Prestige: Y ahora, ¿cómo se conseguirá el dinero?

Pablo González
PABLO GONZÁLEZ REDACCIÓN / LA VOZ

GALICIA

Oscar Vázquez

La Fiscalía celebra que se acepte que sea el juez de la Audiencia quien articule la reclamación en el Reino Unido

21 dic 2018 . Actualizado a las 17:46 h.

La sentencia del Tribunal Supremo solventa uno de los aspectos cruciales para poder reclamar en Londres los 1.000 millones de dólares (874 millones de euros) del seguro suscrito por el armador con la mutua marítima británica London P&I Club. Así, el alto tribunal estima el recurso de la Fiscalía y deberá ser el juez de la Audiencia coruñesa, y no las partes, quien formalice la ejecución de la sentencia en el Reino Unido para optar a los 1.000 millones de dólares del seguro. Es decir, se da una mayor fuerza a la ejecutoria, pues contará con un mandato judicial explícito de la jurisdicción española en el incierto camino procesal para reclamar, en el Reino Unido, el dinero del seguro.

La Fiscalía General del Estado celebró este jueves la decisión del Supremo. «La sentencia destaca que la Ley de Enjuiciamiento Criminal previene la actuación de oficio por el juez español encargado de la ejecución, por lo que es dicho juez quien debe librar lo procedente ante el Reino Unido, conforme a la normativa de ejecución del derecho comunitario», explica la Fiscalía en un comunicado. Esto implica que se favorece «la tutela de las víctimas ante los tribunales siguiendo el mandato constitucional de juzgar y hacer ejecutar lo juzgado», añaden.

En realidad, este mandato es lo único claro en el nebuloso proceso de ejecución que se abre ahora y que tendrá la jurisdicción británica como escenario principal. Deberá ser la Audiencia, en colaboración con la Fiscalía, la que articule el procedimiento, cuyo protagonismo recaerá en la Abogacía del Estado. Lo que se desconoce es si la Administración actuará como representante de todos los intereses -con fórmulas de subrogación, adelantando compensaciones, como proponen algunos abogados- o simplemente facilitará el acceso de los afectados al procedimiento.