La dirección sospecha que se hayan querido manipular las votaciones
02 dic 2018 . Actualizado a las 10:06 h.La dirección de En Marea denunció ante la Agencia Española de Protección de Datos la brecha de seguridad sufrida en el fichero de datos personales de la organización entre la noche del domingo y el martes, período en el que se sospecha que alguien obtuvo las contraseñas y no solo accedió a los ficheros, sino que también bloqueó el acceso a la persona legalmente autorizada, Gonzalo Rodríguez. El responsable del censo, que forma parte de la dirección, explicó ayer públicamente los motivos por los que los hechos fueron denunciados ante el comité de garantías, que tomó la decisión de paralizar el proceso de votaciones para la renovación del consello das mareas a la espera de que los resultados de dos auditorías aclaren lo ocurrido. Y no solo eso: En Marea no descarta emprender acciones legales en base al artículo 197 del Código Penal, que hace referencia a delitos informáticos.
Gonzalo Rodríguez subrayó que, de demostrarse esas sospechas, se habría incurrido en delitos tan graves como la vulneración de datos personales e ideológicos, además de que se pudiese haber querido manipular los votos de los 4.495 inscritos. Y si bien no lanzó sus sospechas contra nadie en particular, sí dijo que fueron personas del comité electoral las que presuntamente accedieron al fichero: «A comisión de garantías entendeu que neste momento o censo -e o censo forma parte da súa competencia- non ofrecía garantías suficientes dun proceso transparente en igualdade de condicións. Entendeu isto así porque se verificou que persoas do comité electoral accederon, sen permiso e en contra das indicacións deste responsable dos datos de En Marea diante da Axencia Española de Protección de Datos, a datos fundamentais de especial protección, como son aqueles que figuran nos ficheiros ideolóxicos». Y añadió: «Accedeuse a ese censo sen autorización e con engano, con claves que bloquearon o acceso a este responsable».
Diálogo de sordos
Rodríguez compareció tras una agitada noche en la que discutió lo ocurrido con el comité electoral, que frente al comité de garantías cree que el proceso de votaciones debería seguir adelante, además de arrogarse como órgano competente para hacerlo. Gonzalo Rodríguez lo negó: «O comité electoral resolve sobre as candidaturas e sobre o proceso», mientras que el de garantías es el responsable del censo en el que se detectaron las supuestas irregularidades. Y subrayó que En Marea es una organización con democracia interna en la que existen «contrapoderes» y con mecanismos «para resolver estas diferenzas». A mayores, puntualizó que el propio comité electoral no negó los hechos, sino que «non dou resposta». «Non o rexeita, só se erixe na única autoridade en En Marea. Significa ir en contra da separación de poderes».
En el rostro de Rodríguez se adivinaba una noche en vela. A esa sucesión de acontecimientos achacó que de nueve a once algunos inscritos -entre ellos la diputada Luca Chao- pudiesen votar. Entonces dio instrucciones de que se paralizase el proceso, siguiendo lo acordado por el comité de garantías. Pero subrayó que, una vez aclarado lo ocurrido, cuando se pueda retomar «con garantías» el proceso electoral, esas personas podrán votar de nuevo y «manter» o «cambiar» el sentido de su voto. Espera que sea en breve, ya que calculan tener, a mediados de esta semana, los resultados de las auditorías.
El comité electoral, por su parte, insiste en que es el único órgano competente para administrar el proceso electoral y lamenta que se haya activado el sistema telemático facilitando que a primera hora pudiesen votar «numerosas persoas» para luego paralizarlo sin haber sido consultado ni advertido. Aseguran sus miembros que la noche anterior habían revisado el procedimiento en compañía de Gonzalo Rodríguez «sen que se detectase alteración ou irregularidade algunha», por lo que el comité se declara «alleo a calquera responsabilidade na suspensión do procedemento», dice en un escrito.
Bruzos dice que el comité electoral es democrático y el de garantías funciona de manera irregular
La candidatura encabezada por David Bruzos compareció también en la mañana de ayer rodeada de un nutrido grupo de simpatizantes del sector crítico. Lo hizo para reafirmarse en su convencimiento de que las competencias para paralizar o no las elecciones son del comité electoral y no del de garantías. El cabeza de lista lamentó una vez más la escasa información que les llegaba después de que a primera hora de la mañana se pudiese emitir el voto y dos horas después se paralizase. A su entender, debe ser el comité electoral, «como órgano competente», el que determine si se puede seguir votando. «O que queremos é que os inscritos poidan exercer o seu dereito ao voto».
Bruzos negó que su candidatura tenga control alguno sobre el comité electoral y defendió su independencia «porque foi elixido democraticamente». En cambio, cuestionó el proceder y la legitimidad del de garantías, porque solo tiene tres de los cinco miembros que figuran en los estatutos, por eso cree que «está actuando de forma irregular».
Añadió que había hablado con Villares: «Fíxonos unha proposta, pero eu díxenlle o mesmo que estamos dicindo aquí, que imos acatar o que diga o órgano con competencias». También cuestionó la imparcialidad de Villares, porque, además de ser candidato, es el portavoz de la actual coordinadora.
El comité electoral fue nombrado en el plenario tras hacerse el sector crítico con el control de la asamblea, y de trece miembros, diez son afines a los críticos.
Dos llamadas sin acuerdo
La candidatura de Villares, por su parte, emitió un comunicado en el que dice que, en dos ocasiones, se dirigieron a la lista encabezada por David Bruzos para «superar as deficiencias sinaladas pola comisión coa maior brevidade posible, así como transmitir conxuntamente unha mensaxe interna e externa de diálogo e tranquilidade na resolución» del conflicto. Añade, sobre la segunda llamada, de madrugada: «A única resposta que recibimos da outra candidatura foi que esta se referenciaba na decisión do comité electoral de continuar, sen responder á nosa proposta de achegas de solucións aos problemas de garantías nas votacións sinalados pola comisión de garantías de En Marea».
La lista de Villares dice que insistirá en el diálogo «pensando nos coidados internos e no ben común da cidadanía».
Aseguran que un informático facilitó las claves a las personas del comité electoral
En la denuncia remitida a la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD), Gonzalo Rodríguez narra que el lunes 26 tuvo conocimiento de que «personas indeterminadas, pertenecientes al comité electoral de En Marea, [...] accedieron a la plataforma Medrando» (fichero de datos personales de las personas afiliadas) mediante claves de acceso solicitadas, el día 24 de noviembre, al técnico contratado por En Marea. Añade que fue «con total desconocimiento» por su parte y que esa situación se alargó durante dos días en los que, además, se le bloqueó «el acceso a la parte de la base de datos relativa al DNI y las comprobaciones de verificación de inscripciones».
Como resultado de esas presuntas irregularidades, «la brecha de seguridad afectó potencialmente a datos personales, incluida la ficha que contiene escaneado el DNI de los interesados, de 4.495 personas que en este momento constituyen el censo de personas inscritas del partido político En Marea». Como consecuencias del posible acceso indebido, señala «el duplicado de contraseñas de los inscritos y, por lo tanto, la manipulación del voto emitido», «la obtención y tráfico del conjunto de datos personales de la totalidad de las personas inscritas en En Marea» y la posible realización de «nuevas inscripciones fuera de plazo». Y todo ello teniendo en cuenta que «el acceso indebido se produce una semana antes de la celebración de las elecciones».
La coordinadora pide diálogo
Pasadas unas horas del sorprendente vuelco en el proceso electoral, la coordinadora de En Marea publicó un comunicado en el que se compromete a cumplir con su responsabilidad para que los hechos se aclaren cuanto antes para que se puedan renovar los órganos de dirección de En Marea «con plenas garantías». Entre esas gestiones figuran las que dependen de su «autoridade» para restaurar «coa maior brevidade a regularidade censal». Por ello se tomaron dos medidas: la denuncia ante la Agencia Española de Protección de Datos y la realización de una doble auditoría, interna y externa.
La coordinadora, es decir, la dirección que lidera Villares, insta en ese escrito a las dos candidaturas a dialogar para «solucionar de común acordo o resto dos defectos do proceso de votación apuntados pola propia comisión de garantías», y se basa para ello en que esos fallos o errores denunciados «non foron contraditos nin rebatidos polo comité electoral en ningunha das súas resolucións».