Más de 20 asociaciones de cannabis resisten en Galicia a la presión policial y judicial

El Tribunal Supremo, en el 2015, abrió la puerta a los pequeños grupos; los clubes se han amoldado


Vigo / la voz

El bautismo gallego se ofició en Vigo, con Ave María, en el 2001. Ya en el 2010, en Lugo, hubo otra asociación, pero de corto recorrido. Dos años después le toco el turno a Pontevedra y A Coruña. Hoy, al menos, hay 22 en Galicia. Son las asociaciones de cannabis que sobreviven a seis años de presión policial y judicial. Detrás, un complejo debate que involucra a los tres poderes del Estado. La casuística gallega es solo la punta del iceberg. La Confederación de Federaciones de Asociaciones Cannábicas de España expande este movimento -que defiende el cultivo y consumo de cannabis regulado entre socios- a quince provincias con 70 clubes que representan a 8.000 usuarios. País Vasco y Cataluña llevaron siempre la voz cantante. Galicia, mucho menos.

El fallo judicial más relevante, aunque paradójico, llegó en el 2015 para cerrar un club de Vizcaya: «El cultivo y distribución organizada, institucionalizada y con vocación de persistencia en el tiempo de cannabis entre un colectivo integrado por 290 personas componentes de una asociación» constituye un delito contra la salud pública. El Tribunal Supremo dejó entreabierta a continuación la difusa puerta de las salvedades jurídicas: «El cultivo compartido de cannabis destinado al consumo exclusivo y excluyente de quienes promueven esa producción a escala reducida, aún siendo actividad no legal, puede carecer de relevancia penal en determinadas condiciones». La doctrina del Supremo se refería a grupos más reducidos que el encausado, de 290 socios, pero sin ubicar la delicada línea roja. 

Reconversión obligada

La nueva consigna, la más sólida hasta la fecha, implicó la reformulación, desde el 2015 y al menos en Galicia, del movimiento. Por eso, ahora, los clubes son más pequeños y algunos ya no cultivan para su masa social. «El tamaño medio de una asociación en Galicia se sitúa, aproximadamente, entre 75 y 150 socios. La realidad nos obligó a reconvertirnos, a ser más pequeños, amoldarnos a lo dicho por el Supremo pero sin concretar a partir de qué número de socios ya no tendría esa relevancia penal», relata el presidente de un club en las Rías Baixas antes de citar otras sentencias. «En Barcelona acaba de salir una por el decomiso de un kilo de marihuana hace cinco años. El acusado llevaba un documento firmado aclarando qué transportaba y por ese protocolo acabó absuelto. En el 2017, el Tribunal Constitucional anuló la condena a un club de cannabis de Bilbao por cultivo y distribución». En este caso, el fallo señalaba que con la propia sentencia se abriría para el Constitucional una oportunidad para «aclarar o cambiar su doctrina» tras un «proceso de reflexión interna», al tiempo que plantearía «una cuestión jurídica de relevante y general repercusión social y económica».

El escenario judicial actual tiene su origen en una instrucción de la Fiscalía General del Estado firmada, en el 2013, por su entonces máximo representante, Eduardo Torres-Dulce. El documento, remitido a cada provincia, unificaba criterios. Expone, de entrada, que «se requiere autorización administrativa para el cultivo de cannabis al Servicio de Control de Estupefacientes, así como para la intervención, vigilancia y control de cosechas, almacenamiento, depósito, producción y fabricación de productos o sustancias estupefacientes. Por tanto, en ningún caso es lícito el cultivo de cannabis sin autorización administrativa, aunque sea para uso privado. Por el contrario, dicha actividad será constitutiva de delito contra la salud pública o, en su defecto, de infracción administrativa». También aclara que resulta necesario analizar cada caso, al igual que concluyó el Tribunal Supremo en el 2015.

Análisis generalizado

«El problema es que la Fiscalía no analiza esas particularidades de forma independiente, no conoce la filosofía de cada asociación. En Santiago, por ejemplo, se solicitó al registro la documentación de todos los clubes -lo normal, aunque no es obligatorio, es que las asociaciones se inscriban en las subdelegaciones del Gobierno- y se fue a por todos», explica el portavoz de otro club. En Vigo, en el 2017, se actuó simultáneamente contra tres entidades, y dos siguen abiertas. El presidente de otra asociación, en este caso de reciente creación en Vigo, añade: ««Llevamos tres años abiertos y no tuvimos problemas, queremos que siga así. Lo que tengo claro, también como dueño de una tienda de cultivo, es que este movimiento ya no tiene vuelta atrás».

Basta decir que en diciembre del 2017, y para frenar la escalada de iniciativas legislativas aprobadas en parlamentos regionales, el Tribunal Constitucional rechazó que las comunidades autónomas legalicen por su cuenta la actividad de los clubes. Mientras, en juzgados de Galicia o ya en segunda instancia en Madrid, los procedimientos y las sentencias se acumulan, pero sin cerrar de un portazo el debate.

«La inseguridad jurídica es producto de la falta de regulación»

J.R.

Javier Puig fue elegido presidente de la Confederación de Federaciones de Asociaciones Cannábicas (ConFac) de España por el «buen funcionamiento» del club al que pertenece en Pontevedra, Casa María, la misma asociación por la que fue condenado a tres meses por la Audiencia Provincial de su ciudad. Recurrió al Tribunal Supremo y espera sentencia.

 

-¿Situación actual del movimiento en Galicia?

-Más de 20 asociaciones confirman la consolidación de un movimiento repartido de forma irregular por la geografía gallega: consentimiento y archivo de causas en unas zonas e investigaciones prospectivas y juicios orales en otras. Estos agravios se acentúan si tomamos como referencia el trato recibido por parte de la Administración en comunidades como Cataluña o Euskadi. De ahí la mayúscula sorpresa de Héctor Brotóns, el abogado especializado con mayor número de absoluciones a lo largo y ancho de todo el territorio nacional, cuando nuestro colectivo, por él representado, recibió una condena, ya recurrida, de tres meses.

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