Los gallegos no aprovechan las ayudas públicas para rehabilitación de viviendas

El 30 % de los fondos disponibles en el 2017 se quedaron sin utilizar. Sólo se uso una ínfima parte para financiar intereses de préstamos


santiago / la voz

En el primer semestre del año se rehabilitaron en Galicia tantas viviendas como nuevas unidades se construyeron. La comparativa puede asombrar y hablaría muy bien de la recuperación del patrimonio si las licencias de propiedades sin estrenar se contasen por miles cada mes, como hace un decenio, pero en realidad solo se trata de medio millar de inmuebles que se reformaron, en su mayoría para sacar provecho como alojamientos turísticos.

La recuperación de propiedades inmobiliarias se mueve todavía a un ritmo muy lento pese a que en los últimos años han ido apareciendo millonarias líneas de subvenciones públicas para particulares, para viviendas colectivas, para barrios degradados y, en genérico, para concellos con necesidades de vivienda. Es la apuesta decidida de la Xunta, que el próximo año va a destinar para los diferentes programas 36 millones de euros, un 20 % más que en los dos últimos ejercicios.

Para pulsar el conocimiento ciudadano de estas ayudas, La Voz ha contactado con estudios y firmas especialistas de A Coruña, Santiago y Pontevedra, que coinciden en el diagnóstico: las subvenciones ayudan, pero no incentivan. «Los clientes llegan muy desinformados, ya convencidos de que van a emprender el proyecto, pero nunca cuentan con que puede haber aportaciones públicas», describe un empresario, que también admite tener un dominio limitado de las posibilidades que ofrece la Administración.

La inestabilidad económica de las familias y los recelos bancarios a financiar operaciones domésticas siguen siendo los principales lastres que pueden explicar que la Xunta haya dejado sin adjudicar tres de cada diez euros que tenía previstos para ayudar a la rehabilitación. En el 2017, el último ejercicio cerrado, el presupuesto del departamento -ahora enmarcado en la Consellería de Medio Ambiente- para subvenciones era de 25,4 millones, pero solo se ejecutaron 18,1. 

Préstamos a interés cero

Menor ha sido incluso el interés por los préstamos para la rehabilitación. El Instituto Galego da Vivenda activó el año pasado una línea de financiación de créditos a particulares a través de convenios con entidades bancarias, asumiendo incluso el 100 % de los intereses, pero solo se agotaron el 11 % de los recursos que la Xunta puso a disposición de este proyecto, cuya activación fue bastante tardía (finales de junio) y con un impacto muy limitado. Este año se repitió la acción respaldada con 2,9 millones de euros, aunque se trata de fondos a los que solo tienen acceso familias con recursos económicos escasos. A falta de cerrar el ejercicio, el departamento dirigido por Ánxeles Vázquez percibe en genérico una ejecución superior de todas estas partidas.

El próximo año, de los 36 millones de euros presupuestados, nueve se destinarán a subvenciones a particulares y comunidades de vecinos para mejorar la eficiencia energética y la accesibilidad de los edificios. El otro programa estrella será el Rexurbe, dotado con 7,4 millones, para activar zonas urbanas degradadas social y arquitectónicamente.

«Algo falla, porque hay familias que quieren vender, y nosotros comprar, pero nos limitan la información»

Los promotores inmobiliarios y las empresas de construcción asisten con expectación a la reciente orientación que ha querido darle la Xunta a su política de vivienda. Les preocupa especialmente que se intente demonizar el desarrollo de nuevos suelos para centrarse en la recuperación de cascos históricos o barrios degradados, porque la demanda del público no siempre coincide con los intereses dictados desde la Administración. «Claro que apostamos por la rehabilitación, pero no es incompatible con que también haya vivienda nueva. Antes le decían a la gente que había que comprar, después que lo mejor era alquilar, y así pasamos de un extremo al otro sin alcanzar un mercado equilibrado», explica Juan José Yáñez, secretario general de Aproinco -los promotores de la provincia coruñesa-.

El representante empresarial cree que hay cierta coincidencia teórica entre la Administración autonómica y las locales de que el futuro pasa por limitar la huella urbana y recuperar lo que ya está construido, pero aprecia que algunos concellos chocan con la Xunta políticamente y utilizan esa carta como «disculpa» para bloquear el desarrollo de nuevos proyectos.

Sobre la existencia de miles de pisos vacíos -unos 300.000 en Galicia, muchos en cascos históricos-, Yáñez cree que «algo falla, porque detectamos que hay familias y herederos que quieren vender, y nosotros queremos comprar, pero ni unos ni otros sabemos lo que podemos hacer porque nos limitan la información en los departamentos de urbanismo, que solo generan demoras en las tramitaciones», lamenta. Los constructores esperan que la nueva Lei de Rehabilitación confirme ciertos márgenes a la hora de actuar en una propiedad, y esperan que las administraciones sean más inteligentes e incorporen a las empresas privadas en este tipo de operaciones para subvencionar con dinero público los arreglos. «Si nos dejasen trabajar sin tantas trabas ni si quiera serían necesarias las ayudas», sostiene Yáñez.

Las peticiones que gestionan los instaladores se agotan en cuestión de horas

Así como el dinamismo del grueso de las ayudas a la rehabilitación para particulares tiene margen de mejora, aquellas que se destinan a actuaciones concretas relacionadas con la eficiencia energética vuelan de las arcas públicas. ¿Por qué? «Porque las gestionan los propios instaladores, que están más atentos y ven una manera de activar su negocio», comenta un arquitecto experto en reformas. En este caso la gestión corre a cargo del Inega, dependiente de la Consellería de Economía, que promueve campañas para la sustitución de maquinarias de ascensor, cambio de ventanas o actuaciones en las cubiertas que mejoren la sostenibilidad de los edificios y que, seguramente, justifican la actual presencia de andamios en muchas ciudades. Las empresas captan previamente a los clientes y están pendientes al minuto de que se abra el plazo para hacer la solicitud.

El director del IGVS advierte que un 60 % de los programas tienen menos de 3 años

El director del Instituto Galego da Vivenda e Solo (IGVS) está convencido de que la apuesta por la rehabilitación y la regeneración urbana ya juegan un papel «fundamental» en las políticas de la Xunta, pero advierte que esta tendencia irá en aumento una vez se resuelva la ley que está desarrollando el Gobierno gallego y que quiere aprobar en el 2019. Sobre el impacto que generan las ayudas, también ve una línea ascendente, ya que «preto dun 60 % dos programas nesta materia teñen menos de tres anos de vixencia» y mucho recorrido por delante. Para Heriberto García Porto, la inminente normativa defiende el patrimonio construido y se convertirá en un marco «propicio» para la rehabilitación de edificios a través de normas y criterios más simples respaldadas por ayudas públicas. Y al margen del dinamismo ciudadano, pone en valor el respaldo económico que están teniendo las áreas de rehabilitación integral (ARI), que alcanza a grupos de viviendas que precisan regeneración por estar obsoletos. Llegan, dice, a un 40 % de los concellos gallegos.

«Estase facendo bastante, pero aínda queda moito»

a. martínez
Edificios en Ribeira do Berbés que rehabilitará el Consorcio Casco Vello
Edificios en Ribeira do Berbés que rehabilitará el Consorcio Casco Vello

En Vigo, el Casco Vello se encuentra inmerso desde hace años en un proceso de transformación que está sacando del abandono muchos inmuebles

El Casco Vello de Vigo se encuentra inmerso desde hace años en un proceso de transformación que está sacando del abandono muchos inmuebles. Las Administraciones cooperan en este objetivo por medio del Consorcio Casco Vello, que está participado en un 90 % por la Xunta y en un 10 % por el Concello. Hasta el momento actual, este organismo ha adquirido 80 inmuebles de la zona histórica, de los que 58 ya fueron rehabilitados y cinco están en ejecución. La iniciativa pública ha conseguido rehabilitar un total de 104 viviendas, de las que 92 fueron vendidas y otras 10 están en régimen de alquiler. Además se rehabilitaron 32 locales comerciales, de los que se vendieron 6 y 12 están ocupados en régimen de alquiler.

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