Las debilidades del sistema público de salud convierten a los sucesivos conselleiros en una diana política
15 dic 2018 . Actualizado a las 05:00 h.Dos frases para pulsar la gestión y la política sanitaria: «Si los directivos del Sergas no confían en la conselleira, ¿qué harán los pacientes?». «El PPdeG mantendrá su boicot a la comisión parlamentaria de sanidad». No hay un error de género en el cargo del responsable de la salud pública del primer entrecomillado ni un lapsus al poner como sujeto a los populares en el segundo. Son palabras textuales y un titular de prensa propiciados por Alberto Núñez Feijoo en el invierno del 2008, cuando sostenía desde la oposición que «Vigo es el epicentro de la crisis sanitaria». Entonces pedía la dimisión de María José Rubio, a la que se le habían desbocado las listas de espera y soportaba el plante de trece directivos, entre ellos algunos primeros espadas del Sergas. «No haga alarmismo», le pedía la conselleira socialista al aspirante popular.
La única diferencia entre las dos etapas de gestión posteriores a la era Fraga es que Touriño aguantó el tirón con un solo nombramiento -la economía crecía como un niño sano-, mientras que Feijoo lleva tres conselleiros en una década muy compleja para cuadrar los números. Pilar Farjas estuvo en su puesto 989 días, hasta que se fue al Gobierno central, del que salió por la puerta de atrás; Rocío Mosquera, 1.370, aunque ella misma puso el cargo a disposición mucho antes; y el actual, Jesús Vázquez Almuíña, lleva 1.166. A los tres les han pedido la dimisión reiteradamente: a Farjas, por el «escándalo» de las oposiciones; a Mosquera, por no saber vender como es debido el «hospital público de Vigo», que es como la Xunta presenta el Álvaro Cunqueiro en un lugar estelar de su web, a pesar de haber pasado tres años desde su inauguración. Ahora está en la unidad de quemados Vázquez Almuíña, al que el presidente defiende porque cree que ha sabido desenmascarar a los que lo acusaban de haber privatizado el sistema de salud.
Todas estas crisis coincidieron siempre en los meses de frío, con la recurrente imagen de las urgencias colapsadas por la gripe, que este año aún no ha hecho su tenaz trabajo poniendo las urgencias al límite. La oposición preparó un otoño caliente que el Gobierno supo cauterizar en el ámbito político, pero no contaban con el significativo hartazgo de los profesionales. «¡Facemos o que podemos!». Ha sido el último diagnóstico de Feijoo horas después de vacunarse.
El Parlamento impide que la oposición utilice una sala para la «contracomisión» de sanidad
En la denominada sala F del Parlamento gallego, que en su día albergó la comisión de investigación de las cajas de ahorros, es en la que pusieron sus ojos los grupos de la oposición para celebrar las sesiones de la «contracomisión» sobre el deterioro de la sanidad gallega, un órgano creado al margen de las normas de la Cámara y que funcionaría en paralelo a la comisión de investigación oficial para escuchar a invitados a los que pueda vetar el PP.
Pero hay un obstáculo para esta comisión bis. Desde la presidencia del Parlamento han prohibido que la oposición pueda utilizar esa sala -una de las cuatro que hay en O Hórreo para albergar comisiones-, tras remarcar que su obligación es velar «polo respecto da institución e a formalidade do funcionamento dos seus órganos», aspectos que no se cumplen cediendo el uso de una sala para una comisión que «pretende suplantar -señalan desde la presidencia- o papel dunha comisión legalmente constituída».
El presidente del Parlamento, Miguel Santalices, no coarta el derecho de los grupos políticos a invitar a quienes quieran y hacer las sesiones de trabajo que deseen, pero recuerda que todas las formaciones «teñen asignados espazos propios» en los que ya pueden celebrar «libremente» sus reuniones.
La reacción de la oposición no se hizo esperar. Desde En Marea, Antón Sánchez acusó al PP de «poñerlle unha mordaza» al Parlamento. Julio Torrado (PSdeG) habló de actitud «indecente» del PP y advirtió que la reunión «vaise celebrar si ou si». Desde el BNG, Ana Pontón dijo que la negativa a usar una sala es de «extrema gravidade» y valora recurrirla ante el Constitucional.