Los nuevos juzgados de lo social no bastarán para aliviar la carga acumulada en Galicia

Prácticamente un año. Concretamente, once meses de espera para un asunto «muy urgente». Ese es el tiempo que deberá aguardar por el juicio un trabajador que el pasado octubre presentó una demanda en un juzgado de lo social de Galicia después de que su empresa modificara sus condiciones laborales. «Porque aunque este tipo de procesos están calificados como muy urgentes por la ley _como explica la abogada laboralista Emilia Pardo, del bufete Pérez-Lema que lleva el caso_ no tienen ni que pasar por el Servicio de Mediación Arbitraje y Conciliación (SMAC) ni pueden recurrirse, para acelerar el proceso, la realidad es otra».

Este asunto presentado en octubre pasado fue aceptado a trámite en febrero, pero el juicio para resolverlo no se celebrará hasta septiembre. «La ley dice que hay que señalar el juicio en un plazo tope de cinco días desde que la demanda es admitida a trámite, pero aquí el problema es lo que han tardado en admitirla. Es un caso muy llamativo porque, aunque todo depende del caso, una modificación de condiciones laborales puede implicar desde un cambio de horario que repercuta directamente en la conciliación hasta un cambio de categoría que puede implicar una bajada de salario de 200 o 300 euros cuando conlleva una bajada de categoría».

Este asunto real es uno de los que entraron en los juzgados de lo social en el último trimestre del 2018 sumándose a la larga estadística de casos que hacen cola en estas salas. Al final del tercer trimestre del año pasado (último dato hecho público en su web por el Consejo General del Poder Judicial) en los juzgados de lo social de Galicia estaban en trámite 24.974 asuntos. No solo eso. En ese mismo período los casos entrantes superaron en más de mil a los resueltos.

El caso relatado por la abogada Emilia Pardo prueba además que no mienten las estadísticas en las que se apoya la comisión de justicia formada por la Xunta y el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) para pedir un nuevo juzgado de lo social para Lugo _el Gobierno rectificó esta semana y avanzó que dará luz verde al de Santiago rechazado en un primer momento_, una ciudad en la que algunos señalamientos estaban colocándose ayer para octubre del 2021.

El pasado 29 de diciembre el Boletín Oficial del Estado publicó un acuerdo alcanzado entre el Consejo General del Poder Judicial y el Ministerio de Justicia en el que se determinan los parámetros para medir la carga de trabajo de los órganos judiciales. En el caso de los juzgados de lo social establece 800 asuntos por órgano y año, un baremo que superan con creces en Vigo, Santiago y Lugo.

El porcentaje en el que superan el baremo lo desgranó el director xeral de Xustiza, Juan José Martín, quien explicó que «una vez repasados los datos de todo el 2018, los juzgados de Vigo (el ministerio dio luz verde desde el primer momento a un nuevo juzgado en la ciudad) superan ese módulo en un 165 %; el de Santiago en un 151 %, mientras que el de Lugo (el que aún no ha concedido el Ministerio) lo hace en un 145 %». Pero incluso aunque el Gobierno central hiciera una segunda rectificación y diera luz verde al deseado nuevo juzgado de lo social para Lugo, el atasco continuaría porque es un colapso que se arrastra desde hace años. «Un nuevo juzgado ayuda, claro que ayuda, pero no es una solución mágica. Hay que aportar también medios tecnológicos, personales...», explica Susana Santos, delegada de personal de CSIF en Lugo.

Más medios

Que no acabaría con un embotellamiento que se hizo especialmente patente durante los años de la crisis lo demuestra lo que está ocurriendo en A Coruña, donde el 1 de enero del 2018 se abrió un nuevo juzgado de lo social. «Está claro que un nuevo organismo libera las entradas de asuntos, pero es preciso dotar a todos ellos de más personal y medios tecnológicos», apunta el abogado laboralista Juan Fontenla Pérez. Además, apunta que en estos momentos en A Coruña hay procedimientos no urgentes como asuntos relacionados con la seguridad social que se están marcando para el 2021.

Lo que está claro, como apunta el decano del Colegio de Procuradores de A Coruña, Javier Sánchez, es que «para quien tiene un pleito, el suyo es el de mayor importancia». De ahí la importancia de fomentar la unidad judicial para materializar un cambio en el sector de la Justicia que agilice los procesos: «La estructura y el modelo judicial actuales están agotados. Hay que buscar un modelo más eficiente y dotarlo de medios humanos y materiales», concluye.

Lugo sigue sin nueva sala, pese a señalar juicios para el 2021

Los abogados lucenses especialistas en asuntos sociales, según informan Xosé Carreira y Marta de Dios, comenzaron a recibir en los últimos días citaciones para juicios de esta materia para finales del año 2021. La situación, dicen, resulta insostenible. Ahora mismo, una persona que solicite el reconocimiento de algunos tipos de pensión tiene que esperar hasta tres años por una resolución judicial. «¿Qué hace alguien que durante tres años no va a tener ningún tipo de ingreso?», se preguntó ayer un letrado de la ciudad. El espectacular retraso afecta especialmente al Juzgado de lo Social número 3.

En la ciudad hay clamor entre algunas instituciones por el rechazo a crear una cuarta sala en la ciudad. Ayer, el pleno de la corporación municipal se pronunció de forma unánime en una declaración institucional para que dicha oficina judicial sea implantada en Lugo. Incluso estaba previsto el espacio necesario en los juzgados de la ciudad. La alcaldesa anunció que reclamará una entrevista con la ministra de justicia.

La medida de privar a Lugo de la nueva sala sorprende porque, indicaron algunos abogados, fue tenida en cuenta la petición de Santiago que solo tuvo 60 casos más que la capital lucense en el transcurso del pasado año.

Hasta tres años de espera y 3.000 casos atascados en Santiago

El cuarto juzgado de lo social que el Gobierno central finalmente ha aceptado crear en Santiago es una urgente necesidad y una demanda unánime de jueces, abogados, procuradores, funcionarios y partidos políticos desde hace ya cinco años. La razón, según informa Xurxo Melchor, es que estas salas son las segundas que más carga de trabajo soportan en Galicia, solo después de las de esta misma jurisdicción en Vigo.

El exceso de asuntos ingresados anualmente ha hecho que haya unos 3.000 atascados en los juzgados de lo social compostelanos. Cada año, reciben una media de 1.200 cada uno de ellos, cuando el límite fijado por el Consejo General del Poder Judicial es de 800. Una vez entre en funcionamiento la nueva sala, los 3.600 casos anuales que atienden se repartirán entre cuatro, por lo que tocarán a 900 cada una, aún por encima de lo recomendado. El colapso ha hecho que los retrasos lleguen a los tres años en las reclamaciones de salarios adeudados a trabajadores o en las incapacidades laborales.

Además de en social, en Santiago también está colapsado el juzgado de primera instancia que recibe los asuntos de familia y los de lo contencioso-administrativo. En ambos llega a haber esperas de más de dos años para dictar sentencia.