Unos ecologistas franceses se llevan un euro tras 16 años de pleito por el Prestige

Es la indemnización más baja, a pesar de que reclamaban unos 76.000 euros por recuperar aves afectadas por el fuel

Trabajos de limpieza del fuel del Prestige
Trabajos de limpieza del fuel del Prestige

redacción / la voz

Las cifras del Prestige son abrumadoras. 63.000 toneladas de fuel derramadas que provocaron daños por valor de cerca de 2.500 millones. De esta cifra apenas se cobrará algo más del 40 %, contando con que se logre acceder al dinero de la póliza del seguro, que asciende a mil millones de dólares. Sin embargo, los ecologistas franceses de la Ligue pour la Protection des Oiseaux (Liga para la Protección de las Aves, LPO) asistirán al proceso de reparación con cierto desinterés, pues la Audiencia de A Coruña y el Tribunal Supremo tan solo les ha concedido un euro como indemnización, al que hay que sumar un 30 % de intereses de demora y procesales, así como gastos de ejecución. El cálculo es muy simple: los ambientalistas galos que se personaron como afectados recibirán la ínfima cantidad de 1,30 euros después de 16 años pleiteando por la marea negra. Es la indemnización más baja entre los más de 20.000 afectados por el vertido.

El accidente es tan lejano y la reclamación tan antigua que una portavoz de LPO, al otro lado del teléfono, no puede dar ni un solo dato informativo sobre el asunto. Remite a un veterano activista que podría acordarse, pero no está. En una información sobre la sentencia del Tribunal Supremo en la página web de esta asociación se aclara por fin qué es lo que reclamaban: unos 76.000 euros, procedentes principalmente de la gestión, transporte y atención a las aves que recogían afectadas por el fuel, y que cifran en unas 2.800 desde la frontera con el País Vasco hasta la Bretaña francesa. En su momento reclamaron 80.000 euros y el Fidac, el fondo de compensación internacional, les habría compensado extrajudicialmente con cerca de 5.000 euros, de ahí que presentaran una reclamación estrictamente judicial por el resto del dinero.

Esta petición de compensación se tramitó primero en el juzgado francés de Brest que llevó el caso durante los primeros años -el fuel llegó a las costas francesas a principios del 2003- pero, cuando se decidió que las dos causas confluyeran en la que instruía el juzgado de Corcubión, la Fiscalía española asumió la defensa de los afectados franceses. Este hecho, en cierta medida, puede verse con un alivio, pues los ecologistas de la LPO no tuvieron que gastar dinero en un abogado que les representara legalmente en España. En ese caso, sin duda, la decepción sería mucho mayor.

La indemnización del colectivo ecologista galo se suma a otras compensaciones testimoniales que se recogen en el auto definitivo con el que la Audiencia da la orden para intervenir el dinero de la aseguradora. La mayoría de estos pagos simbólicos corresponden a ayuntamientos franceses, como el de Trelevern, que solo percibirá 46,4 euros, o el de Sarzeau (algo más de 93). La LPO no es la única asociación ecologista que se personó en la causa. También está la gallega Arco Iris, aunque se personó como acusación y no reclama ninguna cantidad compensatoria.

El fiscal que llevó el caso, Álvaro García Ortiz, explica que en su momento los peritos que evaluaron las posibles indemnizaciones les concedieron cero euros, al considerar que no se justificaron debidamente los gastos que reclamaban en el procedimiento judicial. Y fue la propia Fiscalía la que pidió, al menos, una compensación testimonial.

Los pagos más bajos en indemnizaciones

  • Ayuntamiento de Plovan - 557,7 euros
  • Ayuntamiento de Plougrescant - 439,62 euros
  • Ayuntamiento de Barfleur - 418,59 euros
  • Ayuntamiento de Tregastel - 417,3 euros
  • Particular - 398,88 euros
  • Ayto. de Plabennec y Les Abers - 314,26 euros
  • Particular - 250,9 euros
  • Ayuntamiento de Sarzeau - 93,8 euros
  • Ayuntamiento de Trelevern - 46,44 euros
  • Protection des Oieaseaux - 1,3 euros

La defensa de Mangouras responde lo obvio: el capitán no tiene ni bienes ni dinero para afrontar los 2.495 millones

La Audiencia Provincial de A Coruña recibió estos días un escrito de la representación legal del capitán del Prestige, Apostolos Mangouras, con el que informa al tribunal que su representado, «en su condición de pensionista jubilado, no tiene bienes para hacer frente a la ingente responsabilidad civil exigida [2.495 millones de euros], por lo que su pago o cumplimiento resulta ajeno a su voluntad». Mangouras fue condenado a dos años de cárcel por un delito medioambiental, pena que fue suspendida.

La respuesta es una obviedad. Precisamente por esta razón se declaró en su momento responsable civil directo de la marea negra a la aseguradora, el London P&I Club, la única entidad solvente en el entramado del petrolero, pues la armadora Mare Shipping se deshizo de todos sus buques poco después del accidente, precisamente para evitar embargos judiciales. Además, el sistema de empresas pantalla registradas en terceros países está precisamente orientado a eludir este tipo de responsabilidades.

En el escrito se recuerda una serie de argumentos legales que fueron empleados por su defensa a lo largo de todo el procedimiento, como el hecho de que no se respetaron sus derechos fundamentales, una cuestión que con toda seguridad se dirimirá en los tribunales de la Unión Europea.

A la solicitud de la Audiencia para que los responsables detallen los bienes con los que se abonarían las indemnizaciones también responden la armadora y la aseguradora. En el primer caso, Mare Shipping declara que no es titular «de ningún bien en España», como ya era conocido.

En el caso del London P&I Club, la mutua británica con la que los propietarios suscribieron la póliza de los 1.000 millones de dólares, se alega prácticamente lo mismo, con la diferencia de que a la hora de designar los bienes refieren los 22,7 millones de euros que se consignaron en su momento en una cuenta del juzgado de Corcubión. Se trata de la única cantidad que la aseguradora británica está dispuesta a pagar, pues es el límite de responsabilidad que le garantiza el convenio internacional que regula este tipo de accidentes.

La Audiencia coruñesa lanza la orden para lograr los 855 millones del seguro del Prestige

Pablo gonzález
El Prestige, mientras era remolcado mar adentro
El Prestige, mientras era remolcado mar adentro

Los daños suman 2.495 millones, aunque solo se cobrará el 41 % si se gana el pleito en Londres contra la aseguradora

Dos meses después de la sentencia del Tribunal Supremo en la que se determinaban de forma definitiva las indemnizaciones del Prestige, la Audiencia Provincial de A Coruña acaba de dictar la orden general de ejecución para el cobro de los 2.495,4 millones en los que se han valorado los daños y que incluyen, además, los intereses de demora y procesales, así como las costas y gastos del procedimiento. Como solicitaba el Supremo, la Abogacía del Estado y la Fiscalía, la orden incluye disposiciones para intervenir el dinero en jurisdicciones extranjeras, especialmente la británica, donde tiene su sede la aseguradora del petrolero, el London P&I Club. La decisión se toma después de que los principales responsables civiles -el capitán Mangouras, la empresa armadora y la aseguradora- no hayan pagado el dinero voluntariamente, para lo que tuvieron un plazo de 20 días.

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