La Xunta asegura que Fomento puede evitar 1.463 millones en peajes en la AP-9 si paga 223
GALICIA
Plantea que abone las obras de Rande en cinco años para que Audasa no sume subidas extras de un 27 % hasta el año 2043
19 feb 2019 . Actualizado a las 17:26 h.«Es un clamor social», «un desequilibrio territorial», «un escándalo», «un negocio para Audasa». La conselleira de Infraestruturas, Ethel Vázquez, deslegitimó así este lunes el acuerdo que la concesionaria de la AP-9 y el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero alcanzaron en el 2011 para sufragar, a base de subidas en los precios de los peajes, las obras de ampliación de la autopista en Rande y Santiago. Estima la conselleira que la empresa es la única beneficiada por un acuerdo, que con un 1 % de subida anual extraordinaria de los peajes, encarecerá sus tarifas en un 26,93 % hasta el año 2043.
La Xunta asegura que ha tenido en las últimas semanas conocimiento de la letra pequeña y de condiciones nunca hechas públicas del acuerdo establecido para ampliar la autopista, concluyendo que son decisiones que no se han implantado en ninguna otra autopista de España y que Galicia no debería asumir, máxime ante el escenario de rebaja de los peajes de las concesiones quebradas que ha asumido el Estado, o la liberación de media docena de concesiones viarias en el resto del país entre el año pasado y el 2021.
El resumen de dicho diagnóstico se argumenta en el hecho de que para pagar los 223,22 millones de euros que costaron las obras de Rande y Santiago, los usuarios de la AP-9 tendrán que pagar en total 1.463,05 millones, solo con las subidas extraordinarias con las que Audasa amortizará las ampliaciones del vial, quedando al margen las actualizaciones de precios que por el IPC se marquen para el sector cada año.
Ethel Vázquez aseguró que el Gobierno central puede evitar ese desembolso a los automovilistas gallegos si asume el coste de las obras, factura que su departamento calcula en 53,19 millones de euros al año durante cinco ejercicios.
Para determinar dicha cifra la consellería ha desgranado los importes que figuran en el real decreto del 2011 de compensación a Audasa, llegando a la conclusión de que son «muy lesivos» para los gallegos. Destaca la Xunta que se le otorgó a la concesionaria un 8 % de intereses en las cuantías pendientes de cobrar durante 20 años por las obras, cuando la empresa obtuvo algo más del importe necesario para la ampliación a un interés del 4,75 %.
A sus críticas Ethel Vázquez añade que mientras se introdujeron cláusulas de revisión del IPC o de la intensidad de tráfico para revaluar dicho interés si fuera necesario, no se contempló el análisis de la evolución de los precios de financiación del mercado.
La Xunta añade que el Gobierno de Zapatero le concedió además a Audasa pagos por conservación de tramos nuevos y sin necesidad inicial de mantenimiento, o la cobertura de un incremento del impuesto de sociedades por aumento de usuarios y recaudación gracias a la ampliación de la autopista, lo que Vázquez considera «muy lesivo» para los gallegos y un «negocio garantizado» para la concesionaria, a la que entiende que habría que imponer un nuevo convenio, aunque lo recurra.
Petición del 25 % de rebaja en viajes de ida y vuelta, para todos y todos los días
Tras asegurar que exigir el rescate de la AP-9 «no es realista, por tener un coste de miles de millones de euros que habría que restar de otras partidas vitales», la conselleira Ethel Vázquez ahondó ayer en la petición que la Xunta hará al nuevo Gobierno central (ya avanzada por el presidente gallego) para que Galicia deje de tener que asumir uno de los peajes más elevados de España. La Consellería de Infraestruturas reclama que el 25 % de descuento que Audasa hace ahora en los viajes de vuelta en el día, se extienda, a cuenta del Ministerio de Fomento, también al de ida. Plantea además que los transportistas puedan beneficiarse de ambas medidas, ahora están excluidos de rebaja alguna, y que dicho modelo esté activo también los domingos.
Según las estimaciones del departamento de Vázquez, el primer año de dicha medida tendría un coste de 12,9 millones de euros, cantidad que consideran asumible junto a la de la asunción también por Fomento de las obras de ampliación, dado que redundaría en una mayor igualdad y equilibrio territorial en España, mejoraría la competitividad, incentivaría el uso de la autopista y contribuiría a mejorar la seguridad viaria en las carreteras convencionales próximas.
Sacyr ya puede vender su parte de Itínere, pero bajo riesgo de anulación
Hace siete meses que Globalvia anunció la compra de la mayoría de Itínere, la empresa matriz de Audasa, y han pasado también cinco meses desde que el fondo holandés APG y la norteamericana Corsair contraatacaron anunciando la adquisición de una parte del paquete accionarial adquirido por su rival. Ninguna de las dos operaciones se ha sustanciado aún, al interponerse hasta siete pleitos cruzados entre accionistas.
Sin embargo, en las últimas horas se ha eliminado uno de los obstáculos levantados en pleno cruce de demandas, aunque pueda no propiciar que se active definitivamente la venta de la empresa matriz de la AP-9. Fuentes conocedoras del proceso judicial certificaron ayer que los juzgados de lo mercantil de Madrid han levantado las medidas cautelares solicitadas por Globalvia contra Sacyr para impedir la venta de sus acciones a APG y Corsair, fondo este último que dirige Itínere. Con esta decisión Sacyr podría vender ya su 15,51 % a los fondos extranjeros que pretenden sus títulos, pero se expone a que la sentencia final no le dé la razón en la venta, o que los otros pleitos abiertos consideren como prioritaria la oferta que Globalvia hizo a la misma constructora, a Abanca y a Kutxabank para hacerse con el 40,11 % del capital de Itínere.
Fuentes consultadas estiman que será difícil que Sacyr tome por ello una decisión a favor de la venta de sus acciones a Corsair, pues se espera además que entre abril y mayo se emita el fallo judicial que determine si es preferente o no el derecho de tanteo de los fondos de inversión extranjeros sobre las acciones de la constructora española, o si ese tanteo se invalida al no ejecutarse sobre las participaciones de Abanca, Kutxa y Sacyr y hacerlo en cambio solo sobre las acciones de esta última. Los pleitos en curso dependen de juzgados de lo mercantil de Madrid y de la Corte de Arbitraje.
