El juicio por el trucaje de cuentakilómetros podría anularse porque las escuchas no fueron válidas
18 ene 2019 . Actualizado a las 05:00 h.La historia de la operación Trucarro es la de un escándalo que fue de más a menos y que ahora puede quedar en la nada. Fue un escándalo enorme cuando hace diez años se destapó que había una presunta red que operaba en toda Galicia para manipular los cuentakilómetros de coches antes de venderlos de segunda mano. La instrucción judicial se fue apagando hasta quedar paralizada y ahora que por fin ha llegado a juicio todo el caso podría quedar anulado porque las escuchas telefónicas que permitieron abrir la investigación fueron ilegales.
¿Cuántos concesionarios fueron investigados?
Llegó a haber unos 200 y no solo en Galicia, sino también en Asturias y Castilla y León. Entre ellos, algunos de los más prestigiosos y volumen de negocio. Sin embargo, la Fiscalía solo llegó a presentar acusación contra 37. De ellos, 26 pactaron con el ministerio público antes del juicio y aceptaron penas menores e indemnizar a los afectados para esquivar el banquillo. Uno más fue absuelto en la sesión de cuestiones previas de la vista oral y ahora solo quedan diez.
¿Quiénes son los principales acusados?
El fiscal pide las penas más altas para el alemán propietario del taller de Milladoiro (Ames) en el que presuntamente se desarrolló el programa informático capaz de manipular los cuentakilómetros digitales. Johann Grimm fue el único que llegó a estar en prisión preventiva por esta causa. Tanto a él, como a sus cuatro empleados, les pedían penas que les podían suponer hasta siete años de cárcel por un delito continuado de estafa, además de cuantiosas indemnizaciones a los afectados.
¿Cuándo comenzó a diluirse el caso?
La instrucción judicial recayó en el Juzgado de Instrucción número 2 de Santiago. Primero la desarrolló el magistrado Javier Míguez y después José Antonio Vázquez Taín. Este último fue el mismo que, al mismo tiempo, investigó el caso del robo del Códice Calixtino y el del crimen de la niña Asunta Basterra a manos de sus padres, por lo que la Trucarro quedó estancada. En ese tiempo, muchos de los concesionarios implicados llegaron a acuerdos extrajudiciales con sus afectados, a los que indemnizaron a cambio de evitar que los demandasen. Cuando una década después el caso ha llegado a juicio lo ha hecho muy descafeinado. No en vano, la Fiscalía ya dijo nada más comenzar la vista que aplicaría a todos los acusados la atenuante de dilaciones indebidas, lo que rebajaría sustancialmente las penas finales.
¿Qué puede pasar tras la anulación de las escuchas telefónicas?
La decisión de la sección compostelana de la Audiencia Provincial abre dos escenarios. Que se anule todo el proceso y se absuelva a los 15 acusados, como defienden las defensas, o que la Fiscalía mantenga la acusación porque se considere que hay pruebas que no están contaminadas porque no derivan de las intervenciones ilegales de las comunicaciones. El desenlace a este fiasco judicial se conocerá hoy cuando se reanude la causa.