Fomento avisa de que si se quieren rebajas en la AP-9 habrá que compensar a Audasa

Atribuye a la concesionaria de la autopista la potestad de bonificar los peajes a los usuarios frecuentes


Vigo

El Gobierno central no tiene previsto instar a la aplicación de rebajas en los peajes a los usuarios frecuentes de la AP-9, posibilidad que sin embargo se ofrece en el resto de las comunidades con concesiones de autopistas del Estado. El Ministerio de Fomento considera incluso que los descuentos que se aplican en función del número de viajes realizado en un mes (algunas autopistas lo aplican en función de los kilómetros recorridos) depende de la voluntad de las empresas que explotan los viales de pago. «La implantación de una bonificación a usuarios habituales de la autopista AP-9 es una decisión que puede tomar la sociedad concesionaria, como política comercial», acaba de señalar el Gobierno en respuesta a la diputada de En Marea Alexandra Fernández, que instaba a Fomento a que reclamase a Audasa un programa de descuentos y bonificaciones similar a los de las demás autopistas.

La comunicación del Gobierno lleva aparejada una advertencia, al indicar que si no es Audasa la que por decisión propia aplica descuentos o rebajas en sus tarifas, la empresa tendrá que recibir compensaciones que palien el descenso en los ingresos que pudiera tener la concesionaria. «Si es la Administración la que decide la implantación obligatoria de cualquier bonificación, deberá indemnizar a la sociedad concesionaria por los importes dejados de percibir y a los que tiene legalmente derecho por su contrato concesional», advierte el Ejecutivo de Pedro Sánchez.

La gratuidad en los viajes de vuelta que desde el 2013 se aplica en el eje Vigo-Pontevedra (el más caro de la AP-9 tras el Vigo-Redondela), es costeada desde octubre del año pasado por todos los usuarios de la autopista mediante una subida del 1% en los precios de los peajes aplicada hace cuatro meses, una segunda de un 0,80% desde el 1 de enero pasado, y otro 0,80% incremento de precios más al inicio del año 2020, encarecimientos que se agregan al 1% anual que se aplicará hasta el año 2038 para pagar a Audasa las obras de ampliación de Rande y Santiago, y a la evolución de precios que se marque para el sector de autopistas em cada ejercicio en función del comportamiento del IPC.

Prácticamente todas las autopistas de la red estatal, salvo la AP-9, la AP-53 (Santiago-Dozón) y la A-6 (Villalba-Adanero) cuentan con descuentos a los usuarios que superen cierto número de viajes al mes (en León al hacer más de cinco se rebaja el 50% de la factura), pero también existen rebajas en los peajes a estudiantes, jubilados, familias con rentas bajas, discapacitados, por ocupación de al menos tres plazas del vehículo, a automóviles eléctricos o de bajas emisiones, o a vecinos de determinados trayectos. Muchos de estos descuentos son incluso acumulables en diversas autopistas, llegando a posibilitar la rebaja de hasta un 80% en el precio de los peajes.

Sin entrar a considerar si son suficientes o no, el Gobierno recuerda que en el caso de la AP-9 ya son gratuitos los recorridos internos que se realicen entre Santiago norte y sur; Pontevedra norte y sur; Vigo-Teis-Rebullón; A Coruña-A Barcala, y Vigo-O Morrazo, siendo los peajes de los dos últimos abonados a Audasa por parte del Ministerio de Fomento, factura que se eleva a siete millones de euros al año desde que la Administración central asumió en solitario dicho pago en el verano del 2017. Con anterioridad y desde el 2006 los peajes de A Barcala y Rande se cubrían a partes iguales entre Fomento y Xunta, aportando cada uno sobre siete millones de euros, pero el ministerio varió el cálculo de compensación de dichos peajes eliminados dejándolo en la mitad al advertir que Audasa estaba obteniendo un «enriquecimiento injusto». La concesionaria ha interpuesto un contencioso-administrativo para exigir las cantidades que ha dejado de percibir.   

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