La falta de un cuerpo propio obliga a la Xunta a pagar al año 6,5 millones por vigilar juzgados

Recurre a policías, guardias civiles y a seguridad privada


Santiago / La Voz

La Xunta de Galicia abona cada año 1,5 millones de euros al Ministerio del Interior en virtud de un convenio que se remonta al 2006, cuando mandaba el bipartito. Según este acuerdo entre administraciones, que en su edición de ayer refrendaba el Boletín Oficial del Estado, el Gobierno central pone a un máximo de 206 agentes entre policías (81) y guardias civiles (125) a disposición del Ejecutivo gallego, que los despliega por las 36 sedes judiciales de la comunidad para su vigilancia y protección, realizando una labor que en comunidades como el País Vasco o Cataluña realizan sus propias policías.

Este apaño, que seguirá vigente hasta el 2021, tiene sus dificultades, ya que las exigencias para dejar el trabajo de calle o de comisaría por la rutinaria vigilancia de los juzgados son complejas para los actuales perfiles que hay en ambos cuerpos, ya que es necesario contar con 55 años de edad y un mínimo de 25 años de servicio o, en caso de los guardias civiles, estar en situación de reserva. Y que el destino encaje. Con estos requisitos, es habitual que no se cubran todos los puestos, por lo que la Xunta ha tenido que complementar estos dispositivos en manos de las fuerzas públicas con otro convenio, en este caso con la seguridad privada. En total, el coste de estos contratos con empresas asciende a más de cinco millones de euros anuales (16,4 millones por tres años).

De desarrollar un cuerpo policial propio, este sería uno de los primeros frentes que tendría que cubrir la Xunta, que sí ha encomendado a los agentes adscritos a la Unidad de Policía Autónoma de Galicia -dependientes del Cuerpo Nacional de Policía- la vigilancia de los edificios oficiales y de la propia seguridad del presidente y otros cargos.

¿Y la policía autonómica?

En 1993, a las puertas de la segunda mayoría de Manuel Fraga, el de Vilalba reunió a su equipo en el monasterio de Oseira en un encierro del que salió con la contundente idea-fuerza de viajar a Madrid para reclamar la transferencia de competencias y montar un cuerpo propio a imagen de los Mossos en Cataluña.

Aquel ímpetu se quedó en una unidad de la Nacional adscrita que ya ha cumplido 25 años consolidando un modelo del que la Xunta está razonablemente satisfecha. Las nóminas de los 410 agentes las sigue pagando el Estado, pero el Gobierno gallego, que paga un pequeño complemento, tiene un cierto control sobre sus actividades, que ha orientado a la persecución del furtivismo, la violencia de género, el control del juego, los menores y, parcialmente, a las competencias en incendios y medio ambiente.

El problema, apuntan desde el Gobierno gallego, es que el cuadro de esta unidad está manifiestamente incompleto, igual que ocurre con las plantillas de la Nacional o las municipales. A la comunidad le corresponderían medio millar de agentes adscritos, y es posible que al finalizar este año, entre bajas, traslados y jubilaciones, se baje de los cuatrocientos miembros. «No tiene mucho sentido pelear por asumir una competencia cuando ni siquiera son capaces de completar el cuadro de personal», afirman desde el Ejecutivo, que ha abierto la espita de las transferencias con la calculadora en la mano.

A este modelo de policía adscrita también se han sumado Andalucía, Asturias, Aragón, Comunidad Valenciana y, la última, Canarias, en el 2010. En todos los casos se llegó a ver como un paso previo a un cuerpo más autónoma que no se ha producido.

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