Uno de los asesinos del asesino: «Esto ya se terminó, no había más que sacar»

La Voz OURENSE / LA VOZ

GALICIA

Guardia Civil

La última retirada de dinero se hizo en Ribadavia trece días después de la muerte

22 dic 2018 . Actualizado a las 20:10 h.

A Fernando Iglesias Espiño, el recluso de Pereiro cuya desaparición se detectó el pasado 13 de agosto, lunes, al no regresar de un permiso penitenciario, lo mataron el sábado día 11. Las pesquisas de la Guardia Civil indican que fue en una granja avícola del municipio de Maside, que entonces explotaba uno de los detenidos por el asesinato. Un golpe en la cabeza acabó con la vida del recluso. Llevaron luego el cadáver a una finca situada a quince kilómetros, en el municipio de Piñor, propiedad de la tía de uno de los sospechosos. Lo enterraron y, a continuación, entre los días 11 y 24 de agosto, vaciaron la cuenta bancaria donde la víctima había cobrado 26.600 euros de una herencia. Quedaban 19.450 euros. El saldo fue menguando a golpe de cajero, extracción tras extracción, hasta una última operación de 490 euros en Ribadavia. Un testigo detalló a la Guardia Civil cómo uno de los detenidos, ya con el dinero en su poder, dobló la tarjeta y la tiró. «Bueno, esto ya se terminó. No había más que sacar», dijo, según reflejan las diligencias.

La pista del dinero fue determinante para esclarecer el caso. Los detenidos trataron de hacer ver que el muerto retiraba dinero y preparaba una fuga. El coche del fallecido fue abandonado en Vigo el día 13. Adquirido pocas fechas antes, no era razonable que se desprendiera de él tan pronto. Tampoco encajó a los investigadores el tono de los últimos mensajes telefónicos, emitidos ese mismo día. Luego llegaron a la conclusión de que no los escribió él. Ya estaba muerto y enterrado en una mina, pero los autores trataban de fabricar una versión que sugiriera una fuga.

La geolocalización del teléfono móvil de la víctima coincide con la de los detenidos el sábado 11, fecha en la que se presume que lo mataron. Estuvo después apagado, y el día 13 dejó de funcionar. Las pesquisas de la Guardia Civil permitieron, en la misma línea, situar a los detenidos en los cajeros que se habían utilizado para desvalijar la cuenta bancaria de la víctima. Las imágenes de una cámara de seguridad mostraron a Óscar G. L. en una entidad de Ribadavia.

El perfil de quien durante meses tuvo la condición de desaparecido, cuando en realidad había sido asesinado y enterrado en una mina de Piñor, no encajaba con el de una persona capaz de moverse con soltura con ordenadores, aplicaciones informáticas y cajeros para mover el dinero y retirarlo. El día 11, las únicas personas a quienes se situaba en compañía del fallecido eran Francisco Javier G. H. y Óscar G. L., de 43 y 38 años, los ahora detenidos. La investigación se centró en ellos, pues en los dos casos «evidenciaban», a juicio de los investigadores, «necesidades económicas» que podían guardar relación con una desaparición que no era voluntaria.

El ahora asesinado llevaba en la prisión de Ourense desde agosto de 1996. Cumplía condena por haber matado a su esposa y a dos hijos en Las Palmas de Gran Canario. En el año 2015 empezó a disfrutar de permisos penitenciarios al haber completado las tres cuartas partes de su condena, y en octubre del 2021 hubiera saldado su deuda con la Justicia. Hombre apocado, en prisión mantuvo en todo momento un comportamiento correcto. Fue allí donde conoció a los ahora detenidos, sospechosos de matarlo.

Uno de los implicados facilitó a la Guardia Civil la localización del cadáver

La movilización de medios técnicos y humanos para la búsqueda del cadáver, una vez que las pesquisas cimentaban la tesis de la muerte violenta, se centró inicialmente en la granja que explotaba Francisco Javier G. H., aunque los trabajos no dieron fruto. Para la extensión del radio de búsqueda había algunas pistas, pero la colaboración de Óscar fue determinante. Su declaración permitió hallar el cuerpo en el lugar que había indicado, anticipando un desenlace que hubiera sido más laborioso. El dato aparece entre los doce indicios que el juez ha valorado para ordenar el ingreso en prisión de los investigados por haber matado «de forma intencionada» a su amigo.

Los teléfonos móviles de los detenidos no solo habían permitido corroborar que estuvieron en los mismos lugares donde se hicieron las extracciones de dinero, en cajeros automáticos, sino que incluso aparecen en la localidad de Senra, que es donde apareció el cadáver. Sobre la una y media de la tarde del día 11 de agosto estaban los detenidos en ese lugar. De ello se deduce que lo mataron en la misma mañana de aquel sábado, cuando comenzaba su fin de semana de permiso penitenciario y acudía Fernando desde Pereiro, como ya era habitual, a echar una mano en la granja que regentaba Francisco Javier.

Al decretar la prisión, el juez Leonardo Álvarez valora el riesgo de fuga por la falta de arraigo y la gravedad de los hechos imputados, con penas de prisión potencialmente altas. Pondera, igualmente, la posibilidad de que se cometa un nuevo delito, sin dejar de anotar que mientras permanezcan en prisión no pueden reincidir en su conducta delictiva.