El Parlamento reclama que Audasa levante las barreras en la AP-9 si hay colas

La Xunta instará al Gobierno a que establezca un protocolo que obligue a la concesionaria a permitir el paso en caso de retenciones

Foto de archivo de un embotellamiento en un tramo de la AP-9 entre Pontevedra y Vigo
Foto de archivo de un embotellamiento en un tramo de la AP-9 entre Pontevedra y Vigo

Redacción

Los diputados gallegos han acordado esta mañana de manera unánime poner deberes a Audasa y al Gobierno central. La Cámara gallega ha instado a Fomento a obligar a la empresa concesionaria de la AP-9 a levantar las barreras de los peajes en caso de que haya retenciones que puedan perjudicar a los usuarios. La propuesta ha surgido a iniciativa del Bloque Nacionalista Galego.

La propuesta acordada por los cuatro grupos parlamentarios (BNG, PP, En Marea y PSOE), contempla que la Xunta se dirija al Ministerio de Fomento y a Audasa para que faciliten el paso de vehículos ante posibles complicaciones en el tráfico; así como la tramitación de las reclamaciones de los usuarios, afectados por las retenciones durante las obras efectuadas en el puente de Rande.

Durante la sesión en la que se abordó el conflicto, el diputado nacionalista Luís Bará recalcó que en los últimos años «non houbo nin un so expediente informativo» levantado por parte de las administraciones pese al malestar generalizado ante la gestión de Audasa. El diputado del PP Jacobo Moreira respondió que «a Xunta sempre mantivo unha actitude belixerante parar lograr melloras no servizo desta infraestructura».

El PSdG también se ha mostrado partidario de estudiar indemnizaciones adicionales a los usuarios a los trastornos causados por una vía cuya gestión por parte de Audasa considera «absolutamente inadecuada».

Antecedentes

Pese a la unidad actual de los grupos parlamentarios, el único órgano que ha tomado medidas hasta el momento ha sido la Fiscalía de Pontevedra que, ante las reiteradas quejas de los usuarios, presentó una demanda colectiva el pasado mes de diciembre, para facilitar que los afectados pudiesen reclamar indemnizaciones a la compañía, que cobró las tarifas íntegras pese a un servicio «deficiente» durante las obras de la AP-9.

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