La Fegamp recuerda que no se pueden atribuir funciones a lo municipios que no vayan nde la mao de fondos para llevarlas a cabo
04 feb 2019 . Actualizado a las 05:00 h.«Hacemos lo que podemos para cumplir la ley. Ahora estamos totalmente desbordados». El secretario de un ayuntamiento del interior de la provincia de Pontevedra es categórico cuando habla del trabajo que supone para los concellos la cada vez mayor cantidad de labores que han de desempeñar. Los gastos adicionales que han tenido que ir asumiendo no son pocos. Desde los derivados de imprevistos como la retirada de nidos de velutina, a los que proceden de la aprobación de nuevas leyes como la de Benestar Animal o las competencias que tienen que asumir. El funcionario no tiene tiempo a decir más que esa frase antes de continuar con el papeleo. Porque, como añade su homólogo del concello coruñés de Porto do Son, «cada vez que se saca unha nova normativa esta vén acompañada dunha nova función, pero non hai un aumento de fondos suficiente para levala a cabo». Además, la Ley de Estabilidad Presupuestaria del 2012 dejó a muchos municipios con las manos atadas.
La carga de trabajo es especialmente notable en ayuntamientos con menos población, pero vasto territorio, donde el personal hace lo que puede. Porque como advierten desde la Federación Galega de Municipios e Provincias (Fegamp), «non se deben atribuír competencias aos entes locais sen o financiamento preciso para acometelas».
Una de las últimas labores encomendadas a los ayuntamientos es, como explican desde esa entidad, la de controlar las órdenes de alejamiento en el caso de mujeres víctimas de violencia machista, derivada de la reforma de la Ley de Bases de Régimen Local recogida en el real decreto 9/2018 del 3 de agosto. Para esa función los Presupuestos Generales del Estado del 2018 reservaron una partida de 20 millones de euros para las nuevas o ampliadas competencias reservadas a los ayuntamientos dentro del Pacto de Estado contra la Violencia de Género. Cada municipio recibe una cantidad fija. El año pasado fue de 689 euros, más 0,18 por habitante en función del número de habitantes por derecho del concello en base al padrón del 2017.
Otra norma que ha supuesto un mayor gasto para los ayuntamientos es la entrada en vigor de la Lei de Benestar Animal que, entre otras cosas, obliga a los entes municipales a hacerse responsables de los animales abandonados. «A nova norma implica sacrificio cero, cuestión que comparto, pero iso comporta ampliar as canceiras municipais. No noso concello consultámolo coa empresa que xestiona a instalación, e para un funcionamento óptimo suporía un incremento anual do gasto de 200.000 euros», apunta el alcalde de Carballo, Evencio Ferrero.
Desde la Consellería de Medio Ambiente matizan en este sentido que la nueva ley «non introduciu cambios ao respecto da competencia dos concellos de recollida e acollemento dos animais vagabundos e extraviados». En el 2018 la Xunta destinó 100.000 euros para subvencionar la esterilización e identificación de animales recogidos por los concellos. En diciembre convocó otra orden de ayudas por un importe de 125.000 euros.
Franjas de seguridad
Otra de las funciones de los concellos desde la Lei de Defensa e Prevención Contra os Incendios del 2007 es la de controlar que las franjas de 50 metros de seguridad forestal en torno a viviendas o núcleos urbanos. Pero en aquellos casos donde los dueños no asuman su responsabilidad, deberá ser el concello el que haga el desbroce. Tras reiterar la falta de fondos para poder llevarla a cabo, en agosto la Fegamp selló un acuerdo con la Xunta y con Seaga para asumir la limpieza de esas zonas. El importe previsto para llevar a cabo el acuerdo, al que los concellos pueden sumarse de forma voluntaria, es de 28 millones a repartir en cuatro años. Desde Medio Rural añaden que «os concellos dispoñen de 11 millóns de euros anuais para convenios de prevención e extinción de lumes». Por no hablar, añaden, de fondos para tractores, o los 14 millones de ayuda hasta el 2021 para Grupos de Emerxencia Supramunicipal (GES). La limpieza de tramos fluviales urbanos que atraviesan sus territorios es también tarea de la administración local.
A estas funciones se suman atribuciones como el coste de electricidad, limpieza, conserjería y reparación de los centros de Primaria (la Xunta abona la calefacción); la financiación de los conservatorios de grado medio, parte del gasto que conllevan las unidades de atención a drogodependientes; parte del coste del servicio de Axuda no Fogar, del que la Xunta abona una parte y los usuarios otra, o el gasto derivado de la implantación de la administración electrónica.
