El Congreso aprueba casi por unanimidad que Galicia pueda asumir por fin la AP-9

Ciudadanos no apoyó transferirla por estimar que es parte «de la campaña electoral de Feijoo»

El Congreso vota hoy a favor de iniciar la transferencia de la AP-9 a Galicia La notable subida que sufrirán otra vez los peajes de la AP-9 sobrevuela esta tarde la sesión que se celebrará en el Congreso de los Diputados para decidir si acepta tramitar la petición unánime del Parlamento gallego de transferir a la Xunta la titularidad de la autopista del Atlántico, ahora en manos de Fomento

vigo / la voz

La Xunta podría convertirse en poco menos de dos meses en administrador de la autopista del Atlántico. Pero para ello sería preciso que la Mesa del Congreso admita la tramitación directa y en lectura única del proyecto de ley que ayer se acordó por petición del Parlamento de Galicia para que la AP-9 pase a ser competencia de la comunidad gallega. Unidos Podemos-En Marea, apoyados por Bildu, formalizaron la petición de que la ley de transferencia del vial ya no pase por comisión ni por ponencias, y se diriman en el pleno de la Cámara Baja las posibles enmiendas. El BNG, autor de la iniciativa, pidió incluso a través de Ana Pontón que ningún grupo presente ninguna acotación.

Martín Fernández Prado fue el encargado de defender los argumentos del PPdeG
Martín Fernández Prado fue el encargado de defender los argumentos del PPdeG

La Mesa del Congreso puede por tanto dictaminar esta misma semana si admite la petición de urgencia y, si da su visto bueno, incluirla en el último pleno antes del parón de Navidad o dejarlo para el nuevo período de sesiones de febrero, o de enero si se habilita como hábil ese mes para debatir los Presupuestos Generales del Estado para el 2019.

Aunque existe la posibilidad de acelerar el traspaso, todo apunta a que el proyecto de ley seguirá sin embargo una cadencia más larga, al requerir ya ayer el PP un «debate sosegado» y enmarcar el PSOE las negociaciones de la transferencia de la AP-9 en la discusión general que el Ministerio de Fomento pretende abrir sobre el modelo que debería adoptar el país para financiar el mantenimiento de su red viaria. Si la tramitación de la petición de traspaso sigue la vía habitual, difícilmente podría resolverse antes de seis meses, con la amenaza además de que tenga que iniciarse de nuevo todo el proceso si se convocan elecciones generales anticipadas. En ese caso, desde el Congreso advierten que hasta podría requerirse un nuevo acuerdo de la Cámara gallega instando a la transferencia del vial.

En todo caso, de momento el primer paso quedó ayer dado, al recibir el apoyo de todo el arco político del Congreso, a excepción del de Ciudadanos, que optaron por la abstención. Mientras, PP, PSOE, En Marea y hasta el BNG (desde los pasillos del hemiciclo al quedar fuera de los turnos de defensa de la iniciativa acordados en el Parlamento gallego) reclamaron sus respectivas cuotas de protagonismo en la aprobación de la petición de traspaso de la AP-9.

El popular Celso Delgado y su compañero Martín Fernández pusieron en valor la mayoría absoluta del PP y el respaldo de sus parlamentarios a la propuesta tratada en el Congreso. Y el cambio de postura, del veto a dicho debate con el Gobierno de Rajoy a reclamar ahora la transferencia en la misma Cámara, fue explicado por la reciente cesión al País Vasco de la AP-1. «Los gallegos no pueden tener un trato diferente». Eso sí, en la refriega por el rendimiento político del debate Delgado recordó la «operación ruinosa» que experimentarán las subidas de los peajes de un 1 % acumulativo cada año hasta el 2038 para compensar a Audasa por las obras en Rande y Santiago. 

Paternidad de la petición

Los socialistas Guillermo Meijón y Luis Manuel Álvarez reclamaron para Emilio Pérez Touriño la originalidad de la petición del traspaso, para Pedro Sánchez el levantamiento del veto al debate ayer realizado en el Congreso y a Aznar le achacaron la prolongación de la concesión en 25 años.

Y los portavoces de En Marea Antón Sánchez y Antón Gómez Reino acusaron a populares y socialistas de conceder «favores políticos a Audasa», permitir «el escándalo de la subida de los peajes en el doble que en el resto del Estado» o «posibilitar el robo diario de la concesionaria».

Los calificativos se sucedieron por parte de todos a la hora de condenar el precio de los peajes de la AP-9 y sus últimas subidas, que todos también dan por descontado que tendrán más control si la autopista pasa a manos de la Xunta. Solo En Marea y el BNG advirtieron que el texto ahora aprobado avala la posibilidad de rescatar la concesión de la autopista para hacerla pública y gratuita. El PSOE recordó en cambio que dicha posibilidad ya fue descartada por el Parlamento gallego en acuerdos posteriores que pidieron que se añada a la tramitación de traspaso que ahora arranca.

Ciudadanos justificó su abstención por entender que la AP-9 conecta con Portugal, aunque la que lo hace es la autovía A-55. Su diputado Fernando Navarro Fernández advirtió del posible gasto del rescate con dinero público. «Pero las posibles cargas futuras, al Estado: esto es glorioso», concluyó, no sin antes mantener que ese posible rescate, que cifró en 554 millones, «es en realidad la campaña electoral de Feijoo». «No nos pidan a nosotros que se la paguemos», zanjó. El PP le reprochó no estar en sintonía con Galicia con su abstención frente a la petición unánime de todos los partidos con representación autonómica.

La foto que evidencia la ruptura de En Marea en el Congreso

Fran Balado
Rodríguez, Fernán Vello, Díaz y Gómez Reino aplauden desde tres filas más adelante que Fernández
Rodríguez, Fernán Vello, Díaz y Gómez Reino aplauden desde tres filas más adelante que Fernández

Antón Gómez-Reino bajó a la tribuna para defender la postura de su grupo

La división entre los diputados de En Marea volvió a quedar ayer en evidencia en el debate de la toma en consideración de la transferencia de la AP-9 a Galicia. Los protagonistas del último choque fueron Antón Gómez-Reino, de Podemos, y Alexandra Fernández, de Anova. La disputa: a quién le correspondía bajar a la tribuna para defender la postura de su grupo.

Finalmente, el encargado fue el nuevo secretario xeral de Podemos Galicia, pero no se decidió hasta última hora y tras un tira y afloja entre las dos partes, que se sentían legitimadas para ser el altavoz del grupo.

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