, como la «lengua propia» de Galicia.

Pero fue en el 2012, con los peores momentos de la crisis, cuando Benigno López cayó en desgracia definitivamente al considerar «imprescindibles» y «necesarios» los recortes sociales practicados por las diferentes Administraciones para cuadrar las cuentas, a la vez que abogó por suspender la ley de dependencia por la imposibilidad ?decía? de poder cumplirla.

La oposición le declaró la guerra y el PP lo dejó caer. Quedó ejerciendo tres años en funciones José Julio Fernández, propuesto por el PP como vicevaledor, y contra el que la oposición impulsó diferentes iniciativas para sustituirlo por entender que ocupaba el cargo de forma alegal.

En el 2015 llegó Milagros Otero. Y si bien sus declaraciones irritaron a alcaldes como el de Santiago, son sus hechos reflejados en sentencia firme los que empañan ahora su carrera.

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