Incentivos a la responsabilidad


Hay dos elementos para entender el comportamiento de las cuentas públicas de Galicia. Por una parte, el férreo compromiso del Ejecutivo autónomo por la consolidación fiscal: Galicia es uno de los referentes autonómicos en materia de ajuste fiscal. Cuando la mayoría de las comunidades presentaban números rojos, aquí se consiguió, no sin importantes restricciones en el gasto, frenar el déficit público. Por la otra, el gravísimo problema demográfico que tenemos, y por ello el principal reto que tiene el Ejecutivo gallego es poder garantizar una sanidad de calidad a toda la población.

Es natural que se haya solicitado al Ministerio de Hacienda cierto tratamiento diferenciado que premie a aquellas comunidades que se han mostrado cumplidoras con el objetivo del déficit, como es el caso. Primero, la Xunta ha solicitado que los 125 millones de euros de superávit de sus presupuestos se puedan destinar a otras inversiones, y no para pagar la deuda, para mejorar la calidad y extensión de la sanidad. Para ello es necesaria una autorización del ministerio. Esto ya se ha planteado, pero desde la perspectiva local: desde la FEMP se solicitó autorización a Hacienda para la utilización del remanente de tesorería en gasto social. La solicitud fue atendida.

Segundo, la petición de la Xunta se amplía a otros 170 millones, como compensación a su comportamiento fiscal por el cumplimiento de la regla de gasto. En total 295 millones para premiar el esfuerzo realizado por la población gallega por tener unas cuentas públicas saneadas.

Hemos de ser cautos. Canarias hizo la misma petición, pero al final desistió por los condicionantes que le pusieron desde Madrid. En cuanto al premio por ser alumnos ejemplares, parece incluso menos probable. Hay castigos por incumplir, pero los beneficios por ser responsables son difusos. En España no tenemos mecanismos que incentiven los comportamientos responsables de las administraciones públicas. Quizás sea el momento de ir pensando en ello. Al igual que se prima el esfuerzo de los alumnos, sería adecuado contar con instrumentos que beneficiasen a las administraciones cumplidoras. ¿O no?

Alberto Vaquero es profesor titular de Economía Aplicada e integrante del Grupo de Investigación GEN de la Universidad de Vigo

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