Fomento evita a las autopistas quebradas gastos que sí suben los peajes en la AP-9

El Gobierno socialista rechaza por primera vez de forma expresa el traspaso del vial a la Xunta

El peaje de Teo, en la autopista del Atlántico
El peaje de Teo, en la autopista del Atlántico

vigo / la voz

Todos los gastos e inversiones que se han hecho en la autopista AP-9 redundan bien en el precio de sus peajes o en la extensión del tiempo de concesión en manos privadas de la infraestructura. Así ha sido hasta ahora y así ha ocurrido también con las recientes ampliaciones del vial en Rande y Santiago, o la gratuidad del viaje de vuelta en el eje Vigo-Pontevedra, acciones repercutidas en alzas en los peajes de la AP-9 en octubre pasado y en enero de nuevo, y así seguirá ocurriendo en los próximos 19 años.

Pero la amortización de los gastos e inversiones en las tarifas de las autopistas ha dejado de ser desde este jueves una regla automática, al menos en las mantenidas económicamente por los presupuestos del Estado. El Ministerio de Fomento aprobó sacar a concurso seis contratos de conservación y mantenimiento de las nueve autopistas quebradas y que han sido asumidas por la empresa pública Seittsa. De las arcas públicas saldrán cada año para dichas acciones 42 millones de euros por un plazo total de tres años prorrogables hasta cinco. Es decir, que de agotarse el período máximo establecido, Fomento se hará cargo de aportar 210 millones de euros al sostenimiento de las autopistas rescatadas, importe prácticamente idéntico al que costaron las obras de ampliación de la AP-9 y que, sin embargo, en el caso de Galicia tendrán que sufragar los usuarios del vial de pago durante veinte años y con un interés del 8 % que al final convertirán los 220 millones que costaron las obras en 1.463 millones, como ha calculado la Xunta.

Fomento calcula que las concesionarias que construyeron y explotaron en sus inicios las nueve autopistas quebradas dejaron de invertir 320 millones de euros en conservación y mantenimiento de los viales en los últimos años, situación que se apunta reparará la Administración central, además de pagar a las empresas por los gastos realizados en la creación de las infraestructuras, cifra que se estima superará los 2.000 millones de euros.

No al traspaso de la AP-9

Y si el ministerio daba a conocer este jueves su voluntad de afrontar los gastos de las autopistas rescatadas, también trascendía en la misma jornada su rechazo a traspasar a la Xunta la titularidad de la AP-9. En respuesta a una pregunta al respecto realizada por la diputada de En Marea Yolanda Díaz, el Ministerio de Fomento respondía por escrito que «se considera oportuno mantener la AP-9 en la red de carreteras del Estado bajo la competencia de la Administración del Estado».

El Gobierno de Pedro Sánchez hace suyos exactamente los mismos argumentos que en su día ya esgrimió el Ejecutivo de Mariano Rajoy para oponerse a la transferencia de la autopista a Galicia. Así, Fomento resalta que la AP-9 tiene continuidad en Portugal a través de la «autovía estatal A-55» en sus últimos kilómetros que empatan con el puente internacional de Tui. Añade que el vial de pago conecta las áreas de influencia de los cinco puertos gallegos de interés general y los dos puertos exteriores, así como con los tres aeropuertos. Por ello estima que la AP-9 debe de seguir en manos de la Administración central, y también además por desconfianza con que la Xunta acabe por rescatarla y hacerla gratuita, siendo el Estado quien tendría que indemnizar a Audasa en ese caso. «Debe de tenerse en cuenta el elevado coste que supondría el rescate de la concesión antes de su finalización», alude expresamente el Gobierno socialista para acabar de rechazar por primera vez de forma expresa la transferencia de la AP-9 a la Xunta.

Sacyr le da a Corsair por sorpresa el control de Itínere

Todo parecía bloqueado a la espera de resolución de hasta cinco pleitos judiciales, pero la constructora Sacyr dio un golpe de efecto al dar a la gestora de fondos de inversión internacionales Corsair el control absoluto de Itínere, la empresa matriz de la concesionaria de la AP-9.

Los abogados de los fondos inmersos en Itínere y los de la constructora Sacyr encontraron una rendija en la colección de autos, medidas cautelares y pleitos que impedían a la empresa española vender la participación clave para dirimir si el control del conglomerado empresarial de concesiones de autopistas se queda en manos de Corsair o pasaba a Globalvia. Y lo ejecutaron a primera hora de este jueves.

Sacyr anunció la venta de su 15,51 % de las acciones en Itínere Infraestructuras a Itínere Investco, sociedad de fondos de inversión con sede en Holanda y que es gestionada curiosamente por Corsair. A cambio de 202 millones de euros, Corsair pasa a gestionar ahora el 60,19 % de las acciones de la empresa matriz que explota la AP-9, y Globalvia se queda como accionista minoritario después de haber gastado 521 millones de euros en comprar sus participaciones a Abanca y a Kutxabank. Ni siquiera tendrá puesto en el consejo de Administración pese a ostentar el 39,31 % de las acciones de Itínere. Eso sí, Globalvia anunció nuevos pleitos contra la venta de Sacyr, a la que le reclama 100 millones de euros por no atenerse al preacuerdo de venta que habían firmado en su favor y conjuntamente con Abanca y Kutxa.

Pero Corsair entiende que la compra que publicitó no es más que la anunciada en septiembre pasado junto a la holandesa APG, y que quedó paralizada por medidas cautelares de un juzgado de Madrid que las levantó la semana pasada. La operación, aducen, se formalizó dos días antes de que la Corte de Arbitraje volviese a paralizar la venta ya consumada por parte de Sacyr.

El Congreso dedica 19 segundos en su último pleno a la transferencia de la infraestructura

La décimo segunda legislatura de la democracia vivió este jueves su último pleno en el Congreso con la transferencia de la AP-9 como su penúltimo asunto de discusión antes de conocer el dictamen que los diputados han venido elaborando sobre la crisis financiera en España. La autopista gallega solo ocupó a sus señorías 19 segundos, más otro tiempo similar para llevar a cabo la votación sobre si se consideraba necesario o no acelerar el traspaso a Galicia de la titularidad del vial. El escaso tiempo de protagonismo fue el estrictamente necesario para leer el punto del orden del día y remitir la resolución a la votación prevista para el final de la mañana.

La mayoría del Congreso optó por dar un sí a apurar la petición de transferencia realizada por unanimidad por el Parlamento de Galicia. Se consignaron 309 votos a favor de acelerar los trámites y 32 en contra, los de todos los diputados de Ciudadanos, preocupados porque se extiendan peticiones similares por el resto de las autonomías y vacíen de contenido y control a Fomento sobre la red de autopistas del Estado.

Sin valor alguno

Pero tal avalancha de respaldos a tratar de manera directa y en lectura única, pese a la oposición a la transferencia que ya ha hecho pública el Ministerio de Fomento, no tiene valor alguno. La disolución de las Cortes el próximo martes impedirá que la petición de los parlamentarios gallegos pueda ser tratada en un pleno posterior. Solo faltó pues una reunión más en sesión plenaria del Congreso para materializar el traspaso de la AP-9. Pero de haber habido esa posibilidad, está por ver que las adhesiones tuvieran el mismo volumen; que los diputados del PSOE votasen a favor, conocido ahora el criterio del Gobierno central, y que incluso desde los escaños del PP se diera apoyo a la transferencia, que tanto la Xunta como los propios populares han hecho constar vía enmiendas, solo se otorgaría si se garantiza que las obras pendientes de la AP-9 las pagará Fomento, que las ampliaciones hechas en la autopista dejarán de repercutirse en subidas en los precios de los peajes, o que el mismo ministerio sufragará un descuento del 25 % en las tarifas del vial para los viajes de ida, para igualar el 25 % que Audasa rebaja en los de vuelta.Las nuevas Cortes tendrán que tramitar desde el inicio todo el proceso de transferencia.

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