Cerrada la instrucción del macrofraude de ayudas liderado por un gallego

Dávila Ouviña especuló desde Cádiz con subvenciones que suman 26 millones de euros

Dávila salió de la cárcel, tras cinco meses, al pagar 100.000 euros de fianza
Dávila salió de la cárcel, tras cinco meses, al pagar 100.000 euros de fianza

Vigo / la vozsantiago / la voz

Alejandro Manuel Dávila Ouviña comparte la doble condición de abogado y acusado. La primera, desde octubre del 2017, al jurar como letrado del Colegio Provincial de Abogados de A Coruña. La segunda se remonta al 2011, concretamente a noviembre, al ser detenido en su pueblo, A Pobra do Caramiñal (9.525 habitantes), y encarcelado -cinco meses hasta abonar 100.000 euros de fianza- bajo la acusación de idear entre Cádiz y Galicia un fraude de subvenciones valorado en 26 millones de euros que implica a tres administraciones, políticos y empresarios, algunos de renombre. Este mes, tras siete años en el Juzgado número 4 de Cádiz, concluyó la instrucción. Dávila Ouviña, a ojos de la Fiscalía y de la Unidad de Delitos Económicos y Financieros (UDEF) de la Policía Nacional, sigue siendo el gran ideólogo de semejante maraña de empresas fantasma creada sobre el papel, pero incapaz de sacar adelante los proyectos que triunfaban en concursos públicos.

La gran pregunta ahora es saber qué pasó con los 23 millones de euros entregados. La investigación aclara que parte del líquido de las subvenciones se perdió en un sinfín de operaciones bancarias de muy difícil rastro, y añade: «Se recuperó una parte, pero en fondos bancarios, cuentas, con el embargo de terrenos y otras propiedades. Lo que también está por ver es la responsabilidad civil que tendrá que abonar por todo esto». Basta decir que las últimas diligencias solicitadas por la Fiscalía intentan aclarar si el patrimonio de Dávila y de su familia política es legítimo o adquirido con fondos públicos. La tesis oficial concluye que, en el caso de los suegros, sus propiedades son anteriores a la entrega de subvenciones. Los dos Audi A3 y un Lexus que se atribuyen a Dávila sí generan suspicacias: «Son posteriores a los fondos y podrían haberse comprado con los mismos».  

Ecofloat S. L.

El bautismo de Dávila en la prensa se remonta once años y está alejado de cualquier asunto turbio. Su nombre se publicó en dos anuncios del Concello de A Pobra do Caramiñal (edición en Barbanza de La Voz de Galicia) el 16 y 17 de octubre del 2007: «Expediente de licenza municipal solicitado por Alejandro Davila Ouviña, en representación de Ecofloat Galicia S. L., para a construción dunha nave destinada a laboratorio de investigación de acuicultura, toda vez que o terreo no que se pretende a edificación merece a cualificación de solo rústico». Las pretensiones de Ecofloat coinciden con dos hechos destacados del caso: el inicio de los delitos investigados y el primer flujo de millones en subvenciones. Cinco concretamente. El Ministerio de Industria los entregó y los investigadores ya los dan por perdidos. «Con eso se financió todo lo que vino después».

El despilfarro llegó entre 2009 y 2010, coincidiendo con el tramo final del mandato de José Luis Rodríguez Zapatero en la Moncloa. Una parte de los pesos pesados de aquel ministerio acabaron salpicados judicialmente por el escándalo. Lo mismo ocurrió en la Junta de Andalucía, la Diputación de Cádiz o el PSOE andaluz. Las ayudas formaban parte del plan Reindus, ideado por Industria para reflotar la pésima situación laboral en la bahía de Cádiz. El total de fondos otorgados se disparó hasta los 21 millones, pero el dispendio fue inútil. Todo se quedó en una sucesión de proyectos teóricos que, de iniciarse, se hacían con poco personal y escasa inversión, y está por juzgarse si con demasiados comisionistas. Ya en el 2011, en plena vorágine inversora y con el dinero saltando de una cuenta bancaria a otra sin llamar la atención de nadie, Industria vuelve a conceder otros 23 millones de euros. Un jugoso caramelo que atrajo a otros muchos inversores españoles y gallegos seducidos también por el brillo de las subvenciones.  

Certificados falsos

La avaricia acabó rompiendo el saco. Una nueva solicitud de ayudas, en este caso a la Junta de Andalucía, evidenció la cruda realidad. La Agencia Idea descubrió el fraude al detectar certificados bancarios falsos -expedidos por el entonces director de la oficina de CaixaBank en A Pobra- de empresas que optaban a los fondos. Su denuncia originó el escándalo que vino después al conocerse que el plan Reindus cayó en malas manos. Un batiburrillo de políticos, decenas de empresarios y entidades que facilitaban el movimiento del dinero, según el Banco de España.

El último paseíllo de los principales acusados ante la jueza Lourdes del Río fue el mejor ejemplo del perfil variado de los investigados. Además de Dávila Ouviña, prestó declaración otra pieza clave en el entramado económico, Joaquín Arespacochaga. La acusación oficial lo sitúa gestionando las finanzas, pero siempre en presunta connivencia con Dávila. La relación de negocios entre ambos empezó bien pero acabó fatal, engañándose mutuamente y enfrentados durante la instrucción del procedimiento. Mientras, parte del dinero sigue desaparecido. Lo que sí se localizaron fueron numerosos y cuantiosos movimientos bancarios destinados a productos financieros que, en algunos casos, dieron pérdidas. El dinero salía de cuentas a nombre de empresas creadas aparentemente por Dávila para recibir subvenciones destinadas, de inicio, a crear trabajo en Cádiz.

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