Bruselas alega que expedientó a España por descuidar la evaluación de riesgos en el ferrocarril

Pablo González
pablo gonzález REDACCIÓN / LA VOZ

GALICIA

Ana Miranda y dos representantes de las víctimas del accidente del Alvia, cuando presentaron las denuncias ante las instituciones de la UE
Ana Miranda y dos representantes de las víctimas del accidente del Alvia, cuando presentaron las denuncias ante las instituciones de la UE BNG

Responde al BNG que es preciso mejorar la supervisión de sucesos que entrañan un peligro

07 feb 2019 . Actualizado a las 20:37 h.

La Comisión Europea va afinando un poco más las razones por las que ha abierto un expediente de infracción a España respecto a la normativa comunitaria en materia ferroviaria. En una respuesta a la eurodiputada del BNG Ana Miranda, va un poco más allá de las deficiencias genéricas en seguridad ferroviaria que se mencionaron cuando desde la Comisión de Transporte se anunció la apertura del expediente. Así, aclara que se ha iniciado el procedimiento formal, en el que España tiene dos meses de plazo para responder, por la preocupación que produce en las instituciones europeas el hecho de que «las técnicas de identificación, seguimiento y supervisión de sucesos que representan un riesgo potencial para la seguridad son menos efectivos de lo esperado bajo la regulación comunitaria».

La Comisión pone el foco por tanto en la forma en la que la administración ferroviaria española hace los análisis de riesgos, precisamente el asunto que, en la investigación judicial del accidente ferroviario de Angrois, ha desembocado en la imputación provisional del exdirector de Seguridad en la Circulación del ADIF, Andrés Cortabitarte, que en principio compartirá banquillo con el maquinista del Alvia. La evaluación de riesgos también fue el motivo que sustentó la denuncia presentada por Ana Miranda ante las instituciones comunitarias.

La directora general de Movilidad y Transporte, Elisabeth Werner, es la encargada de responder a la pregunta de la eurodiputada del BNG, y aclara que el procedimiento de infracción no tiene relación directa con «ningún accidente en particular, sino que busca que el sistema global español cumpla con las obligaciones comunitarias». Y matiza que la preocupación del departamento comunitario que se encarga de la política de Transportes «no es que el sistema ferroviario español sea inherentemente inseguro», sino precisamente el seguimiento y análisis de los riesgos.

La Comisión considera que hay deficiencias «en el análisis de las causas profundas» de los siniestros estudiados por la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios (CIAF), otro asunto que enlaza directamente con el descarrilamiento de Angrois y que motivó el anterior procedimiento de infracción. Pero también cuestionan los modelos de supervisión de la Agencia Estatal de Seguridad Ferroviaria (AESF). No obstante, el énfasis se pone en la «evaluación correcta de riesgos» y en la supervisión de los sistemas de gestión de la seguridad de las empresas ferroviarias públicas, el ADIF y Renfe.

Pese a que Bruselas intenta desvincular este procedimiento del accidente de Angrois, Ana Miranda cree que «sen dúbida» es el detonante de la nueva reprimenda.

El Ministerio de Fomento tiene previsto contestar en plazo al requerimiento de Bruselas, y lo hará con el nuevo plan de seguridad integral que recientemente ha presentado en el Consejo de Ministros. Concretamente, el Plan Estratégico de Seguridad Ferroviaria, con el que se fortalecerá el papel de la AESF como supervisora del sistema. También se pretende reforzar los departamentos de las empresas públicas del sector encargados de la gestión de la seguridad, así como los modelos de análisis de riesgos, que darán más relevancia al factor humano.