La Xunta primará en la contratación pública a las empresas que tengan políticas de conciliación

Feijoo mantiene un tenso debate con la oposición por en torno a la convocatoria del 8-M y los pactos con Vox


Santiago / La Voz

El Gobierno gallego impulsará una iniciativa para primar en las contrataciones y concursos públicos a las empresas que acrediten disponer de planes de conciliación, normalmente concebidos para facilitar que sus trabajadores puedan compatibilizar diferentes roles asumidos en el entorno laboral, personal o familiar, como el cuidado de sus hijos. La medida la avanzó este miércoles el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijoo, en una sesión de control del Parlamento muy marcada por la proximidad del 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, y que pivotó de forma monográfica sobre las políticas de igualdad de la Xunta.

Durante el cara a cara que mantuvo con el portavoz socialista, Xoaquín Fernández Leiceaga, que emplazó a Feijoo a impulsar más medidas para combatir el declive demográfico, el mandatario autonómico apeló al realismo para advertir que la baja natalidad que se registra en Galicia «non se pode resolver no prazo curto», pues se trata de un problema que afecta a casi toda Europa. Y aunque el presidente admitió que la acción de su Gobierno tiene poco que ver con el repunte del índice de fecundidad de las gallegas, sí puso en valor que su Administración fue la que más incentivos creó para la natalidad, que van desde las exenciones fiscales por hijos y al incremento de los permisos de maternidad y paternidad hasta la creación de la Tarxeta Benvida, que tuvo ya 40.000 beneficiarios.

A mayores, Feijoo advirtió que en la Xunta pagó en el 2018 en torno a 550.000 facturas a firmas proveedoras. Y anunció que su Gobierno propondrá que las empresas que acrediten disponer de planes de conciliación «teñan máis puntuación para as contrataciónas da Xunta».

El debate que mantuvo Feijoo con los portavoces de En Marea y el BNG, Luís Villares y Ana Pontón, respectivamente, se centró más en la huelga feminista convocada para el 8-M, pues los dos portavoces opositores coincidieron en acusar al presidente de la Xunta de torpedear el año pasado la participación en dicha protesta con el establecimiento de los servicios mínimos. Pontón evocó varias sentencias en las que la Administración gallega fue condenada por «poñer servizos mínimos maliciosos para impedir que as mulleres poideran ir á folga». Villares ahondó en lo mismo, y el jefe del Ejecutivo remarcó que se establecieron servicios mínimos en 120 departamentos, de los cuáles la Justicia solo obligó a modificar cinco.

Otro aspecto que desde la oposición afearon al también líder del PPdeG son las valoraciones de Pablo Casado, el presidente del partido, acerca del aborto o lo que Villares denominó «pactos segredos con Vox». Feijoo no se dio por aludido, y respondió al portavoz de En Marea que para saber cómo le iba a Vox habría que preguntárselo a los nacionalistas, «porque agora resulta que os militantes da CIG e do BNG se pasan a Vox», dijo, en medio de una sonora carcajada de la bancada popular, al evocar el caso de Ramón Maceiras, exresponsable de comunicación del sindicato nacionalista que ahora es un agitador del ideario del partido de Santiago Abascal.  

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