«Recibieron de la AP-9 un servicio con insuficiente fluidez y seguridad»

La Fiscalía demanda a Audasa por el cobro íntegro del peaje en Rande pese a las obras


redacción / la voz

Que se admita la demanda contra Audasa y se dicte sentencia que declare la nulidad, por considerarla abusiva, de la práctica consistente «en cobrar íntegramente el peaje de la autopista en todo caso, sin moderar o eliminar su importe cuando no se está prestando el servicio en condiciones suficientemente satisfactorias de fluidez y seguridad del tráfico». Y que se condene a Audasa a cesar en esa práctica «y a abstenerse de utilizarla en lo sucesivo en cualquier autopista que gestione en España». Ese es el núcleo de la demanda colectiva que la Fiscalía de Pontevedra ha presentado en el Juzgado de lo Mercantil contra Audasa en defensa de los consumidores por el cobro íntegro del peaje en la AP-9 en Rande durante tres años en un tramo que estaba en obras y en el que se redujeron los carriles y la velocidad.

Asegura la Fiscalía que las obras «afectaron de forma relevante y constante a la fluidez del tráfico de la autopista». Eran trabajos que se estaban ejecutando en el tramo de la AP-9 entre los kilómetros 145,180 y 151,080 (enlace de Cangas-enlace de Teis), incluido el puente de Rande. En esos tres años, «el tráfico se vio permanentemente afectado en el tramo del puente de Rande» debido a que la reducción del número de carriles y de límites de velocidad, así como las sucesivas tareas de ejecución de las obras, implicaron que «la fluidez de la circulación disminuyera, siendo preciso emplear más tiempo del habitual para recorrer la misma distancia de autopista».

La Fiscalía indica que «todos los vehículos que circularon por ese tramo en esas fechas se vieron afectados, en cuanto recibieron un servicio de la autopista con insuficientes condiciones de fluidez y seguridad». Añade la demanda que esas circunstancias «favorecieron la aparición de embotellamientos y retenciones, que se sucedieron de forma constante y cotidiana».

Además, subió el peaje

La Fiscalía señala que, pese a todos esos problemas, la empresa concesionaria de la AP-9 «no solo ha mantenido el cobro íntegro del peaje en todo momento», sino que lo incrementó a partir del 1 de enero del 2018, tras una inauguración de las obras que se realizó dos días antes, el 30 de diciembre del 2017, aunque con posterioridad a esa fecha «continuaron realizándose trabajos similares en la calzada», advierte el Ministerio Fiscal, que recuerda que en esos tres años se produjeron, según datos de Audasa, «unos 77 millones de tránsitos y la recaudación por peajes correspondiente a vehículos ligeros ascendió a 90 millones de euros».

Devolver el dinero cobrado

Como no se sabe cuántos consumidores están afectados, la Fiscalía pide la extensión de la sentencia «a todos los usuarios que se pudieran encontrar en la misma situación» y que se condene a Audasa a devolver los importes cobrados en el tramo de Rande entre el 27 de febrero del 2015 y el 1 de junio del 2018.

«Cuando hay atasco, el cobro del peaje supone un incremento del retraso acumulado»

La Fiscalía indica que el pago del peaje en una autopista se hace «a cambio de una prestación, que es el uso en perfectas condiciones de fluidez, velocidad y seguridad de una vía de alta capacidad». Por eso ve abusivo que durante las obras se hiciese «el cobro del mismo peaje que cuando la autopista funciona de modo normal», pese a tenerse «completa constancia de que no se puede prestar el servicio en tales condiciones, y sin que sea por causa fortuita, de fuerza mayor o por razones de seguridad, sino por causa de una actividad planificada de obras de larga ejecución».

Advierte que, «cuando existe un atasco en la autopista, el mantenimiento del cobro del peaje supone un notable incremento del retraso ya acumulado, dada la necesidad de efectuar individualmente el cobro a los vehículos acumulados». Y recuerda que en otras modalidades de transporte, en las que el tiempo de desplazamiento es un parámetro fundamental, los retrasos «son objeto de restitución o indemnización», como sucede en trenes, aviones, barcos y autobuses. En la demanda se pide que en el plazo de un mes Audasa remita al juzgado «un criterio de eliminación del precio del peaje en los casos de insuficiente fluidez del tráfico».

Respecto a la devolución del dinero, la Fiscalía indica que se haría directamente a los usuarios que hayan pagado con tarjeta de crédito o Via T, y a los que pagaron en efectivo que acrediten que usaron ese tramo en esas fechas.

También pide que indemnice a los usuarios que acrediten haber estado en uno de los atascos causados por las obras «o en cualquier otro que implicase retenciones superiores a diez minutos».

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