La oferta de empleo público pone más de 36.000 plazas al alcance de los opositores gallegos

A día de hoy en Galicia es posible inscribirse en más de una docena de convocatorias de oposiciones abiertas a nivel autonómico. Más de 1.800 plazas en áreas como la educación primaria o secundaria, la seguridad y salud laboral, los servicios contra incendios, el trabajo como auxiliar de clínica o como subalterno de la Xunta. Son apenas una gota en el océano de una oferta de empleo pública que la proximidad de dos convocatorias electorales ha contribuido a engordar. «Hai un bum incrible, estamos nun momento excepcional en canto a oferta de prazas», confirma Alberto López de Nós Oposicións. Recuerda que el 2006 y el 2008 también fueron buenos años pero «aínda que entón houbo moitas ofertas non eran tan numerosas. Este ano e sen dúbida o mellor», insiste.

A nivel estatal, la Administración central presentó en el 2018 la mayor oferta pública de empleo en diez años con casi 31.000 plazas. Galicia no se quedó atrás con más de 5.700 puestos ofrecidos. En total, más de 36.000 plazas en la administración central o autonómica. «A oferta do 2018 foi grande pero ademais nos procesos selectivos que se están a convocar mestúranse tamén prazas pendentes do 2017 e está previsto convocar prazas do 2019 antes de que cheguen as eleccións», explica López. De hecho, la Xunta de Galicia ya prepara una oferta que podría superar ligeramente a la del año pasado: 5.833 plazas según información de la Consellería de Facenda. Las 1.323 correspondientes a sanidad pública ya han sido aprobadas en el Consello de la Xunta, trámite por el que pasarán próximamente las 2.446 de administración general.

A lo propuesto por los gobiernos central y autonómico se suman los puestos de entidades provinciales y locales. La Diputación de Pontevedra, por ejemplo, aprobó una oferta de 196 plazas. También las universidades suponen oportunidades de incorporarse al empleo público. En el 2018 las tres gallegas sumaron casi 250 puestos de personal de administración y servicios y más de 150 para personal docente e investigador.

Todas esas plazas previstas deben ahora convertirse en plazas convocadas a través de distintos procesos selectivos. Y aunque desde Facenda recuerdan que la aprobación de las ofertas públicas de empleo «supón unha garantía real de que esas prazas se van a convocar», lo cierto es que es habitual que queden puestos pendientes de ofertar. Por ejemplo, la Diputación de A Coruña publicó hace solo unas semanas las bases de las pruebas para cubrir plazas correspondientes a las ofertas del 2016 y el 2017.

El alto número de jubilaciones que se avecina en el sector público también explica las abultadas cifras que se manejan. «En moitos dos corpos de funcionarios do Estado e das comunidades autónomas hai opositores das primeiras remesas que xa están próximos á idade de retiro e fai falla reemprazalos», justifica Alberto López. Las bajas tasas de reposición durante los años más duros de la crisis hacen que ahora se multiplique la necesidad de cubrir vacantes.

Por si la oferta fuera escasa, está previsto que esta primavera se convoquen pruebas selectivas a nivel comunitario para cubrir puestos públicos en la Unión Europea. Incluso el impopular Brexit parece remar a favor de los opositores. El pasado mes de febrero el Ministerio de Política Territorial y Función pública aprobó una oferta de empleo público de 1.031 plazas para cubrir posibles necesidades que surjan en sectores afectados por la ruptura, como el control aduanero o los servicios de inspección sanitaria exterior.