El traspaso de la AP-9 a Galicia se hará por vía de urgencia y sin debate previo

Ciudadanos manifiesta su rechazo al traspasado del vial ante la Mesa del Congreso


vigo / la voz

La transferencia de la autopista del Atlántico a Galicia ha pasado de ser vetada en el Congreso este mismo año a entrar este martes en una vía exprés por la que Gobierno central y Xunta podrán empezar a discutir a finales de febrero o en marzo los términos y condiciones del traspaso del vial.

Los nueve miembros de la Mesa del Congreso, el órgano que dirige la Cámara Baja, aceptaron tramitar por vía de urgencia la petición de transferencia de la AP-9 a Galicia, y hacerlo además eliminando su discusión en una ponencia específica y en comisión parlamentaria después.

La Mesa, compuesta por tres diputados del PP, dos del PSOE, dos de Ciudadanos y dos de Unidos Podemos-En Marea, aceptó la propuesta de la diputada gallega Alexandra Fernández, respaldada por Bildu, para que la proposición de ley orgánica planteada por unanimidad por el Parlamento gallego sea tratada por la vía de urgencia y en lectura única, es decir directamente por el Pleno del Congreso y sin debate previo en comisión. Solo Ciudadanos votó en contra, rechazo que la semana pasada ya reflejó con su abstención a la toma en consideración de la propuesta realizada desde Galicia, al argumentar que se trata de una apuesta electoral del presidente de la Xunta y que genera desigualdad territorial.

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El Congreso vota a favor de iniciar la transferencia de la AP-9 a Galicia Los políticos gallegos confían en que la propuesta de ley salga adelante en el menor tiempo posible
  

Ocho días de plazo

Pasado el visto bueno de la Mesa del Congreso, en cuanto su decisión sea publicada por el Boletín de las Cortes comenzará un plazo de solo ocho días para que los grupos políticos presenten sus enmiendas para regular la transferencia de la AP-9 a la Xunta. Esos ocho días pueden ser prorrogados por un plazo similar, si lo pide algún grupo parlamentario y lo concede la Mesa.  

Mientras toman cuerpo las propuestas de regulación de la transferencia de la autopista, la junta de portavoces, en su próxima reunión, decidirá si se incluye en el siguiente pleno del Congreso. Dicha cita se llevará a cabo en enero si se habilita como mes activo en la Cámara Baja para el debate de los Presupuestos del Estado. De momento el Gobierno no ha hecho una petición en dicho sentido, por lo que de entrada el primer pleno en el que podría aprobarse el traspaso de la autopista a la Xunta sería el marcado para la segunda semana de febrero. De ser aprobada ahí la ley orgánica que regule el paso de la competencia a Galicia, pasará al Senado.

A partir de ese momento Xunta y Gobierno central tendrán que convenir cómo se lleva a cabo la transferencia y qué obligaciones respecto al vial seguiría manteniendo el Ministerio de Fomento a tenor de las decisiones que ha tomado respecto a la AP-9 desde que adjudicó su concesión hasta el día de hoy.

La propuesta remitida desde el Parlamento gallego señala que esas negociaciones tendrían que desarrollarse en un plazo máximo de seis meses, pero es muy probable que alguna de las enmiendas de los grupos mayoritarios planteará que no tengan limitación temporal las conversaciones entre las dos Administraciones que se realicen en la comisión mixta de transferencias. 

La eliminación de la opción del rescate de la autopista figurará en las enmiendas

Tanto PP como PSOE son partidarios de que el Congreso debata la transferencia de la AP-9 a Galicia en base a una tercera propuesta remitida por el Parlamento autonómico y que supera la que ahora tienen los diputados en sus manos, que contempla la posibilidad de que le sea retirada la concesión de la autopista a Audasa. Esa tercera propuesta, que será recogida en las enmiendas, eliminó la opción del rescate de la concesión para vencer el veto que el Gobierno de Rajoy había puesto al debate de la transferencia por considerar que tendría consecuencias presupuestarias para el Estado.

En relación con los costes de la transferencia, la Xunta reclama que el traspaso esté dotado de los fondos suficientes para hacer todas las obras comprometidas por Fomento en la AP-9 y sus conexiones y que la Administración central siga pagando los peajes de Rande y A Barcala.

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