Las medidas de libertad vigilada a menores gallegos crecen un 62 % en solo tres años

María Cedrón REDACCIÓN

GALICIA

Un joven en libertad vigilada cuenta cómo ha cambiado desde que se dejó ayudar
Un joven en libertad vigilada cuenta cómo ha cambiado desde que se dejó ayudar VÍTOR MEJUTO

Fiscales y jueces, asesorados por un equipo técnico que evalúa cada caso de forma individual, optan cada vez más por la libertad vigilada como medida más adecuada para la reinserción de jóvenes que han cometidos delitos

28 ene 2019 . Actualizado a las 05:00 h.

No sabe qué nombre elegir para contar su historia, la de un chaval al que la vida lo fue arrastrando primero por un Centro de Integración Educativa de Medio Abierto, luego por otro de régimen cerrado y ahora lo ha devuelto al primero para cumplir con una medida de libertad vigilada que le impuso un juez por unas andanzas cometidas cuando todavía no había cumplido los 18. «Andrés, Diego, Ramón, Moncho... cualquiera menos el mío», dice mientras repasa los meses que le quedan para saldar definitivamente sus cuentas con la justicia y saldar por completo la multa para cubrir la responsabilidad civil que conllevaron sus actos.

Mientras el debate sobre el endurecimiento de la Ley Orgánica 5/2000, de 12 de enero, reguladora de la responsabilidad penal de los menores, continúa reapareciendo de forma recurrente, el régimen de libertad vigilada que cumple este joven se consolida en Galicia como la medida que más se aplica para la reinserción de aquellas personas que aún no han llegado a la mayoría de edad porque, como apuntan fuentes de la Fiscalía, «se entiende que es la que mejor se adapta a una reeducación del menor y permite ir solventando los problemas que van surgiendo en ese proceso». Los datos hablan: de las medidas impuestas en la comunidad en el 2017 (último ejercicio del que hay cifras cerradas) en procesos relacionados con menores, esta supuso el 49,78 % (354) de un total de 711 (un mismo menor puede tener varias). Tres años antes, en el 2014, estas fueron únicamente el 31,83 % (219) de un conjunto de 688. La subida fue de un 62 %.

«La ley no es laxa. Es dura. No hay que olvidar que los menores a los que se les aplica han de cumplir unas obligaciones duras porque tiene un carácter sancionador, pero también es una norma altamente educativa. Lo que no se debe de hacer es legislar por impulso», apunta Iñaki Mariño, coordinador xeral de la Fundación Camiña Social encargada de gestionar el Centro de Integración Educativa de Medio Abierto (Ciema), de A Coruña, dependiente de la Consellería de Política Social.

A veces el camino para lograr el gran objetivo de la ley, la reeducación, es largo. «El trabajo es muy gratificante, pero muchas veces hay que esperar tiempo porque el resultado no se ve de forma inmediata», explica Iñaki. A «Andrés, Diego, Ramón, Moncho...» le llevó lo suyo, pero al final se dejó guiar. El punto y aparte en su vida lo marcó su madre, que se dejó ayudar y una canción de Eminen. «No tenía paciencia. Era un maleducado. No toleraba la frustración. Hasta el pasado verano continuaba levantándome tarde... Pero una educadora me dijo que pusiera por las mañanas una canción que me gustara», cuenta mientras trata de recordar la letra y tararearla: «‘‘Paso a paso la vida te da una oportunidad. No la dejes escapar’’. La canción dice algo de eso». Y precisamente paso a paso, haciendo un curso de formación aquí y otro allá, intenta entrar en el mercado laboral. «Hace un par de meses acabé un curso de limpieza. Ahora me gustaría hacer uno de soldadura, pero lo que más me gustaría es encontrar un trabajo», dice.

«El trabajo es muy gratificante, pero muchas veces hay que esperar tiempo porque el resultado no se ve de forma inmediata»

Todo eso puede hacerlo, aunque esté en libertad vigilada porque como explica el coordinador de Camiña Social «nosotros nos adaptamos a la vida del menor porque, aunque la medida impuesta es sancionadora, no le puede perjudicar. Hay que ayudarlo en su reinserción, trabajar con él en su medio. En su familia, en su barrio... tenemos que saber lo que hace y cómo lo hace. Todo ello, claro, se comunica al juzgado porque en caso de que incumpla sus obligaciones, también tiene consecuencias. Por ejemplo, aunque tenga que venir dos veces por semana por el centro, tenemos que poner una cita que no interfiera en un trabajo o en un curso formativo».

Trabajos en la comunidad

Pero los Centros de Integración Educativa de Medio Abierto no solo atienden a menores a los que se les ha impuesto una medida de libertad vigilada. Ejercen de centro de día, de punto de referencia para la realización de tareas socioeducativas y también acuden ahí aquellos a los que le han impuesto servicios en favor de la comunidad (una alternativa que en el 2017 supuso un 5,2 % del total de medidas judiciales impuestas). Aunque algunas administraciones apuestan por esta última en casos, por ejemplo, de atentados contra el patrimonio histórico, desde la Fiscalía aclaran que las medidas que implican trabajos comunitarios «no se pueden imponer sin el consentimiento del menor». De todas formas, añaden, «son eficaces cuando se aplican correctamente y cuando están adaptadas a las circunstancias y características personales, familiares y sociales del menor».