El PP lleva al Parlamento la petición para dedicar el superávit a gasto social

Hacienda sigue sin contestar a la Xunta si puede utilizar los 125 millones de excedente

Imagen de un curso de memoria para mayores organizado en Arousa
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santiago / la voz

La ofensiva emprendida por el Gobierno gallego para poder destinar el superávit generado por la Xunta en los presupuestos del año pasado, unos 125 millones de euros, a inversiones en el campo de la sanidad, la educación y los servicios sociales también tendrá una ramificación en el Parlamento gallego. El presidente, Alberto Núñez Feijoo, ya remitió una carta a la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, para que lo autorices a disponer de estos recursos por haber cumplido con los objetivos para el control del déficit público. Pero ahora el grupo del PP ha decidido trasladar a la Cámara este debate para generar el máximo respaldo posible de las fuerzas políticas restantes.

El portavoz de los populares, Pedro Puy, dio cuenta este lunes de la iniciativa de su formación, que es prácticamente un calco de la carta dada a conocer por Feijoo la semana pasada. El grupo que sustenta al Gobierno de la Xunta recuerda que Galicia «cumpriu de novo en 2018 todas as regras fiscais» generando un superávit en términos de contabilidad nacional de 125 millones.

De igual modo, se requiere al Estado para que «proceda a facer a transferencia» a la comunidad de 170 millones que entiende el PP que se le adeudan a Galicia en concepto de incentivos derivados de las liquidaciones negativas del 2008 y 2009 por cumplir todas las exigencias de la regla de gasto.

Puy puso de relieve que la demanda dirigida a poder reinvertir el superávit presupuestario, en vez de destinar todo este remanente a amortizar deuda pública, como marca la ley de estabilidad presupuestaria, es algo que también reivindicó la FEMP y su presidente, Abel Caballero, y que vienes haciendo ya los ayuntamientos. «Non permitilo sería un castigo para as comunidades autónomas que cumpriron as regras de gasto», argumentó el portavoz de los populares.

También el grupo del PSdeG, a través de su portavoz, Xoaquín Fernández Leiceaga, registró la semana pasada una iniciativa en la Cámara en la que muestra su vocación de respaldar la reclamación y los argumentos del Ejecutivo autonómica, aunque los socialistas entiende que son necesarias «modificaciones legais» y pide al PP que, entretanto, impulse un plan para ampliar el gasto en la atención primaria.

En esto coincide también la líder del BNG, Ana Pontón, que ayer remarcó que «é falso que Feijoo non poida destinar máis cartos á sanidade sen ter que pedirllo a Madrid». A su juicio, la carta de Feijoo al Ministerio de Hacienda solo tiene una finalidad: «tapar a convocatoria de folga en atención primaria».

Mientras, el Ministerio de Hacienda sigue sin dar contestación a la carta remitida por Feijoo para poder autorizar ese remanente en gasto social (principalmente a sanidad), según confirmaban ayer fuentes del Gobierno gallego. El ministerio sí explicó la semana que se estudiaría la petición del Ejecutivo gallego.

El otro frente con el Gobierno sin resolver: los 200 millones pendientes del IVA del 2017

Al margen de la reclamación de la Xunta para poder utilizar el superávit del 2018, el Gobierno gallego tiene otra batalla abierta con el Ministerio de Hacienda. En este caso, no es algo solo de Galicia, sino que afecta a todas las comunidades: la reclamación de la parte autonómica del IVA de diciembre del 2017. Ese año, el ministerio -entonces al mando de Cristóbal Montoro- puso en marcha un sistema de cobro inmediato del IVA que provocó que las comunidades se quedaran sin la parte correspondiente de la última mensualidad del ejercicio. Un problema técnico, en buena medida, que sigue sin resolverse. El pasado verano, Feijoo abordó este asunto con la ministra Montero, y la Administración central quedó en dar una respuesta. Principalmente, porque son unos recursos con los que cuentan todas las comunidades, y los habían presupuestado para este 2019.

En el caso de Galicia, la Xunta prevé disponer de unos ingresos que rondan los 200 millones, pendientes desde el año pasado. Pero Madrid sigue sin contestar a ese compromiso. 

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