Convivir con otra familia, una vía casi sin explorar para menores conflictivos

La medida está pensada para aquellos adolescentes a los que el entorno familiar no facilita su  adecuada socialización, pero en el último año apenas se ha aplicado en una veintena de casos en Galicia

El coordinador de Camiña Social charla con un joven en libertad vigilada
El coordinador de Camiña Social charla con un joven en libertad vigilada

redacción

Las conocidas como medidas de convivencia con otra persona, familia o grupo educativo son casos excepcionales en Galicia. Aunque la medida está recogida en la ley del año 2000 de responsabilidad penal de menores, a falta de conocer los datos correspondientes al ejercicio del 2018, los jueces solo se han impuesto dieciséis en el 2016, y 17 un año más tarde, según muestran los datos que maneja la Fiscalía en Galicia.

Por su experiencia con menores, abogados penalistas como Ignacio Espinosa creen que no es muy recurrente porque «aunque es muy buena, no estamos preparados socialmente para aplicarla». Y añade que aunque «puede tener mucho sentido en modelos jurídicos como el noruego o el sueco, aquí todavía se ve con desconocimiento por parte de abogados o menores afectados».

Su función es ayudar a socializar los menores que han cometido un delito. «Es una medida que puede ser oportuna en aquellos casos en los que el núcleo familiar original ha fracasado en la socialización primaria del niño y resulta posible establecer una relación entre el desarrollo de la conducta delictiva y la inoperancia del núcleo familiar. Lo que se pretende es proporcionarle un ambiente de socialización positivo con una familia distinta a la suya», apuntan desde Fiscalía.

Hay que recordar que cuando se trata de juzgar a un menor un equipo técnico evalúa todas las circunstancias. En el caso de que se llegue a optar por la convivencia con otra persona o grupo educativo ha de contar con la opinión del menor pues, como añaden esas mismas fuentes, «porque entienden que la medida va a ser más efectiva cuando no se impone».

Galicia cuenta con siete hogares de acogida, dos de los que conviven con un joven

El juzgado dicta las medidas, asesorado por un equipo técnico, pero es la Consellería de Política Social la que ha de poner los medios para ejecutarlas. Actualmente en la comunidad, según fuentes del departamento que dirige Fabiola García Martínez, para poder poner en marcha la convivencia con otra persona, familia o grupo educativo, «hai sete familias formadas e preparadas para iniciar a convivencia no momento en que algún xulgado o ditamine».

Dos de ellas están ya conviviendo con un menor para el que el juez dictó esta vía como la más adecuada para su reeducación y socialización.

El Programa Convive, creado por la Xunta en el 2017, pretende precisamente crear un banco de familias para que los adolescentes que tengan que cumplir con una medida de equipo educativo puedan convivir con un contexto familiar adecuado.

Formadas en ciencias sociales

Porque no cualquier hogar es adecuado para ejercer la dura tarea de lidiar con un menor adolescente. «Os que participen neste programa _apuntan desde la consellería_ deberán de ser especialmente sensibles cos problemas da adolescencia. Valorarase positivamente a titulación ou formación en ciencias sociais (traballo social, educación social, psicoloxía, pedagoxía...)».

Desde la Fiscalía recuerdan que todas las medidas que se imponen a un menor que ha cometido un delito tienen como objetivo último, más allá de imponer un castigo, evitar que en el futuro vuelva a reincidir. De ahí que se actúe en torno al origen del problema, actuando sobre esas circunstancias. No hay que olvidar, añaden esas mismas fuentes, que en cualquier vía de reeducación aplicada hay que buscar la protección superior del menor.

¿Debería reformarse la ley para activar medidas más duras a partir de los 16 años?

La franja de edad que abarca la Ley Penal del Menor es amplia. Desde los catorce a los dieciocho años, una etapa compleja para un adolescente. Esa es una de las razones por las que, como coinciden abogados, educadores y fiscales, cuando se trata de juzgar a un menor que ha cometido un delito hay que abordar el caso de modo individualizado. Pero más allá de ello, hay un debate abierto en torno a la modificación, o no, de la norma, sobre todo a la hora de hacer una diferenciación entre los delitos cometidos entre los 14 y los 16 años, o entre los 16 y los 18. Hay educadores como el coordinador de la Fundación Camiña Social, Iñaki Mariño, que creen que la ley ya es lo suficientemente dura porque «hay que tener en cuenta a quién se está aplicando», pero algunos abogados penalistas que llevan casos de menores abogan por endurecerla sobre todo en la segunda de estas franjas. Con todo, vuelven a incidir en lo mismo: Hay que analizar las circunstancias particulares de cada caso concreto.

Medidas más duras

«Cuando hablamos de delitos como pueden ser los robos o las lesiones con consecuencias graves deberían habilitarse medidas más duras para los menores de entre 16 y 18 años. Como está ahora la ley resulta muy fácil para un abogado ejercer la defensa, pero para la sociedad las consecuencias pueden ser negativas», apunta el penalista Jorge Vázquez.

Para Manuel Ferreiro, otro letrado experto en Derecho Penal, «deberían analizarse las circunstancias que rodean a cada menor, sobre todo a partir de los 16 años cuando algunos tienen ya la madurez de un adulto. Habría que ver el grado de reincidencia, la trayectoria... para poder aplicar, en los que casos en los que convenga, medidas más duras».

Otro de los temas recurrentes cuando se habla de reformar la norma está relacionado con juzgar, o no, a los menores que han cometido un delito en compañía de adultos en el mismo proceso. El fenómeno parece comenzar a verse, apuntan algunos abogados, en primeras detenciones realizadas en Galicia por delitos de robo en viviendas. Sobre el asunto se pronunció el fiscal de Menores de la Audiencia Provincial de Ourense, José Manuel Ucha, en una entrevista en la que dijo que «lo ideal podría ser que el enjuiciamiento de esos delitos cuando tengan cierta relevancia se realice por un único tribunal».

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Un joven que estuvo primero en régimen cerrado y ahora en semiabierto, cuenta cómo es la vida dentro

El portón que da al aparcamiento del centro de menores Concepción Arenal, en A Coruña, emite ese sonido chirriante que producen las puertas metálicas. A la izquierda, en la entrada principal, un guardia de seguridad apunta los datos de las visitas. Dentro conviven chavales a los que un juez les ha impuesto medidas de internamiento en régimen cerrado con otros que están en régimen semiabierto, cuando pueden salir a estudiar o trabajar, y abierto, que son los que solo van a dormir. Hay plazas para 35 menores, chicos y chicas. Ahora están en un 80 % de ocupación.

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