Javier Puig fue elegido presidente de la Confederación de Federaciones de Asociaciones Cannábicas (ConFac) de España por el «buen funcionamiento» del club al que pertenece en Pontevedra, Casa María, la misma asociación por la que fue condenado a tres meses por la Audiencia Provincial de su ciudad. Recurrió al Tribunal Supremo y espera sentencia.
-¿Situación actual del movimiento en Galicia?
-Más de 20 asociaciones confirman la consolidación de un movimiento repartido de forma irregular por la geografía gallega: consentimiento y archivo de causas en unas zonas e investigaciones prospectivas y juicios orales en otras. Estos agravios se acentúan si tomamos como referencia el trato recibido por parte de la Administración en comunidades como Cataluña o Euskadi. De ahí la mayúscula sorpresa de Héctor Brotóns, el abogado especializado con mayor número de absoluciones a lo largo y ancho de todo el territorio nacional, cuando nuestro colectivo, por él representado, recibió una condena, ya recurrida, de tres meses.
-¿Existe alguna normativa que les ampare?
-No existe una normativa concreta más allá de la que afectaría a cualquier otra asociación sin ánimo de lucro. La ambigüedad de criterios y la inseguridad jurídica que acarrea es producto de esta falta de regulación que de forma sistemática también será la causante de que aparezcan agentes no deseados por nadie, como son las asociaciones tapadera. En este sentido, las tareas capitales desarrolladas por la ConFac son: primero, el desarrollo continuo de la normativa idónea para el funcionamiento de una asociación cannábica desde un enfoque ético, social, de salud, jurídico y económico. El otro es su traslado a la Administración (partidos políticos) para su uso como herramienta eficaz de control del sector que a la vez garantice los derechos básicos y el libre desarrollo de aquellos ciudadanos pertenecientes a estos colectivos. Esta colaboración con los partidos políticos ha tenido distintos grados de desarrollo según el territorio, destacando la ley integral aprobada en el Parlamento de Cataluña sobre asociaciones cannábicas.
-¿Perciben apoyo social?
-Más de 100.000 personas mueren en España al año por consumo de tabaco, alcohol y opioides con receta, mientras que consumir marihuana no ha causado ni una sola muerte. La última consulta del CIS confirma los resultados de los últimos años: existe una mayoría a favor de regular el consumo de cannabis, pero un Estado paternalista sigue considerando que su criterio está por encima del de la mayoría, el matiz se encuentra en que el interés último de dicho Estado, a través de los partidos en el Gobierno, no es el bien de sus ciudadanos sino el suyo propio.