La gasolina del bus gallego será el dinero público: cerca del 70% de los ingresos

Pablo González
PABLO GONZÁLEZ REDACCIÓN / LA VOZ

GALICIA

La conselleira Ethel Vázquez, durante su comparecencia parlamentaria
La conselleira Ethel Vázquez, durante su comparecencia parlamentaria SANDRA ALONSO

La aportación de la Xunta permitirá mantener servicios deficitarios en áreas rurales. La financiación se consigue con el ahorro que supone el transporte escolar compartido

13 feb 2019 . Actualizado a las 08:05 h.

Entre la multitud de datos que sobre el plan de transporte ofreció en el Parlamento la conselleira de Infraestruturas e Mobilidade, Ethel Vázquez, destaca uno: el relevante esfuerzo presupuestario de la Xunta para sostener la capilaridad de la red de transporte de viajeros por carretera, de forma que llegue a todas las esquinas del país pese a que, en muchos casos, no habría compañías dispuestas a realizar esos servicios porque no son rentables. Esta política se revela esencial cuando se trata de fijar población en las áreas rurales para frenar el declive demográfico en estas zonas.

«O transporte público chegará a sitios aos que antes non chegaba», afirmó Ethel Vázquez ante el pleno, gracias a un aporte de dinero público que alcanzaría cerca del 70 % de los ingresos en la totalidad del plan y a la extensión del autobús compartido con los escolares, que se puso en marcha en 490 líneas en el 2017, pero que sumará 1.438 en el 2020.

En su comparecencia para explicar el plan que alcanzará su cénit en diciembre de este año, la conselleira explicó que los cien contratos que se readjudicarán en agosto, correspondientes al plan que hubo que emprender en el 2017 para evitar la interrupción del servicio por la renuncia masiva de empresas a 578 líneas, supondrán un volumen de negocio de 600 millones de euros en los 10 años que, como máximo, puede durar ahora una concesión. De esta cantidad la Xunta aportará 450 millones, un 75 %, en el que se incluye la subvención para las plazas escolares. El resto de la previsión de ingresos se realizará por medio de la venta de billetes y, en menor medida, por la publicidad en los autobuses.

Cuando se sumen el resto de los contratos hay una previsión de volumen de negocio de unos 100 millones anuales -en torno a los mil millones en diez años-, de los que el Gobierno autónomo aportará unos 68 millones cada año.

En el gráfico adjunto se explica con dos ejemplos de concesiones -la del área metropolitana de Ourense y la de la comarca de O Carballiño- el impacto de las obligaciones de servicio público (OSP) en los contratos. Las OSP son las obligaciones que pone la Administración a las empresas para que cubran determinados itinerarios, compensándoles las pérdidas por explotar servicios que por sí solas las empresas no optarían a ellos por no ser rentables. Antes no existía esta subvención y todos los servicios, excepto la línea al aeropuerto de Santiago, se realizaban por el modelo de riesgo y ventura.

Este es en realidad el precio que hay que pagar por adaptar el plan de transporte «ás necesidades de mobilidade dos galegos e á realidade territorial da nosa comunidade», dijo la conselleira en el Parlamento, una adaptación que se organizará mediante el transporte compartido -aprovechando las plazas vacías en los buses escolares- y los viajes a demanda, para los que ya está en funcionamiento una central de reservas.

Intervención en tarifas

Con este modelo también se puede intervenir en las tarifas -en la primera fase hubo reducciones de hasta el 80 %- y lograr objetivos como el que explicitó Ethel Vázquez en el Parlamento: «Que un usuario que percorre dez quilómetros en Valdeorras pague o mesmo que o que fai eses mesmos quilómetros na Coruña ou en Vigo». También servirá para extender la tarjeta de transporte metropolitano a toda Galicia, con descuentos del 10 % sobre la tarifa general, bonificaciones por recurrencia y viajes gratuitos para menores de 19 años.

En la primera fase de plan, explicó la conselleira, 300.000 usuarios generales utilizaron las plazas vacías en los autobuses escolares, una medida que permite a la Xunta ahorrar dinero de la abultada factura del transporte escolar para sostener otras rutas e intervenir en las tarifas.