La Xunta insiste en que Madrid no permite mantener los beneficios especiales
26 mar 2019 . Actualizado a las 18:11 h.En Galicia existen algo más de 2.250 familias numerosas de categoría especial. Se trata de hogares con cinco o más hijos, con cuatro hijos de los que tres son trillizos, con tres hijos de los que al menos uno sufre alguna discapacidad o con dos o más hijos discapacitados. La renta familiar o el acogimiento de menores también pueden colocar a una familia dentro de esta categoría que ofrece ventajas añadidas como la exención del pago de matrícula en las universidades gallegas y escuelas oficiales de idiomas, así como mayores deducciones fiscales y descuentos en transportes o tasas públicas.
Pero, ¿qué pasa cuando el hijo mayor de esa unidad familiar alcanza los 21 años -o los 26 en caso de cursar estudios superiores- y deja de contabilizar como parte de la unidad familiar? Una reforma legal del 2015 dejó claro que, aunque ya no cumpla los requisitos, la familia seguirá considerándose numerosa hasta que el último hijo deje de formar parte de la unidad. Sin embargo, sí pierden la distinción de especiales. Al menos en Galicia.
Es el caso de la familia de Francisco. Padre de cinco hijos vio como el verano pasado perdían la categoría al cumplir la mayor los 26 años. Ella cursó estudios en una universidad gallega con el alivio económico que supone no tener que abonar la matrícula. Sus cuatro hermanos, todos menores de edad, tendrán que pagar al menos la mitad. «Se produce una discriminación en el seno de las propias familias, unos hermanos tienen más oportunidades que otros. En nuestro caso la gratuidad de la matrícula puede no ser determinante, pero en otros hogares con peores circunstancias que el nuestro sí puede serlo», argumenta este progenitor.
Se produce una discriminación: hijos de la misma familia con distintas oportunidades"
Frente al modelo gallego, otras comunidades como la valenciana han optado por una interpretación menos restrictiva de la ley y permiten a este tipo de hogares mantener la categoría hasta que el último de los hijos deje de contabilizar como parte de la unidad. En algunos territorios, como Castilla y León, han sido los tribunales los que han dado la razón a las familias que llevaron su caso ante la justicia. «En Andalucía acaba de reconocerse también el derecho a mantener la categoría y en Asturias la conservan al menos en materia de estudios. Eso supone una discriminación entre españoles residentes en distintos puntos del país», se queja José Manuel Trigo, vicepresidente de la Asociación Galega de Familias Numerosas (Agafan).
Este colectivo ha solicitado a la Xunta en varias ocasiones que siga la estela de otras autonomías pero por el momento no han tenido éxito. A día de hoy, el único recurso que tienen las familias gallegas es presentar un recurso contencioso administrativo y esperar a que sea la Justicia quien les reconozco el derecho a seguir siendo consideradas especiales. Agafan ha animado a los padres afectados a recurrir a la vía judicial. Incluso han buscado abogados cuyas tarifas sean asequibles, pero de momento ninguno de ellos ha acudido a los tribunales.
Comunidades como la valenciana o la andaluza ya permiten mantener la categoría especial
Desde la Consellería de Política Social señalan que la norma que rige en esta cuestión es de ámbito estatal y que, a pesar de que existen diferentes sentencias e incluso una recomendación del Defensor del Pueblo apoyando una interpretación flexible de la ley, el Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social exige una interpretación «estricta y literal». Aseguran, además, haberse dirigido en varias ocasiones al Gobierno central reclamando aclaraciones a la normativa, habiendo recibido siempre la misma respuesta: «no cabe otra interpretación (...) no es posible mantener la categoría especial de familia numerosa cuando el número de hijos queda por debajo del establecido».