Condenados por abofetear a sus hijos: pocos casos y vinculados a serios conflictos conyugales

El uso del «bofetón educativo» está todavía culturalmente aceptado en muchas familias


REDACCIÓN / LA VOZ

«Vías de hecho expresamente desautorizadas por el ordenamiento jurídico que a todo el mundo le consta que están prohibidas». Así califica la sentencia condenatoria dictada por la Audiencia de Pontevedra las dos bofetadas que una madre le dio a su hijo de 10 años porque este se negaba a ducharse. El fallo ha generado un intenso debate en toda España sobre los límites de la educación aunque el debate no tiene recorrido, ni en lo jurídico ni en lo científico. No hay duda para la ley ni tampoco para los educadores: el hecho es condenable. Lo que sí es discutible es la parte en la que la sentencia asegura que eso: «Lo sabe todo el mundo».

Si la respuesta de los internautas tiene algún valor demoscópico, la información publicada en la edición digital de este periódico provocó más de un centenar de comentarios entre los cuales podían leerse una mayoría de reacciones de apoyo a la madre y al derecho de lo que muchos calificaban como «un cachete a tiempo». La postura contraria de oposición a cualquier forma de violencia en la educación de los hijos era minoritaria. Las opiniones considerando exagerada la sanción contra la madre eran también numerosas.

Con independencia de lo culturalmente asentada que esté aún la idea del bofetón educativo, lo cierto es que casos como el de Pontevedra, con denuncia y condena, son muy escasos. Según fuentes de la Fiscalía de Galicia, los juicios por este tipo de violencia puntual llegan al sistema judicial en contadas ocasiones. Lo que sí es habitual, según estas mismas fuentes, es que estén relacionados con una situación de conflictividad conyugal de manera que el episodio forme parte de una guerra judicial entre los dos padres: «Imagine que el padre o la madre recogen al niño, que tiene la cara colorada. El progenitor pregunta, el chaval le dice que la madre le ha pegado un bofetón, van al ambulatorio a que le hagan el parte y ya está el juicio montado», comenta una fuente judicial.

Evaluación de riesgo

El hecho de que apenas se produzcan denuncias y procesos de este tipo no está vinculado únicamente a un hipotético descenso en el uso de conductas violentas en el ámbito familiar. Los sistemas públicos de protección tienden a no judicializar estos casos. Frente a cada denuncia evalúan si existe una situación de riesgo y qué medidas deben adoptarse para la mayor protección del menor y lo normal es que unas bofetadas en una situación de tensión no lleguen hasta una sala de vistas y mucho menos generen una sentencia de cárcel.

Algunas de las denuncias que llegan a los sistemas públicos de protección lo hacen a través del número de atención a la infancia 11611. Por este canal, según fuentes de la Xunta, las que efectúan los propios menores son minoría. Lo normal es que la llamada la efectúe un adulto y por casos más graves.

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«No creo que esa forma de educar sea mayoritaria en Galicia», considera Cristina Blanco, subdirectora xeral de Política Familiar de la Xunta, en relación a la aplicación de un cachete en un momento extremo en la educación de un menor: «Aunque a nosotros nos llegan casos con medidas judiciales, de riesgo o desamparo; no podemos saber con exactitud qué sucede en el ámbito doméstico», matiza. Sin embargo, Blanco cree que son necesarios más cursos como los que organiza su departamento de parentalidad positiva: «Precisamente para evitar estas situaciones. Hay que dar herramientas para saber educar». Este tipo de cursos se plantean a través de colectivos, muchas veces Ampas, en todo tipo de entornos, no necesariamente deprimidos o en riesgo de exclusión, según admite la directora xeral. «Es importante invertir en prevención», apunta Cristina Blanco, frente a la catarata de comentarios favorables a la aplicación del cachete: «Estoy con los expertos. La violencia no es una opción».

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La madre de Pontevedra que deberá pasar alejada de su hijo seis meses por una sentencia judicial que la ha condenado también a dos meses de cárcel, probablemente no lo entiende. Su delito fue darle dos bofetadas a su hijo de 10 años porque este no quería ducharse, pero nada justifica esas bofetadas. No en el ordenamiento jurídico. Sin embargo y pese a que la propia sentencia comprende que este tipo de actitudes «a todo el mundo le consta que están prohibidas», los profesionales de la psicología infantil saben que todavía hay muchas familias que hacen suyas frases como que un cachete a tiempo puede evitar males mayores: «Como sociedad tenemos la obligación de proteger a los más vulnerables y estas situaciones de violencia no se pueden pasar por alto. No es cuestión de intensidad, es cuestión de tolerancia cero. Hay que proteger al menor», opina la psicóloga infantil Margarita Díaz-Alcázar, de Lugo.

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