Los culpables se enfrentan a multas de hasta 150.000 euros

La Xunta modificó varias normas para endurecer las sanciones contra unos vándalos a los que resulta muy compliado coger con las manos en la masa

Una de las pintadas halladas esta semana en el Arco de Palacio, de la catedral de Santiago
Una de las pintadas halladas esta semana en el Arco de Palacio, de la catedral de Santiago

la voz

Suelen escudarse en el anonimato, pero a vándalos como el autor o autores de las pintadas de la catedral su fechoría podría salirles cara. Sobre todo por las dificultades que, a priori, parece que tendrán los especialistas en restauración tendrán a la hora de recuperar los bienes afectados.

El auge de los atentados contra el patrimonio histórico registrado en los últimos años ha hecho que la Xunta se ponga en guardia modificando hasta tres normas diferentes para poder endurecer las sanciones contra los vándalos. Desde el pasado uno de enero, hacer una pintada como la de la escalinata de la catedral implica multas que pueden llegar hasta los 150.000 euros desde la entrada en vigor de la nueva Lei de Patrimonio Cultural.

Dependiendo de la gravedad del ataque, la multa contra un inmueble declarado Bien de Interés Cultural (BIC) como la catedral puede oscilar entre los 6.000 y los 150.000 euros. Ese es el baremo establecido para «las pintadas, incisións e outros actos vandálicos» que causen destrozos de importancia en un bien que esté catalogado. En el caso de que el daño pueda repararse las multas podrán variar entre los 300 y los 6.000 euros. Todo dependerá de la valoración particular que se haga de cada caso.

Aunque estas sanciones pretenden convertirse en un arma para disuadir a los vándalos como indicó en su día en una entrevista el director del Instituto Galego de Vivenda e Solo, Heriberto García, fuentes relacionadas con el patrimonio histórico abogan también por la educación para frenar unos actos que tocan todo tipo de bienes. Para ello, es fundamental conocer el valor artístico y patrimonial de los bienes atacados.

Las multas no solo castigan los ataques al bien protegido, también aquellos ataques que se producen en su entorno o aquellos que atentan contra el mobiliario público. De este modo, en el caso de que la pintada fuera realizada en el entorno de un BIC, las sanciones pueden variar entre los 300 y los 6.000 euros. Hasta ahí llegan las multas cuando la pintada fuera realizada contra un edificio o un elemento ubicado en la vía pública. El problema para que estas puedan aplicarse es que habría que coger a los autores en el momento en que cometen el atentado contra el patrimonio o bien obtener pruebas sólidas de que fueron ellos.

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