La mediación abre una vía para zanjar conflictos urbanísticos enquistados

Los expertos ven en el caso de la antigua sede de Fenosa una alternativa a los litigios

El Tribunal Superior de Xustiza de Galicia autorizó el acuerdo para salvar el edificio de la calle Fernando Macías
El Tribunal Superior de Xustiza de Galicia autorizó el acuerdo para salvar el edificio de la calle Fernando Macías

redacción

La aceptación por parte del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) de la mediación intrajudicial para salvar del derribo el edificio de la calle Fernando Macías, donde estaba la antigua sede de Fenosa en A Coruña, ha abierto un debate sobre la vía de la mediación para resolver conflictos urbanísticos, además de poner de actualidad el caso de otros edificios que llevan años pendientes de un hilo. Desde el Colexio Oficial de Arquitectos de Galicia (COAG), su decano Antonio Maroño explica en este sentido que la solución lograda en el caso de este inmueble «puede ser un precedente peligroso de cara al respeto por resoluciones judiciales relativas a asuntos que se saltan la ordenación urbanística por parte de la opinión pública, pero también tiene su parte buena a la hora de introducir la mediación como la vía más favorable a la hora de resolver conflictos relativos a cuestiones urbanísticas antes de llegar a la vía judicial».

Aunque en Galicia ha habido casos como el del edificio Lodeiro, en Viveiro en los que en el 2013 el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia acabó fallando a favor del acuerdo alcanzado por el concello para evitar el derribo al legalizar las viviendas, fuentes conocedoras del derecho urbanístico explican que «no ha habido ningún precedente como el de A Coruña». Añaden que dadas sus particularidades «no es un caso a partir de que vaya a poder generalizar» para aplicar a otros casos de inmuebles en litigio.

Entre otros ejemplos está el caso del edificio Marcelo Macías, en Ourense. El origen de la contienda está en la denuncia de los dueños de otro solar que demandaban el mismo nivel de edificabilidad otorgado a la parcela sobre la que se levanta el edificio. Pidieron la anulación de licencia y luego, en medio del proceso el plan urbanístico del 2003 fue anulado dejando al edificio fuera de norma. Algo semejante ocurrió al Colina de Castrelos, en Vigo, pendiente ahora de ser salvado por un nuevo plan general.

Empieza el adiós al «ti vai facendo», por temor a multas de entre 60.000 y 300.000 euros

Hasta la entrada en vigor de la Lei do Solo 9/2002 la ordenación urbanística en Galicia era una jungla que respondía a la ley no escrita del «ti vai facendo». Pero aquella norma y sus posteriores cambios fueron acabando con una práctica que se había ido enraizando en la comunidad a fuerza de costumbre. Ahora, gracias a la cada vez mayor colaboración de los ayuntamientos con la Agencia de Protección da Legalidade Urbanística (APLU), buena parte de los propietarios afectados por una orden de demolición acaban ejecutándola de forma voluntaria. «La mayoría de edificaciones que se enfrentan a una orden de demolición son expedientes de reposición de la legalidad que se resuelven de manera voluntaria, es decir, el propio afectado toma la decisión de demoler su vivienda, galpón, construcción....», explican desde la APLU, departamento dependiente de la Consellería de Medio Ambiente.

De galpones o fin de semana

No hacerlo puede tener consecuencias que van desde acabar en el juzgado o exponerse a multas que van desde los 60.000 a los 300.000 euros. Bien es cierto que buena parte de las demoliciones ejecutadas son galpones, pequeñas edificaciones usadas como fin de semana o viviendas que están en la franja de protección de costas. Otra cosa diferente son viviendas que forman parte de complejos como Raeiros, en O Grove, donde los vecinos van a intentar demostrar que las casas son usadas como apartahotel como rezaba la licencia que permitió la construcción. 

Constructores de Barreiros apelan al Supremo: «Non somos delincuentes»

José Alonso
El promotor José Quintas en una foto de archivo
El promotor José Quintas en una foto de archivo

La batalla emprendida por los constructores que vieron como las obras que habían emprendido en el concello lucense eran paralizadas continúa en el Supremo.

El pulso judicial por el urbanismo en el municipio lucense de Barreiros sigue adelante. Tras encajar los constructores el golpe de perder en el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) la veintena de demandas en las que reclamaban a la Xunta unos 50 millones de euros en indemnizaciones, se han presentado varios recursos en el Tribunal Supremo. El último es el de Parque Empresarial Melide, firma que pide la mayor compensación económica, 13,6 millones de euros.

Buena parte de las esperanzas de los constructores se fundamentan en un precedente en Barreiros, cuando en el 2014 el Tribunal Supremo corrigió al TSXG y, a raíz de una demanda de un promotor, anuló la intervención de la Xunta. Lo hizo por un defecto de forma en las normas urbanísticas provisionales, suficiente para desdecir al TSXG y dar pie a que se presentasen todas las demandas que siguieron. De momento, la Xunta se ha librado, pero las indemnizaciones millonarias quedan ahora en manos del Supremo.

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