Las víctimas del Alvia recurren para que se amplíen a otros dos cargos las imputaciones

El auto que da por cerrada la instrucción solo sienta en el banquillo al exdirector de Seguridad en la Circulación del ADIF Andrés Cortabitarte y al maquinista


redacción / la voz

La representación legal de la plataforma de víctimas del Alvia ha interpuesto un recurso de reforma -no de apelación ante la Audiencia Provincial de A Coruña- contra el auto que da por cerrada la instrucción del caso Alvia. El principal motivo del recurso es que creen que no se puede dar por terminada la investigación judicial sin que figuren como investigados el exdirector de Seguridad en la Circulación de Renfe Antonio Lanchares ni el responsable de seguridad del ADIF en la zona noroeste, Fernando Rebón. Ambos, de acuerdo con la argumentación del abogado de los afectados, Manuel Alonso Ferrezuelo, deberían sentarse en el banquillo junto con el exdirector de Seguridad en la Circulación del ADIF Andrés Cortabitarte y el maquinista del Alvia, Francisco José Garzón Amo.

En el caso de Lanchares, considera que las pruebas practicadas, lejos de justificar la desimputación, aconsejan mantenerla. Especialmente el informe solicitado por el juez a la Agencia Europea del Ferrocarril, donde se responsabiliza tanto al ADIF como a Renfe de las «múltiples deficiencias» de seguridad en la línea de alta velocidad Santiago-Ourense. De hecho, recuerdan que el informe asume que la tarea de evaluación de riesgos «no era una competencia exclusiva del ADIF, sino compartida por la operadora ferroviaria», que podría incluso oponerse a la emisión del certificado de seguridad.

Desconexión

El letrado que representa a las víctimas cree que el cargo de Renfe debe seguir como investigado en la fase final de la instrucción, no solo por la evaluación de riesgos, sino por la decisión de desconectar el ERTMS embarcado en el Alvia, un cambio significativo que obligaba a un análisis de riesgos previo.

Respecto a Fernando Rebón, la acusación que ejerce la plataforma de víctimas sostiene que, como responsable de zona de la seguridad, debería haber supervisado o al menos revisado «que se hubiese cumplido la normativa respecto al alta de una nueva línea en su demarcación territorial».

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