La Justicia ha rehabilitado a una treintena de alcaldes y ediles apeados de sus cargos

Los casos Pokémon, Garañón, Orquesta o Arnoia mantienen a diversos políticos en el limbo


vigo / la voz

«Foi un período moi longo, moito tempo con moito sufrimento». Emocionado y arropado por sus excompañeros, el que fue alcalde de Malpica, José Ramón Varela (PSdeG), celebraba después de nueve años de causa judicial haber quedado exonerado de toda culpa en el proceso abierto por una actuación urbanística. El fallo le cogió ya fuera de la política. Agotado por el lento caminar de la Justicia y con secuelas en su salud, había tratado de rebajar la presión no optando a la reelección como alcalde. La absolución le llegó tarde, igual que a otros 34 exalcaldes, exconcejales y cargos políticos de Galicia a los que la Justicia terminó por no castigar o en los que no vio motivos para juzgarlos, pero que ya no disfrutan del puesto en el que estaban cuando fueron denunciados.

Haber dado con los huesos en el calabozo o ser esposado no permite anticipar una condena segura. La espectacularidad de la operación Orquesta, desarrollada en la Costa da Morte en el 2011, es el paradigma. Tras el arresto de hasta tres alcaldes y la imputación de otro junto a concejales y técnicos, la causa solo sigue viva ya contra el regidor independiente de Cee, Ramón Vigo. Por el camino quedaron Francisco Javier Lema (PSdeG), que decidió durante la instrucción no volver a presentarse a la alcaldía de Corcubión, siendo absuelto siete años después de su acusación por la adjudicación de unas obras. También quedó libre en la misma causa el entonces regidor de Fisterra, José Manuel Traba (PP), al que el caso y su paso por el calabozo ayudó a mandarlo a la oposición. Y el mismo carpetazo ha sido instado por la Fiscalía para el que fue alcalde de Mazaricos, José Manuel Santos (PP).

No menos trascendencia, y también con calabozo incluido, tuvo la operación Rei, pero con el mismo final absolutorio. Iniciadas las pesquisas en el 2008, acabaron en el 2016 con la absolución del entonces alcalde de Castro de Rei, Juan José Díaz Valiño (PSdeG), que se vio despojado del cargo, y tres de sus ediles, así como la actual regidora de Lugo, Lara Méndez (PSOE), que llegó a pasar por el calabozo y hasta cinco años después no se certificó que no tenía relación alguna con el caso.

Méndez llegó a la alcaldía lucense por las consecuencias que para Xosé Clemente López Orozco tuvo un encadenamiento de imputaciones, de las que el socialista se ha ido desembarazando desde fuera de la política, de donde lo expulsaron los partidos que a cambio dieron al PSOE la alcaldía. Le queda por resolver el caso Garañón, el mismo proceso por una actuación urbanística que dejó fuera del liderazgo del PSdeG hace casi tres años a Xosé Ramón Gómez Besteiro.

De los mismos juzgados lucenses surgió la imputación del exconselleiro del BNG Fernando Blanco, que tuvo que dimitir como parlamentario y afrontar casi ocho años de causa hasta su desimputación del caso Campeón. La ramificaciones de ese asunto nacido del empresario Jorge Dorribo, condicionaron la carrera política del exministro socialista José Blanco, hasta que el Supremo archivó su causa.

Y si hay un proceso que ha centrifugado imputaciones, generado absoluciones y archivos, pero que aún tiene acusaciones pendientes, es el caso Pokémon. A José Manuel Rey (PP) le arañó votos para mantener la mayoría absoluta en Ferrol el ser identificado erróneamente por Vigilancia Aduanera en unos pinchazos. Paula Prado perdió la condición de portavoz del PP al ser implicada en el caso, y su imputación fue archivada. Y también el proceso arrastró a siete ediles de Santiago que fueron inhabilitados hasta que la Audiencia provincial revocó sus condenas.

Otras operaciones como la Patos han propiciado multitud de imputaciones que al final han quedado en nada, aunque han influido en el final de carreras políticas como la de la exdelegada de la Xunta en Vigo, María José Bravo, cesada por Feijoo junto a su homólogo en Ourense Rogelio Martínez, un encausado que perdió pie político finalmente al ser mentado como sempiterno ejemplo de imputado que seguía en activo hasta que dejó la vida pública tras arrastrar 15 años de acusaciones que arrancaron cuando era alcalde de Arnoia. Aún no ha sido juzgado.

El futuro del PP en el concello de Barreiros depende del juicio al alcalde, Alfonso Fuente, por un presunto delito de prevaricación urbanística por la autorización en el año 2006 de 45 licencias de obra para construir 3.000 pisos. La sentencia todavía no se ha publicado.

El caso Paneles de Ourense, se llevó también por delante a los ediles del BNG, Andrés García Mata y Alex Sánchez, luego absueltos, mismo final que tuvo la que fue alcaldesa de Betanzos, María Faraldo (PP); la edil de Urbanismo de Ourense, Áurea Soto (PSdeG) o, entre otros, el exalcalde de O Porriño, Nelson Santos (PP), pendiente este del recurso a su absolución.

Con información de X. Ameixeiras, S. González, M. Cabana, S. Garrido, M. Ascón, S. Serantes, E. Silveira, X. Alonso y X. Melchor.

El juicio oral es la frontera, más o menos móvil, para forzar a dimitir

El chorreo de denuncias y las imputaciones a las que dieron lugar llevó al PP gallego a reflexionar sobre cuál es el momento en el que un político encausado tiene que dejar el cargo. Los estatutos del partido señalan que se abrirá un expediente disciplinario interno a los cargos públicos cuando sean procesados, pero puede no haber una resolución del mismo, expulsión incluida, hasta que haya un fallo judicial, y a veces hasta que se sustancien los posibles recursos a una condena. Todo depende del caso, apuntan desde el PP, para recordar que las decisiones judiciales han condicionado la vida política en Galicia en los últimos años. Cinco de los siete ayuntamientos urbanos de la comunidad ­-Ferrol, A Coruña, Santiago, Ourense y Lugo­- fueron objeto de decisiones judiciales en el anterior mandato y todos ellos vivieron después cambios de gobierno, o al menos de alcalde, en las siguientes municipales. «Quién repara los casos en los que se archivó o hubo absoluciones. Hay que meditar sobre los escarnios a los que han sido sometidos algunos políticos y que luego se demostró que no tenían fundamento», se abunda desde la dirección del PPdeG para justificar cierta elasticidad a la hora de tomar decisiones respecto a los casos judiciales.

El PSOE tiene marcado en su código ético que cuando se produzca la apertura de juicio oral todo cargo del partido tiene que abandonar la militancia y el puesto de representación pública y orgánica que ocupe. Pero tampoco se lleva dicha norma hasta sus últimas consecuencias. Los socialistas gallegos afectados han optado por suspender temporalmente su militancia, pero mantener el cargo mientras son juzgados, para recuperar el carné si son absueltos. Esos son los casos de las alcaldesas de Viveiro y de O Porriño, esta última solo dio el paso atrás cuando se publicó la noticia de su imputación tiempo después de que ella conociese su situación procesal, y también hizo el mismo camino de ida y vuelta el regidor de Catoira, Alberto García, liberado de una acusación de acoso.

La raya para En Marea es la apertura de juicio oral. El edil de Compostela Aberta Jorge Duarte llegó, con su imputación por prevaricación por trato de favor, a afinar que pese a su acusación no estaba exigido a dejar el cargo al no habérsele atribuido un enriquecimiento ilícito. Su causa fue archivada.

El BNG impone la dimisión en el momento en el que se produzca una imputación por casos de corrupción. Internamente se señala que puede resultar exagerada dicha medida, «pero aplícase ata as últimas consecuencias, incluso sabendo que pode non haber caso», explican.

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