Concellos y consorcios deberán tener un plan de emergencias contra sequías

La Xunta prevé aprobar antes de junio el anteproxecto de Lei de Medidas de Garantía do Abastecemento en Episodios de Seca ou Risco sanitario,  documento que luego deberá enviar al Parlamento

Imagen del embalse de Belesar, en Portomarín, tomada en diciembre del 2017, en plena sequía
Imagen del embalse de Belesar, en Portomarín, tomada en diciembre del 2017, en plena sequía

redacción / la voz

Hace poco más de un año, en octubre del 2017, la sequía se convirtió en un problema en Galicia. La demarcación Miño-Sil y media docena de los diecinueve sistemas de la demarcación Galicia Costa entraron en alerta. El nivel de los ríos era tan bajo que en muchos núcleos rurales tenían que realizar cortes diarios de suministro. En concellos como Xermade, en la provincia del Lugo, comenzaron a buscar nuevos manantiales donde abastecerse, mientras que en Guitiriz hubo que llevar agua diariamente a casas y granjas. Lejos de arreglarse, el problema fue en aumento. Tanto que solo dos meses más tarde la Xunta sopesó declarar la emergencia como «algo máis que probable». No era para menos. Porque grandes ciudades como Vigo hicieron saltar las alarmas al advertir de que tenían agua potable para únicamente 25 días. Evitar llegar hasta ese punto es lo que pretende ahora el Ejecutivo autonómico con la aprobación del anteproyecto de Lei de Medidas de Garantías do Abastecemento en Episodios de Seca ou Risco Sanitario.

La nueva norma, una vez aprobada, obligará a concellos o consorcios encargados de abastecer de agua a las distintas poblaciones a disponer de un plan de emergencia ante sequías. No importa que estas estén en la demarcación Galicia Costa o en la de Miño-Sil porque todas deberán tenerlo. Las administraciones públicas que sirvan a más de 20.000 habitantes tendrán que elaborar su propio documento, mientras que aquellas que tengan a su cargo menos de 20.000 vecinos podrán elaborarlo con el apoyo de la Diputación, que deberá cooperar con los ayuntamientos tanto en la confección de esos documentos como en la financiación de las actuaciones que sean precisas en cada caso.

Para terminar el plan de emergencia, las administraciones públicas correspondientes tendrán un plazo de dos años desde la aprobación de la ley.

Tras haber terminado este jueves el plazo de presentación de alegaciones (solo se han recogido tres que no afectan al fondo de la norma), fuentes de la Consellería de Infraestructuras avanzaron que está previsto que el Consello de la Xunta dé luz verde al documento en el primer semestre del año. Con todo, aclaran en esas mismas fuentes, que más allá de las medidas de aplicación en toda Galicia, hay otras mucho más específicas que únicamente serán de obligado cumplimiento en el territorio competencia de la demarcación hidrográfica Galicia Costa.

Uno de los motivos de la elaboración de esos planes de emergencia es, como indicaron desde la consellería, «é coñecer as debilidades dos sistemas concretos de abastecemento. ter uns modelos de indicadores ou alertas da situación e prever medidas de aforro e xestión das diferentes casuísticas e ter un medio de subministro alternativo».

Auditorias en la red

La ley, tal y como recoge el borrador en tramitación, pretende dar mayor agilidad a los organismos públicos para poder llevar a cabo las obras necesarias para garantizar que ningún gallego quede al margen del suministro de agua. De hecho, regula el régimen de expropiación forzosa para adecuar los plazos y los trámites a la celeridad requerida para dar respuesta a este tipo de casos de emergencia. Además, habrá que realizar auditorías a las redes de abastecimiento para evitar pérdidas de agua.

Augas de Galicia podrá requisar el derecho de aguas privadas de pozos, fuentes o minas

Garantizar el suministro en un momento en el que los efectos del cambio climático comienzan a hacerse cada vez más patentes es el objetivo prioritario de la nueva ley que tramita la Xunta. Por esa razón, en caso de sequía el documento apunta que, «con carácter temporal e mentras a seca se manteña, Augas de Galicia poderá mesmo ordenar a requisa dos dereitos de augas privadas procedentes de fontes, chafarices, pozos, galerías e minas de captación de auga».

Al mismo tiempo, dentro de la demarcación hidrográfica Galicia-Costa, el organismo dependiente de la Consellería de Infraestructuras podrá ordenar, a petición de las entidades locales que no puedan ejercer sus competencias en el ámbito del abastecimiento, que se suministre agua de caudales destinados a otros usos. Esa medida tendrá carácter temporal y solo podrá llevarse a cabo previo informe de la autoridad sanitaria competente.

Las tarifas

Otro de los puntos en los que hace hincapié el documento es la tarifa que deberán marcar las administraciones vía ordenanza. El proyecto de norma indica que, a través de la tarifa «incentivarase o uso eficiente da auga e recuperaranse os custos do servizo, cunha repartición xusta entre os diferentes usuarios». Además, las administraciones públicas deberán informar a la Xunta, cuando esta lo pida, el volumen de agua que están empleando para ofrecer diferentes servicios públicos en su territorio competencial.

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