Los afectados del Prestige se repartirán dos millones del fuel extraído del pecio

El Prestige era una vieja gasolinera flotante en el estuario de San Petersburgo hasta que alguien pensó que podía aprovecharse su último viaje hacia los desguaces de buques de Asia con una aciaga carga de fuel. La materia prima era barata, los restos últimos de las refinerías, y la propietaria de la carga, la desaparecida Crown Resources -que justo después del accidente cambió de nombre-, sabía que había que buscar petroleros baratos para que el transporte saliera rentable. El Prestige era el candidato ideal para las más de 77.000 toneladas de fuel que se cargaron en dos tandas, en la ciudad rusa y en Ventspils (Letonia). Después llegó el accidente, el hundimiento y un larguísimo procedimiento judicial de 16 años. Y una compleja operación para extraer 16.000 toneladas de fuel de los pecios, situados a más de 3.500 metros de profundidad, que costó más de cien millones de euros. El fuel extraído por Repsol era reciclable y, por tanto, comercializable. Así que una vez trasvasado a los tanques de la terminal petrolera de A Coruña fue vendido por algo más de 2,1 millones de euros.

El juez decretó que ese dinero debía formar parte de las indemnizaciones a los afectados. Y así fue. Se encuentra depositado en una cuenta de consignaciones del juzgado de Corcubión hasta que sea repartido con la ejecución de la sentencia, el proceso que ahora se inicia tras la ratificación de las indemnizaciones por parte del Tribunal Supremo.

Esta es la única cantidad procedente del entramado del Prestige que cobrarán los afectados. El embargo decretado en el 2005 sobre los bienes del armador no sirvió para nada. Poco antes, la operadora Universe Maritime, con sede en Atenas, vendió los cinco petroleros de su flota. La investigación sobre la fletadora de la carga también fracasó. La empresa con sede en Suiza parece que incluso cobró el seguro del cargamento de fuel.

Esta situación se explica en que los convenios internacionales limitan las responsabilidades de los actores del comercio de hidrocarburos, de forma que son los seguros y el Fondo de Internacional de Indemnización de Daños por Hidrocarburos los que deben compensar por los vertidos. Hay 22,3 millones disponibles correspondientes al límite de responsabilidad, que se calcula a partir de las toneladas de arqueo del buque y que serán repartidos a partir de ahora. Y otros 149 millones del Fidac, que están prácticamente agotados. Ante la ausencia de empresas con solvencia en el entramado del buque, la única opción para resarcir los daños es la póliza del seguro suscrita por el armador, y que asciende a 874 millones de euros, pero que está condicionada por las normas de la jurisdicción británica y por el brexit.

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