La familia de María José Arcos pide que se la declare fallecida 22 años después de su desaparición

Xurxo Melchor
xurxo melchor SANTIAGO / LA VOZ

GALICIA

Rosa Arcos, con una imagen de su hermana María José
Rosa Arcos, con una imagen de su hermana María José XOÁN A. SOLER

Los hermanos se ven obligados a tomar una decisión desgarradora: «Es desposeerla de lo poco que le quedaba»

08 ene 2019 . Actualizado a las 11:01 h.

Desde que María José Arcos desapareció el 15 de agosto de 1996, su familia ha luchado de forma titánica para intentar esclarecer un caso en el que todo apunta al asesinato pero que se archivó tras la detención en el 2011 del único imputado, Ramiro Villaverde, un antiguo amigo de la mujer que quedó después en libertad por falta de pruebas. Después de 22 años, por motivos legales, sus hermanos se han visto obligados a tomar una decisión que, admiten, «va en contra de todo por lo que hemos peleado». Y es que han solicitado en el juzgado la declaración de fallecimiento de María José. Un paso que, aunque advierten que no significa que se rindan, admiten que es una derrota vital y jurídica. Porque, explica Rosa Arcos, «supone desposeerla de lo poco que le quedaba, que era estar viva a efectos estadísticos».

Rosa, que ha ejercido como portavoz de la familia desde que su hermana desapareció y fue hallado su coche junto al faro de Corrubedo (Ribeira), describe como «uno de los momentos más dolorosos que hemos pasado en todos estos años» el día en el que, antes de estas Navidades, todos los hermanos tuvieron que acudir a los juzgados de Santiago para ratificarse en su solicitud de que declaren fallecida a María José Arcos. «Hemos intentado por todos los medios buscar una salida, pero no la hay, porque las leyes no nos apoyan. Nos sentimos como granitos de arena en medio del desierto», afirma.

La reciente muerte de la madre de María José, Purificación Caamaño, ha empujado a la familia a dar este amargo paso. Ella era la tutora legal de la desaparecida, por lo que su fallecimiento arrastraba a los hermanos a un laberinto judicial y administrativo al que tenían que poner punto y final. «Nos queda el triste consuelo de que la gente sepa lo que ha pasado más allá de que lo podamos demostrar con una sentencia», señala Rosa Arcos, quien en agosto del año pasado todavía reclamaba que la policía reiniciase la investigación desde cero.