El ADIF carga contra un ex alto cargo crítico por no avisar en su momento de los riesgos de Angrois

Jorge Iglesias envió un escrito a la comisión de investigación del Congreso asegurando que existían alternativas para proteger mejor la curva de Angrois que no se utilizaron


Redacción

En un momento de especial dificultad para la empresa pública, con uno de sus ex altos cargos, Andrés Cortabitarte, imputado en el cierre de la instrucción judicial por la gestión de la seguridad en Angrois, el ADIF salió ayer por primera vez al paso de las acusaciones vertidas en la comisión de investigación del Alvia en el Congreso. En concreto, respondió al escrito del director del Laboratorio de Interoperabilidad Ferroviaria del Centro de Estudios y Experimentación de Obras Públicas del Ministerio de Fomento (Cedex), Jorge Iglesias Díaz, que tumba la principal línea de defensa del ADIF sobre por qué se dejó sin protección la curva de Angrois. En ese escrito, que probablemente forzará su comparecencia en el Congreso, aseguraba que había al menos tres alternativas técnicas dentro de las reglas de ingeniería del ADIF para aumentar la protección ante el brusco descenso de velocidad, de 200 a 80 por hora, antes de la curva de Angrois.

El ADIF, en su comunicado, rechaza las manifestaciones de Iglesias Díaz, «afirmaciones que no realizó durante la fase de obra y pruebas de la línea Ourense-Santiago, lo que hubiera sido deseable en el ejercicio de sus funciones como director de Coordinación Técnica del ADIF», cargo para el que fue nombrado en febrero del 2011, casi un año antes de la inauguración de la línea. De hecho, según el administrador ferroviario, su función principal era la coordinación técnica de la puesta en servicio de esta línea. «Todas las funciones del señor Iglesias en este cargo estaban relacionadas con la coordinación de todas las técnicas y las pruebas del sistema ERTMS de cara a la puesta en servicio de la línea. Iglesias tenía la responsabilidad de conducir, por parte del ADIF, el proceso de pruebas y puesta en servicio, lo que le permitía haber planteado otro diseño o, al menos, haber alertado sobre riesgos que, cinco años después del trágico accidente, ahora percibe con claridad», se asegura en el comunicado, que se envió a los medios el viernes pasado, pero que no llegó por un fallo técnico.

El hecho de que en su momento Jorge Iglesias no alertara de las posibles consecuencias implica, según el ADIF, «que no era en ningún modo previsible que se produjese un accidente como consecuencia del diseño de la transición entre los sistemas ERTMS y ASFA», antes de la curva de Angrois.

En el grupo de trabajo en el que Iglesias figuraba como coordinador, «no se puso de manifiesto ninguna incidencia relacionada con la ubicación de dicha transición por ninguna de las partes participantes en el proceso de construcción, pruebas y puesta en servicio. Además, dicha transición era idéntica a otras programadas en la red ferroviaria española», añaden. El ADIF rechaza «con total rotundidad» que directivos de la entidad hayan mentido en sus comparecencias parlamentarias, «tal y como supuestamente insinúa el señor Iglesias». Y reitera que las decisiones adoptadas «cumplieron con todos los preceptos normativos y de seguridad analizados y consensuados por el sector».

Comisión de investigación

En este contexto complejo, con un cierre de instrucción que cuestiona la gestión de la seguridad del ADIF, con enfrentamientos abiertos entre distintos departamentos de Fomento, hoy toca el turno en la comisión de investigación del accidente de que comparezcan dos expresidentes del ADIF. Por un lado, Antonio González Marín, que inauguró la línea junto al entonces ministro de Fomento, José Blanco. Aunque le precederá en el turno Gonzalo Ferre, presidente del administrador cuando ocurrió el accidente. También declararán el ex secretario general de Infraestructuras Manuel Niño y Carlos Juárez, responsable de las infraestructuras ferroviarias con Blanco.

Las víctimas piden el cese de Cortabitarte y Fomento recuerda que aún no se abrió juicio

La plataforma de víctimas del Alvia anunció ayer en un comunicado que recurrirá el auto de cierre de la instrucción por entender que existen «responsabilidades penales de Renfe, ya que tenía constancia por escrito de un aviso de un jefe de maquinistas sobre la peligrosidad de la curva de Angrois y, sin embargo, no actuó en consecuencia, tal y como obliga la directiva de seguridad ferroviaria 2004/49». Además, reclaman el cese inmediato de Andrés Cortabitarte y el de los miembros de la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios (CIAF), pues su investigación queda «invalidada» con las conclusiones de la instrucción judicial, que deja claro que no existió una evaluación de riesgos que podría haber evitado el accidente. El ministro de Fomento, José Luis Ábalos, se comprometió a cesarlo si se abría juicio oral contra él, pero aún habrá que esperar al resultado de los previsibles recursos ante la Audiencia de A Coruña, según recordaron ayer fuentes de Fomento.

Mientras que el PP y el PSOE mostraron su respeto por las decisiones judiciales, el viceportavoz parlamentario de En Marea, Antón Sánchez, dijo que las responsabilidades «van máis alá» del maquinista y el alto cargo del ADIF. La portavoz nacional del BNG, Ana Pontón, consideró «acelerado e decepcionante» el cierre de la instrucción.

La instrucción del caso Alvia se salda con 80 delitos de homicidio por imprudencia grave

Pablo González

Acuerda el sobreseimiento para el exdirector de Seguridad en la Circulación de Renfe y otro cargo territorial del ADIF, así como para los tres técnicos de la empresa pública de ingeniería Ineco

El juez del caso Alvia ha dado el segundo carpetazo a la instrucción del accidente ferroviario de Santiago. Si en el primero la perspectiva era ir a juicio con el maquinista como único imputado -algo que impidió la Audiencia Provincial de A Coruña-, esta vez Francisco José Garzón Amo estaría acompañado en el banquillo por Andrés Cortabitarte, el que era director de Seguridad en la Circulación del ADIF cuando se puso en servicio la línea de alta velocidad Ourense-Santiago. Les imputa a ambos 80 delitos de homicidio por imprudencia grave profesional, así como 144 delitos de lesiones. Las partes pueden ahora recurrir el auto, elaborar sus escritos de acusación o solicitar diligencias complementarias, para lo que tienen un plazo de diez días.

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