Interior planea relevar a unos 50 vigilantes privados que trabajan en las cárceles gallegas
GALICIA
El «deseo» de Instituciones Penitenciarias es reemplazarlos por agentes públicos a medida que se vayan reforzando la plantilla de Guardia Civil y Policía Nacional. Los afectados, que en toda España son en torno a 1.000, dicen sentirse «entre dos fuegos»
08 feb 2019 . Actualizado a las 12:39 h.«Estamos entre dos fuegos». Es la impresión que tiene Emilio, un vigilante privado de la cárcel de alta seguridad de Teixeiro, en el concello coruñés de Curtis, después de que el secretario general de Instituciones Penitenciarias, Ángel Luis Ortiz, apuntara durante su comparecencia ante la comisión de Interior para explicar los presupuestos de su departamento para este año que su intención era ir reemplazando a los vigilantes privados que controlan actualmente el perímetro externo de las cárceles por agentes de los cuerpos de seguridad pública a medida que vayan reponiéndose las plantillas de la Policía Nacional y de la Guardia Civil.
Manifestaciones convocadas para el día 18
Aunque desde Instituciones Penitenciarias recalcan que las declaraciones de su responsable responden únicamente a «un deseo» y fuentes del Ministerio del Interior aseguraran que «no hay nada de momento», los en torno a mil vigilantes que trabajan en esos puestos en España (en torno a medio centenar en Galicia) se ven con el agua al cuello. Tanto que desde la Federación de Trabajadores de Seguridad Privada de la Unión Sindical Obrera (USO) han convocado varias concentraciones para el día 18 ante varios centros penitenciarios del país. En Galicia, la convocatoria será ante las puertas de Teixeiro, la cárcel en la que trabaja Emilio.
«Fui uno de los que entramos primero aquí. Llevo cinco años y medio. Estoy contento y creo que la Guardia Civil, que es quien nos tiene que supervisar aquí en Galicia, también lo están con nosotros. Que nos quieran sacar de aquí me parece una ocurrencia que no entiende nadie», dice.
Que nos quieran sacar de aquí me parece una ocurrencia que no entiende nadie
Él forma parte de ese medio centenar de vigilantes que trabajan en las cinco cárceles que están abiertas en la comunidad: Teixeiro, A Lama, Pereiro de Aguiar, Bonxe y Monterroso. Ahora tiene 49 años. «El 100 % de los vigilantes que escogieron las empresas de seguridad para estar en las cárceles eran veteranos con años de experiencia. Yo tenía 15 años de bagaje detrás. Otros habían trabajado como escoltas en el País Vasco», explica al tiempo que destaca que, en caso de perder el empleo, la edad también es ahora un hándicap para incorporarse de nuevo al mercado laboral. El problema es que advierten es que esas empresas de seguridad que ganaron el concurso el año pasado no tendrían donde recolocarlos.
Difícil recolocación
Por eso, vive con inquietud desde que vio la comparecencia, lo mismo que su compañero José Manuel, que trabaja en el penal de Monterroso y que ha cumplido ya los 52. «Vi lo que dijeron y no es verdad. Sustituir a un vigilante por un guardia civil sale más caro. Además, de dónde van a sacar efectivos de las fuerzas de seguridad públicas para cubrir estos puestos cuando hay cuarteles cerrados por la noche porque no hay agentes», apunta.
La función que desarrollan los guardias de seguridad privada que trabajan en las cárceles es la de controlar la zona perimetral del recinto, sobre todo los accesos. Pero en todo momento han de estar supervisados por las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado.
Un contrato que expira el 31 de mayo y que es renovable un año
Fue en el verano del 2013 cuando los primeros vigilantes privados llegaron a las cárceles españolas. La idea partió del Ministerio del Interior capitaneado por el popular Jorge Fernández Díaz para recolocar a parte de los escoltas que habían protegido a cargos públicos en Navarra y País Vasco. Primero fue un proyecto piloto llevado a cabo en una veintena de centros, pero más tarde se extendió a 68 cárceles. La idea chocó desde el principio con el rechazo de algunos sindicatos de funcionarios que veían como una amenaza la entrada de empresas privadas en el terreno de la seguridad carcelaria.
En febrero del 2018 la Secretaría de Estado de Interior acordó renovar el contrato por un año a partir del 1 de mayo, renovable un ejercicio más, a las empresas de seguridad para desarrollar «tareas de vigilancia de los controles de acceso, impedir salidas no autorizadas, comunicación de las alarmas e incidencias y manejo y observación de los sistemas técnicos de vigilancia».