1.500 euros por grabar y publicar un vídeo de la Guardia Civil en un bar

El autor insultó a los agentes en el comentario de las imágenes captadas en Monforte


Redacción / La Voz

Subió un vídeo a su perfil de Facebook denunciando una situación que no le encajaba. Lo que posiblemente no sabía era que esa grabación y su posterior publicación le iban a costar tan caras. La Agencia Española de Protección de Datos ha sancionado con 1.500 euros al autor de un vídeo en el que se difundía la imagen de unos agentes de la Guardia Civil en un bar.

Todo sucedió el 7 de mayo del año 2017 en Monforte de Lemos. Según se explica en la resolución del procedimiento sancionador, dos agentes de la Guardia Civil se detuvieron en torno a la una y media de la madrugada en el exterior de un establecimiento de hostelería de la plaza de España. Esa escena fue grabada por una persona que, a su vez, difundió las imágenes a través de Facebook. El vídeo estaba acompañado por un comentario despectivo: «Así es como trabajan estos hijos de puta un sábado por la noche».

Lo que podría haberse quedado en un anécdota acabó yendo a más. Según explica la Agencia de Protección de Datos, tres días después de la grabación, el 3 de mayo, el agente fue alertado del vídeo que estaba circulando por Internet así que presentó una denuncia en la comandancia de la Guardia Civil de Monforte.

 «Así es como trabajan estos hijos de puta un sábado por la noche»

«En este caso hay un particular que captó la imagen de otra persona. No tenía su consentimiento. Además, acto seguido difundió ese vídeo en Facebook. Hay un tratamiento que vulnera la norma», explica Alicia Piña, abogada experta en la materia. El resultado: una infracción tipificada como grave con la consecuencia de una multa de 1.500 euros.

¿Grabación o difusión?

El conflicto en este caso no tiene que ver solo con la difusión de las imágenes. El primer ilícito viene de su captación. «Todos tenemos derecho a la protección de datos. No se puede captar nuestra imagen sin nuestro permiso», explica Alicia Piña. Es decir, el autor de ese vídeo tendría que haberle pedido autorización a los agentes para grabarles y, a continuación, contar también con su permiso para publicar estas imágenes en Internet. El agente asegura en la denuncia que no se percató de que estaba siendo grabado, que no se le informó y que para nada prestó su consentimiento.

Los agentes fueron grabados mientras tomaban un refrigerio en un local de hostelería La resolución de la Agencia explica además que los agentes estaban realizando un descanso reglamentario «con el fin de tomar un refrigerio». Incluso se detalla la escena explicando que el agente denunciante se encontró en el exterior del bar con unos vecinos de Monforte con los que entabló conversación. «No es habitual que los cuerpos de seguridad del Estado denuncien estos casos. Lo que la gente normalmente no sabe es que no tenemos derecho a grabarlos por mucho que sean agentes», comenta Alicia Piña.

¿Sería diferente el caso si, en lugar de tratarse de un agente, el denunciante fuese cualquier otra persona? La respuesta es no. En este tipo de ilícitos, el hecho de que la víctima sea un funcionario público no cambia en nada las circunstancias. «La Agencia de Protección de Datos no establece diferencias entre un funcionario o un particular. No se tiene en cuenta que el protagonista de la grabación sea un empleado público. No acarrea mayor sanción», dice Piña.

Solo habría un caso en el que este tipo de grabación estaría justificada. «Imaginemos que somos testigos de una intervención policial en la que hay una agresión. En ese caso, sí podemos grabarlo, pero con matices. Si el objetivo es de denuncia, tampoco podemos colgarlo en nuestras redes sociales. Esa grabación sería una forma de cumplir con nuestro deber, pero tendríamos que poner las imágenes de inmediato en manos de las autoridades competentes», asegura la letrada.

En grupos de mensajería

Dicen los expertos que este tipo de denuncias por parte de agentes del orden no son habituales, pero sí existe un llamativo precedente. En mayo del 2017 un policía local de Font de la Figuera, en Valencia, denunció que fue grabado durante una intervención, a pesar de haber advertido al autor del vídeo. El agente no solo fue grabado. Esas imágenes fueron difundidas en un grupo de mensajería. El denunciado alegó que hizo el vídeo porque la policía estaba interviniendo en un caso de violencia machista y que las imágenes podían ser útiles para la víctima en un posterior proceso judicial. ¿Su error? Las difundió después en un grupo de WhatsApp, lo que le supuso pagar una multa de 2.000 euros.

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