La autopista AP-46 de Málaga incrementa sus tarifas un 1 % para sufragar su ampliación
18 abr 2019 . Actualizado a las 19:18 h.El Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero adoptó en el 2011 la fórmula de cargar a los usuarios de la AP-9 los costes de ampliación de la autopista en Rande y Santiago. Con dicha medida el Ejecutivo evitaba que el gasto en las obras de mejora de la autopista engrosase las cuentas del déficit público en plena crisis y en un momento en el que los organismos financieros internacionales vigilaban la marcha de las economías con peligro de precisar rescates. Siete años después, los usuarios de la principal autopista gallega han empezado a pagar la factura de 220 millones de euros de las obras con un 1 % de subida acumulada durante 20 años de las tarifas de la AP-9 y un 8 % de intereses que Audasa cobrará también durante todo ese tiempo. Un importe global que la Consellería de Infraestruturas cifra en 1.463 millones de euros cuando se acabe de pagar la factura en el año 2038.
Pero la que se presentó como un solución original y extraordinaria para sortear la crisis sin dejar de actuar sobre la capacidad de la autopista para evitar su colapso es de nuevo adoptada ahora por el Ministerio de Fomento haciendo de la fórmula de la AP-9 un modelo que ya pende sobre el resto de las concesiones viarias que requieran, al menos, obras para ampliar sus capacidades.
El actual Ejecutivo central ha acordado autorizar en la AP-46 malagueña una subida extraordinaria de un 1 % acumulativo durante 14 años para que la concesionaria del vial recupere los 24,3 millones de euros que costarán dos nuevos accesos a la autopista. El ministerio cuenta con que pese a esa subida, a mayores de lo que cada año dicte la evolución del IPC, la concesionaria capte más tráfico y por tanto logre más ingresos, pero aun así le concede otro blindaje al autorizar que pasen a ser temporada alta, y por tanto con peajes más caros, en lugar de los 139 días actuales de la etapa estival, un total de 250 jornadas al año.
La autopista Málaga-Las Pedrizas sigue así la estela de la AP-9 de cargar a los usuarios el coste de sus mejoras, librando así a la Administración central y a sus accionistas de asumir un coste que redundará en una mayor calidad de servicio y por tanto capacidad de atracción de usuarios.
Participada por Abanca
Guadalcesa es la sociedad que explota el vial que verá ahora incrementar el precio de sus peajes, siendo sus accionistas Sacyr, Unicaja y Abanca, que ya solo cuenta con esta concesión viaria tras vender su participación en la empresa matriz de Audasa.
Fomento aduce que las obras tanto de Galicia como de Málaga, alteran el equilibrio económico financiero de las concesionarias del vial, por lo que le resulta obligado establecer medidas de compensación a las empresas.
Como ocurrió en Rande y en el tramo de circunvalación de la AP-9 en Santiago, el ministerio hizo ver a las concesionarias la necesidad de ampliar carriles en el caso gallego, o de ejecutar nuevos accesos en el andaluz, para evitar colapsos dentro de la autopista o fuera de ella, como ocurre en las conexiones de entre Málaga y sus polígonos industriales.
El PSOE gallego llegó a pedir al final del mandato de Mariano Rajoy que Fomento se hiciese cargo del coste de las obras de ampliación de Rande y Santiago, pero dicha demanda ha caído en el olvido con la llegada al Gobierno de Pedro Sánchez, y ahora se vuelve a reproducir en Málaga como fórmula para sufragar obras sin perjudicar a las sociedades concesionarias ni a las arcas públicas.
Las autopistas quebradas disparan sus tráficos por las rebajas del Gobierno, mientras en Galicia aumentan menos del 2 %
La primera medida que el Ministerio de Fomento tomó al hacerse cargo de las nueve autopistas quebradas en los alrededores de Madrid, Cartagena y Alicante fue bajar sus precios y convertirlas en gratuitas por las noches para tratar de captar más usuarios y fidelizar su utilización. Las concesiones asumidas por la Sociedad Estatal de Infraestructuras del Transporte Terrestre (SEITT) vieron así bajar desde mediados de enero a 0,0826 euros el precio por cada kilómetro, cuando antes de ser asumidas por el Estado llegaban a 0,1549, como en el caso de la M-12 de conexión de Madrid con Barajas. Dicha rebaja situó al conjunto de las autopistas rescatadas por debajo en precios a la media de la red de autopistas de España y también de la AP-9, que además sufrió en octubre pasado una doble subida y en enero tres incrementos más, hasta elevar el peaje por kilómetro recorrido en 0,1088 euros, si bien llega a 0,316 en el tramo de Vigo a Redondela y a 0,177 en el de Vigo a Pontevedra, los dos más caros de toda la autopista.
Bajadas para captar usuarios
Fomento argumentó la bajada de precios en las autopistas que explota directamente en la pretensión de «incentivar su uso, lo que contribuirá a la mejora de las condiciones de circulación y de seguridad vial, así como a su mayor rentabilidad».
El cierre de enero, el primer mes de aplicación de las rebajas, aunque se adoptaron el día 15, refleja en la mayoría de los viales rescatados un incremento espectacular de sus tráficos. De las nueve autopistas asumidas por la Administración central, siete han tenido aumento de usuarios, logrando crecimientos muy superiores a la mayoría de las concesiones viarias de España y a la media del sector. Mientras que el conjunto de las autopistas subieron en enero un 4,7 % en número de vehículos, las quebradas llegaron a un 12 % en el caso de la circunvalación de Alicante; un 11,7 % en el de la autopista Madrid-Toledo, o un 10,7 en la de Ocaña-La Roda.
En total, las nueve rescatadas juntas tuvieron 50.530 usuarios más que en enero del año anterior, cuando aún no dependían directamente de la empresa pública creada para hacerse cargo de las autopistas quebradas. No hay ningún vial que supere el balance de enero de estas autopistas, y en el caso gallego las dos de competencia estatal se quedan muy lejos. La AP-9 crece un 1,7 % y suma 11.191 coches en todo enero más que en el mismo mes del 2018. La AP-53 (Santiago-Dozón) creció un 1,9 % con 3.379 coches más.
