Los concellos frenan el uso de cámaras en bienes protegidos por miedo a la ley

Aunque Galicia cuenta con más de 25.000 ficheros de videovigilancia, solo 197 son de titularidad pública

Una lona tapa una de las pintadas realizadas esta semana en la escalinata de la catedral que da al Obradoirro
Una lona tapa una de las pintadas realizadas esta semana en la escalinata de la catedral que da al Obradoirro

redacción / la voz

La instalación de cámaras de vigilancia como medida disuasoria es un arma contra las pintadas que no todos los concellos están dispuestos a usar. De hecho, la mayoría de los ficheros de videovigilancia que hay en Galicia son de titularidad privada (bancos, comunidades de vecinos...). Los últimos datos del registro de ficheros que, hasta la entrada en vigor del nuevo Reglamento Europeo de Protección de Datos el pasado 25 de mayo, tenía la Agencia Española de Protección de Datos muestran como a mediados del año pasado de los 25.472 ficheros que había en Galicia, únicamente 197 eran de titularidad pública.

La mayor parte están dedicados al control de tráfico como ocurre, por ejemplo, en el concello de Pontevedra, donde ninguna cámara está dedicada a controlar el perímetro exterior de inmuebles protegidos por Patrimonio. En Ourense, fuentes municipales también apuntan que tienen cámaras para regular el tráfico, pero no que protejan patrimonio singular.

Lo mismo ocurre en Ferrol, mientras que en A Coruña tampoco están instaladas en el exterior de la torre de Hércules, como confirman desde el concello, o en el entorno del castillo de San Antón, donde en cambio hay guardias de seguridad.

La cautela a la hora de instalar cámaras por parte de algunos concellos suele girar en torno al debate abierto sobre la injerencia en la intimidad de los ciudadanos y, por tanto, en el incumplimiento de la ley de protección de datos en el que podría incurrir la grabación de imágenes de personas que avanzan por la vía pública. 

Asunto complejo

Aunque es verdad que la línea entre lo que se puede grabar y lo que no es muy delgada, el temor a la puesta en práctica de estas medidas da tregua a los vándalos para continuar actuando. La cuestión es cómo poder instalarlas no saltándose la norma. Porque como explica el responsable de la Asociación para a Defensa do Patrimonio Cultural Galego, Carlos Henrique Fernández Coto, «es un asunto muy complejo, porque ha de garantizar la coexistencia de la seguridad y la privacidad».

Ese debate está abierto estos días en Santiago después de la aparición de nuevas pintadas feministas, contra Vox o los Borbones en los muros de la catedral. La Xunta y la Fundación Catedral están de acuerdo en el uso de estos medios tecnológicos como medida preventiva frente a nuevos ataques, pero el Concello compostelano, quien ha de autorizar en última instancia su colocación, no lo ve con tan buenos ojos.

La administración local compostelana, tras reunirse esta semana con agentes de la policía Local y Nacional, únicamente estaría dispuesta a mejorar las cámaras que ya hay instaladas. Son tres que están en las plazas del Obradoiro, A Quintana y Praterías. Además, no graban.

Un debate parecido se forjó el año pasado en Lugo, después de que la aparición de fuentes históricas destrozadas o de las múltiples frases pintadas en edificios que pertenecen al patrimonio protegido.

El PP presentó una propuesta en el pleno para colocar cámaras de vigilancia en lugares con edificios protegidos, pero no prosperó prevaleciendo la opinión de los que defienden la intimidad de los viandantes. 

Ventanas arqueológicas

Ahora, según fuentes municipales, el Concello lucense tiene «tres cámaras de vídeovixilancia nas ventás arqueolóxicas da praza de Santa María, Rúa Nova e rúa Doutor Castro». Aunque graban lo que ocurre, apuntan a las ventanas abiertas en el suelo para poder ver los restos arqueológicos, además de al espacio inmediato de la vía pública.

Una labor de los cuerpos de seguridad, con excepciones

La línea es muy fina. Prácticamente imperceptible. Hasta dónde puede grabar una cámara instalada en el exterior de un edificio histórico evitando atentar contra la intimidad de los que circulan por la calle es la gran pregunta que se hacen los juristas. No tiene fácil respuesta.

 ¿Qué dice el Reglamento de Protección de Datos?

La Guía sobre el Uso de Videocámaras para Seguridad y Otras Finalidades elaborada por la Agencia Española de Protección de Datos explica que dicha norma, en su artículo 5, apunta que los datos que sean objeto de tratamiento a través de videovigilancia deberán usarse para la finalidad que motivó la instalación de la cámara y que «está vinculada a garantizar la seguridad de las personas, bienes e instalaciones». 

¿Quién puede captar imágenes en la calle?

Como regla general, cuando la intención es mantener la seguridad en la vía pública solo pueden hacerlo las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Pero hay excepciones. Cuando se trata de proteger espacios privados en los que hay cámaras en el interior o en la fachada, puede grabarse una porción de la vía pública para garantizar la seguridad. Esto solo puede llevarse a cabo cuando para el cumplimiento de ese objetivo no pueda evitarse que la imagen coja un pequeño espacio de la calle. 

¿Podría captarse una porción mayor de la calle?

Como explica la Agencia Española de Protección de Datos esa circunstancia solo podrá darse para garantizar la seguridad de un bien o instalación estratégica o de una infraestructura vinculada al transporte. 

¿Cómo valorar el número de cámaras?

Dependerá de cuántas son necesarias para proteger, en este caso, un edificio histórico. No es lo mismo instalar una cámara fija que usar un domo que permite grabaciones de 360 grados. La guía elaborada por la Agencia de Protección de Datos dice que hay que valorar ponerlas cuando el fin perseguido puede lograrse de otro modo.

Conoce toda nuestra oferta de newsletters

Hemos creado para ti una selección de contenidos para que los recibas cómodamente en tu correo electrónico. Descubre nuestro nuevo servicio.

Votación
6 votos
Comentarios

Los concellos frenan el uso de cámaras en bienes protegidos por miedo a la ley